#Columna

Por Alexandro Vázquez Loyo

Echando mano del clásico y desgastado «ni los veo, ni los oigo», la gobernadora Rocío Nahle hace oídos sordos al clamor ciudadano y médico que exige la destitución inmediata de Roberto Ramos Alor como coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz. Frente al deterioro de los servicios de salud en el estado, la postura oficial no ha sido la autocrítica ni la corrección, sino el blindaje político.

El origen de la alianza

La complicidad política entre ambos no es casual ni reciente. Roberto Ramos Alor -médico, exsecretario de Salud en el sexenio de Cuitláhuac García, diputado federal por Coatzacoalcos en 2024 y actual titular del IMSS-Bienestar en la entidad- ha sido señalado consistentemente como uno de los perfiles más cercanos a la mandataria. Ambos comparten trinchera desde los tiempos del PRD y la consolidación inicial de Morena en el sur del estado.

La historia de lealtad mutua está bien documentada:

• El hito fundador (2017): Ramos Alor fue cesado como director del Hospital Regional de Coatzacoalcos «Dr. Valentín Gómez Farías» tras acompañar a Nahle —entonces diputada federal— en un pronunciamiento público contra Emilio Lozoya. Aquel cese, calificado por él como un «linchamiento político» contra la izquierda, selló un compromiso de acompañamiento incondicional.
• El respaldo en el bastión (2024): Rocío Nahle lo reconoció públicamente como un cuadro histórico imprescindible del movimiento en Coatzacoalcos (su principal bastión político) e impulsó de forma decidida su candidatura a la diputación federal.
• El premio institucional (2025): Ya en el Palacio de Gobierno, la mandataria ratificó su influencia al respaldar su llegada a la coordinación del IMSS-Bienestar estatal en mayo de 2025.

¿Por qué el blindaje incondicional?

Tras la reciente indignación generada por el video en el que Ramos Alor espetó a médicos residentes que exigían insumos básicos un soberbio «si no quieren operar, no operen», las exigencias de renuncia no se hicieron esperar. Sin embargo, la respuesta de Nahle fue el respaldo explícito.

Si bien la gobernadora catalogó las declaraciones de su funcionario como «desafortunadas», rechazó categóricamente solicitar su dimisión. En su lugar, optó por la defensa de su idoneidad operativa.

Este amparo político choca de frente con el expediente del funcionario, marcado por señalamientos de desabasto, medicamentos caducados y severas deficiencias desde su gestión en la pandemia. La explicación a este respaldo inamovible no radica en la eficiencia administrativa, sino en la lealtad partidista y en su papel operativo dentro de la estructura territorial del gobierno estatal.

El costo político de la lealtad

El caso Ramos Alor expone un estilo de gobernar donde la lealtad personal y de facción se antepone a la capacidad técnica y al bien común -un rasgo recurrente en la narrativa de la Cuarta Transformación-. Sin embargo, este cálculo tiene un costo real y directo sobre la credibilidad del sector salud y de la propia administración estatal.

Si el desabasto y la precariedad hospitalaria no se resuelven a la brevedad, el descontento no se diluirá. Por el contrario, cada manifestación y cada nueva polémica de Ramos Alor se convertirá en un lastre acumulativo para el gobierno de Nahle, con una factura política muy alta de cara a los próximos procesos electorales. La obstinación en mantenerlo pone en evidencia la tensión permanente entre el control político interno y la legitimidad frente a la ciudadanía.

El llamado ciudadano: ¡Renuncia, Ramos Alor!

El diagnóstico de la sociedad veracruzana es contundente: el sistema de salud en la entidad ha tocado fondo y la pérdida de confianza en el titular del IMSS-Bienestar es irreversible. Mantener en el cargo a un funcionario cuya gestión ha quedado marcada por la incompetencia no solo colapsa los hospitales de Veracruz; constituye, en sí misma, una forma de corrupción que atenta contra el derecho fundamental a la salud de las y los veracruzanos.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, lanzó una dura crítica desde la tribuna contra el delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, exigiendo su cese inmediato. El reclamo surge tras la difusión de un video en redes sociales donde el funcionario confronta y amenaza a una médica residente que solicitaba herramientas e insumos quirúrgicos básicos.

Exijo que corran al SIMIO del IMSS Bienestar por negar cirugías: pic.twitter.com/sKlU9u2WN0

— Lilly Téllez (@LillyTellez) September 14, 2026

Denuncia por opresión y negligencia
En su intervención, la legisladora calificó los hechos registrados en Veracruz como una clara muestra de opresión hacia los profesionales sanitarios y criticó severamente la falta de empatía del funcionario federal, a quien se refirió con fuertes descalificativos.

«Las familias mexicanas acaban de ver a un simio al frente del IMSS-Bienestar en Veracruz […] fue grabado cuando regañaba a una médico residente que estaba pidiendo herramientas para poder hacer una cirugía», denunció Téllez desde la tribuna.

La senadora panista detalló las acciones de Ramos Alor que quedaron evidenciadas en la grabación, subrayando la gravedad de la situación:

Cancelación de cirugías: Acusó que el director ordenó a la doctora «no operar, sencillamente», provocando retrasos de hasta 10 días en intervenciones quirúrgicas.

Intimidación profesional: Señaló que el funcionario amenazó a la médica con evaluarla de manera negativa para afectar su carrera como represalia.

Problema sistemático: Afirmó que estas prácticas reflejan la postura de otros directores del IMSS-Bienestar en el país, quienes amenazan a médicos por exigir medicamentos e insumos.

Rechazo a disculpas y exigencia de renuncia
Aunque Roberto Ramos Alor ofreció una disculpa pública tras viralizarse el altercado, la senadora la rechazó categóricamente. Téllez argumentó que el arrepentimiento no es sincero y que ocurrió únicamente porque el funcionario «fue cachado en video».

Finalmente, Téllez hizo un llamado a proteger a los médicos valientes que defienden la salud de sus pacientes y exigió consecuencias severas. Pidió que Ramos Alor sea «corrido» de su cargo en el sector salud y que también abandone su puesto como legislador del partido Morena, al cual calificó de «narcopartido» que solo ha llevado al IMSS-Bienestar «enfermedad, muerte, retraso y falta de dinero».

Xalapa, Ver.- El reconocido periodista y ganador de cuatro Premios Nacionales de Periodismo, Edgar Hernández, autor de la columna Línea Caliente, se ha visto obligado a abandonar de manera preventiva el estado de Veracruz junto con su familia. El desplazamiento ocurre tras recibir severas amenazas de muerte e intimidaciones directas a su teléfono, derivadas de su labor profesional.

El origen de las amenazas
De acuerdo con el reporte documentado por la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz (ACOVER), el acoso contra el comunicador y su núcleo familiar comenzó la noche del pasado 5 de septiembre de 2026.

El detonante: Las intimidaciones iniciaron horas después de que Línea Caliente difundiera información e imágenes relacionadas con el fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar.

Gravedad institucional: La organización gremial denunció que uno de los mensajes de advertencia fue enviado desde un número telefónico presuntamente vinculado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, por lo que han exigido un esclarecimiento inmediato.

Escalamiento de violencia y acciones legales
Las amenazas recientes se enmarcan en un clima de violencia previa contra el periodista. Semanas atrás, su domicilio en Xalapa fue allanado por sujetos desconocidos que sustrajeron equipos de cómputo con archivos de investigación, un vehículo, objetos de valor y dinero en efectivo.

Ante el nulo avance de las autoridades locales, el 7 de septiembre Hernández se trasladó a la Ciudad de México para tomar medidas a nivel federal:

Protección Federal: Solicitó su ingreso al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB.

Denuncia Penal: Amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), aportando como pruebas las grabaciones de las llamadas intimidatorias para que se inicie la evaluación de riesgo correspondiente.

Exigencia del gremio periodístico
La ACOVER emitió un pronunciamiento contundente en el que exige a la Fiscalía estatal desahogar las investigaciones y procesar a los responsables. Asimismo, pidieron al Poder Ejecutivo garantizar el libre ejercicio del periodismo en la entidad.

«La libertad de expresión y el ejercicio periodístico no pueden estar sujetos a amenazas ni intimidaciones. Reorganizamos nuestro respaldo absoluto a Edgar Hernández y hacemos un llamado a las autoridades para actuar con prontitud y responsabilidad.»
— Junta Directiva de la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz (ACOVER A.C.)

Edgar Hernández, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria periodística, es un destacado analista político y autor de libros sobre gobernanza pública. Recientemente, su trabajo se había centrado en el análisis de la función pública estatal y las dinámicas políticas regionales.