#Columna

Por Alexandro Vazquez Loyo

En medio del escándalo que ha sacudido las esferas del poder en México por el llamado caso Taddei, hay otras historias que parecen haber quedado relegadas del debate público, pese a la gravedad de los señalamientos que las rodean.

Durante la última semana, el caso Taddei ha generado cuestionamientos que alcanzan incluso a organismos electorales locales, como el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. Entre los nombres que han aparecido en la información periodística se encuentra el de Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del organismo, quien, de acuerdo con esos reportes, figura en el Registro Público de Comercio como apoderado de Cajas Graf, empresa señalada en investigaciones relacionadas con contratos electorales.

También se ha mencionado a Jesús Octavio García González, originario de Poza Rica, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), tras ser designado por Guadalupe Taddei. De acuerdo con los señalamientos difundidos, García González habría sido representante legal de empresas proveedoras de material electoral, entre ellas Cajas Graf y Corporativo ZEG, vinculadas presuntamente con la familia Hernández Casillas/Rocha.

A este panorama se suma Claudia Iveth Meza Ripoll, una de las finalistas para ocupar una consejería en el Consejo General del OPLE Veracruz. Su nombre ha sido relacionado públicamente con José Alfredo Hernández Casillas (Picacho 259), lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades. Su eventual designación, según la información señalada, permanece a la espera de una resolución del INE.

Sin embargo, mientras el debate se concentra en el caso Taddei, vale la pena plantear otras preguntas: ¿qué ha pasado con Amílcar Olán?, ¿qué ha pasado con Roberto Ramos Alor? y ¿qué se ha aclarado sobre “El Tanque” y los presuntos vínculos que se le atribuyen con personas cercanas al poder en Veracruz?.

Porque la exigencia de transparencia no puede aplicarse selectivamente. Si queremos conocer la verdad, debemos exigir explicaciones en todos los casos.

AMÍLCAR OLÁN: LOS NEGOCIOS MILLONARIOS Y LA SOMBRA DE DOS BOCAS

Las investigaciones y los señalamientos relacionados con Amílcar Olán han puesto bajo la lupa presuntos negocios millonarios en el sector público, particularmente en materia de salud y en proyectos vinculados con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Entre las empresas presuntamente relacionadas con Olán que habrían recibido contratos en el sector salud tabasqueño se encuentran Grupo AR, por aproximadamente 15 millones de pesos, y Vicorca, por alrededor de 20 millones. Los señalamientos apuntan a contratos otorgados durante la gestión de Alejandro Antonio Calderón Alipi, secretario de Salud de Tabasco.

Pero las cifras mencionadas en este caso van mucho más allá.

40 mil millones de pesos: ¿Quiénes deben dar explicaciones?

De acuerdo con información difundida sobre el caso y con lo expresado por el propio empresario en grabaciones atribuidas a él, Olán habría participado en operaciones de negocios por aproximadamente 40 mil millones de pesos. De esa cantidad, unos 22 mil millones corresponderían a operaciones relacionadas con la refinería de Dos Bocas.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría identificado movimientos por alrededor de 1,400 millones de pesos vinculados con Suiza. Estas cifras plantean interrogantes sobre el origen y destino de los recursos, los beneficiarios finales y las empresas que habrían intervenido en las operaciones.

En este contexto, los cuestionamientos alcanzan a Rocío Nahle, quien encabezó la Secretaría de Energía durante la construcción de Dos Bocas, así como a Leonardo Cornejo, responsable del proyecto.

¿Es razonable pensar que operaciones de semejante magnitud pudieron desarrollarse sin que los principales funcionarios responsables de la obra tuvieran conocimiento de ellas? La pregunta es legítima y merece una respuesta sustentada en documentos, investigaciones y hechos verificables.

No se trata de emitir condenas anticipadas ni de atribuir responsabilidades sin pruebas. Se trata de exigir que las autoridades investiguen a fondo, transparenten la información y expliquen cómo se adjudicaron los contratos, quiénes se beneficiaron y si existieron irregularidades.

Porque cuando se habla de miles de millones de pesos vinculados con proyectos públicos, el silencio no sustituye a la rendición de cuentas.

RAMOS ALOR: ¿Y EL CONFLICTO DE INTERESES EN SESVER?

Otro caso que parece haber perdido presencia en la conversación pública es el de Roberto Ramos Alor, actual coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz y exsecretario de Salud estatal.

Una investigación de la periodista Claudia Guerrero Martínez señaló presuntos vínculos entre empresas beneficiadas durante su gestión y personas de su entorno familiar, entre ellas su sobrina, Sofía del Carmen Martínez.

Entre las razones sociales mencionadas se encuentran Biomedic Advance Osteosynthesis, S.A. de C.V., e Ingeniería, Consultoría y Construcciones ALCAR, S.A. de C.V. Sobre esta última, los señalamientos indican que factura servicios de mantenimiento de aires acondicionados y que sería operada por Roberto Ramos Alor Rodríguez, hijo del coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz.

De confirmarse los hechos descritos, estaríamos ante circunstancias que ameritarían un escrutinio riguroso para determinar si existieron conflictos de interés, contratos irregulares o beneficios indebidos.

La pregunta es inevitable: ¿Qué han hecho las autoridades para esclarecer estos señalamientos?

Mientras tanto, Ramos Alor continúa desempeñándose en su cargo. Y aquí es donde la ciudadanía tiene derecho a cuestionar: ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones?, ¿se descartaron las posibles irregularidades?, ¿existe alguna explicación pública y documentada?

La función pública no debería convertirse en un espacio de impunidad ni en un refugio frente a los cuestionamientos periodísticos. Quien ocupa un cargo de responsabilidad debe estar dispuesto a rendir cuentas, especialmente cuando existen señalamientos que involucran recursos públicos y posibles conflictos de interés.

“EL TANQUE”: LOS PRESUNTOS VÍNCULOS QUE SIGUEN SIN ACLARARSE

El caso de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, también merece atención. La acusación penal que enfrenta ante la justicia estadounidense ha puesto sobre la mesa presuntos nexos con el crimen organizado y posibles conexiones con personas del entorno empresarial vinculado a contratos de infraestructura durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la acusación, un gran jurado federal del Distrito de Columbia formuló cargos contra Cazarín Molina, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los delitos que se le atribuyen figuran una presunta conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a su ingreso ilegal a Estados Unidos, así como delitos relacionados con armas de fuego.

No obstante, más allá de los cargos que deberá resolver la justicia, existe otro señalamiento que ha generado inquietud en el ámbito político veracruzano: el supuesto vínculo entre “El Tanque” y José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora Rocío Nahle.

Se ha afirmado públicamente que Peña Peña habría figurado en la nómina del presunto narcotraficante. Sin embargo, este señalamiento requiere pruebas verificables y una explicación clara por parte de las personas involucradas y de las autoridades competentes.

Hasta ahora, la exigencia ciudadana sigue siendo la misma: ¿existió alguna relación entre ambos?, ¿se conocían?, ¿hay documentos que respalden las versiones sobre una presunta relación económica?

No basta con que una acusación circule en medios de comunicación o redes sociales. Por la gravedad de lo que se afirma, es indispensable que existan elementos verificables y que las autoridades esclarezcan los hechos.

Precisamente por eso, el silencio no ayuda a disipar las dudas. Cuando los señalamientos alcanzan al entorno familiar de quien gobierna Veracruz, la transparencia debe ser aún mayor.

Al final, hay una pregunta que atraviesa todos estos casos:

¿por qué algunos escándalos ocupan los titulares durante días, mientras otros parecen desaparecer de la conversación pública sin que se conozcan conclusiones definitivas?

La ciudadanía veracruzana está cansada de la opacidad. Está cansada de ver cómo Roberto Ramos Alor continúa en su cargo mientras persisten cuestionamientos sobre su gestión y su entorno familiar. Está cansada de escuchar que hacen falta más pruebas o que se presenten denuncias, sin que eso se traduzca en investigaciones transparentes y resultados que puedan conocerse públicamente.

También está cansada de que los señalamientos relacionados con Amílcar Olán y sus presuntos negocios sigan generando preguntas sobre posibles responsabilidades políticas sin que se expliquen de manera suficiente los alcances de las investigaciones.

Y, sobre todo, está en su derecho de exigir que la gobernadora Rocío Nahle aclare las dudas sobre el supuesto vínculo entre su esposo y “El Tanque”, si existió alguna relación entre ellos y si hay elementos que sustenten las versiones sobre una presunta relación económica.

No se trata de condenar a nadie por anticipado ni de dar por ciertos señalamientos que deben probarse. Se trata de exigir algo elemental en una democracia: transparencia, investigaciones imparciales y rendición de cuentas, sin importar quién esté involucrado.

Porque la exigencia de pruebas debe ser la misma para todos. La presunción de inocencia debe respetarse en todos los casos. Y la obligación de investigar también debe aplicarse sin distinciones políticas.

El caso Taddei NO debe servir como cortina de humo para olvidar otros asuntos de interés público. Tampoco los escándalos anteriores deben utilizarse para desviar la atención de las nuevas denuncias.

Veracruz merece respuestas. México merece saber la verdad. Y ningún personaje político, por poderoso que sea, debería estar exento de rendir cuentas.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

#Columna

26/10/2026.

Mtro. Benjamín Pazos Rincón. 

Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com.

El informe “Costo del tráfico: La factura invisible de la congestión”, elaborado por el IMCO y Dat’s Why (2026), analiza el impacto económico y social de la congestión vehicular en 44 zonas metropolitanas de México (incluyendo a Xalapa en el lugar número 26), cuantificando las pérdidas anuales en 203.3 mil millones de pesos. El estudio revela que el transporte público concentra una mayor proporción de las horas perdidas a pesar de trasladar a un menor porcentaje de pasajeros en comparación con los vehículos privados. Asimismo, se destaca que las grandes urbes, encabezadas por la Ciudad de México, concentran la mayor parte de este costo de oportunidad. Para mitigar esta problemática, la investigación propone estrategias de movilidad que incluyen la sostenibilidad financiera, la modernización tecnológica y la optimización de los recursos públicos. 

Figura 1.

¿Qué propuestas de política sugiere el IMCO para reducir la congestión vehicular?

De acuerdo con el análisis del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), se plantean seis propuestas de política pública para reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad urbana en México:

1. Fortalecer la sostenibilidad financiera del transporte público: establecer tarifas técnicas que transparenten el costo real de prestar el servicio y lo distingan de la tarifa pagada por el usuario. Esto permite determinar explícitamente qué proporción del costo se cubre con tarifas y cuál requiere subsidios públicos, garantizando financiamiento para operación, mantenimiento y renovación de flota. 
2. Enfocar presupuestos y subsidios según la demanda: dirigir los recursos y subsidios de movilidad hacia aquellas modalidades que transportan a un mayor número de pasajeros.
3. Profesionalizar la operación del transporte público: fomentar la transición hacia empresas formalizadas bajo contratos de servicio con estándares claros y evaluación basada en el desempeño.
4. Acelerar la modernización tecnológica y energética: incorporar sistemas digitales de control y monitoreo, ofrecer información en tiempo real a los usuarios y promover vehículos más eficientes o de bajas emisiones.
5. Generar información específica para medir la accesibilidad: recopilar y sistematizar datos periódicos sobre patrones de viaje, tiempos de traslado y desempeño del servicio para orientar la planificación urbana.
6. Incorporar el costo de la congestión en el uso del espacio vial: implementar programas piloto de cobro por congestión en zonas y horarios saturados, acompañados de políticas de estacionamiento que reflejen el valor del espacio vial. Los recursos recaudados deben destinarse directamente a mejorar las opciones de movilidad en las zonas intervenidas.

¿Cómo se calcula el costo per cápita?

El cálculo del costo per cápita de la congestión mide la intensidad económica del tiempo perdido por cada persona que se desplaza. Se determina mediante el siguiente proceso metodológico:

• Identificación de la población en movimiento: con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, se determina la población que se traslada por trabajo o estudio, clasificándola en Población Económicamente Activa (PEA) y menores de 15 años, diferenciando entre usuarios de transporte público (TP) y de vehículo privado (VP).

• Cálculo de horas perdidas exclusivamente por tráfico: utilizando mediciones de tráfico de Dat’s Why, se compara la velocidad de circulación real frente a la velocidad en condiciones de flujo libre para obtener las horas adicionales perdidas en congestión.

• Asignación del valor económico al tiempo:

• PEA: se estima el ingreso por hora a partir de la ENIGH, tomando la mediana del ingreso mensual de un trabajador de tiempo completo y dividiéndola entre 176 horas laborales al mes (22 días a 8 horas diarias).
• Menores de 15 años: se utiliza como referencia el gasto de los hogares en educación y esparcimiento.

• Costo total del tráfico: se multiplica el total de horas anuales perdidas por la congestión por el valor económico de cada hora.

• Ponderación per cápita: se divide el costo económico acumulado de cada modalidad entre el número de usuarios en movimiento correspondientes.

¿Cuáles son las ciudades con mayor costo per cápita?

De acuerdo con el estudio el promedio nacional en las grandes ciudades mexicanas es de $5,645 pesos anuales por persona perdidos en la congestión vehicular.

Hallazgos relevantes del estudio sobre este indicador:

• Ciudades medianas y turísticas con alta carga económica: mientras que el costo total depende de la escala poblacional, el costo per cápita muestra la intensidad del problema que vive cada individuo. Por ello, metrópolis medianas o turísticas como Puerto Vallarta (2.º lugar per cápita, 16.º en costo total) o Los Cabos (6.º lugar per cápita, 24.º en costo total) destacan entre los primeros lugares debido a severos niveles de saturación vial e índices de congestión elevados.
• 4 de las 10 metrópolis principales tienen menos de 1 millón de habitantes en movimiento, lo que confirma que la congestión no es exclusiva de las megapoblaciones.

¿Cuántas horas se pierden en el tráfico al año?

En promedio, en las 44 zonas metropolitanas analizadas en el estudio, una persona pierde 111 horas al año exclusivamente debido a la congestión vehicular. El impacto varía según el medio de transporte utilizado:

• Usuarios de transporte público: pierden en promedio 140 horas al año en el tráfico. Aunque representan el 40% de las personas en movimiento, concentran el 57% de todas las horas perdidas debido al tráfico.
• Usuarios de vehículo privado: pierden en promedio 94 horas al año en el tráfico. Representan el 60% de las personas en movimiento y concentran el 43% de las horas perdidas.

En las ciudades con mayor congestión, el impacto es mucho más severo; por ejemplo, en la Ciudad de México se pierden en promedio 211 horas al año por persona en el tráfico (equivalente a 8,8 días completos).

Sugerencia de análisis para la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz.

Para el caso específico de Xalapa de acuerdo con el informe, define a la capital veracruzana con un costo total de 1.63 mil millones de pesos, un promedio de 135 horas perdidas al año por persona y un índice de congestión de 1.49 (Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], & Dat’s Why., 2026); se propone profundizar en el impacto negativo de las obras públicas mal planeadas y la intervención desordenada de la infraestructura vial.   Un análisis focalizado para Xalapa debería evaluar los siguientes ejes:

• El costo de la obra pública sin planeación metropolitana: evaluar cómo los cierres viales prolongados, la ejecución simultánea de obras sin rutas alternas eficientes y la ausencia de estudios de impacto vial agravan la velocidad de flujo libre, incrementando las horas de pérdida económica para la Población Económicamente Activa (PEA).

• Infraestructura y movilidad urbana estrangulada: contrastar la topografía y el diseño vial de Xalapa con la alta dependencia del transporte público y el crecimiento del parque vehicular, analizando cómo el deterioro de la velocidad comercial en arterias clave (como Lázaro Cárdenas o Xalapa 2000) multiplica el costo per cápita de sus habitantes.

• Propuestas de mitigación local: adaptar las recomendaciones del IMCO al contexto xalapeño, exigiendo transparencia en la ejecución presupuestal de obras, priorizando carriles confinados para el transporte colectivo y estableciendo una coordinación metropolitana real con municipios conurbados como Banderilla, Coatepec y Tlalnelhuayocan.

Reflexiones finales.

La congestión vehicular representa mucho más que una simple molestia cotidiana; constituye un grave costo de oportunidad económico y social que drena la productividad del país y deteriora la calidad de vida de millones de ciudadanos. Como se observa en el análisis de las 44 zonas metropolitanas, las horas perdidas en el tráfico (que promedian 111 horas anuales por persona a nivel nacional, y escalan dramáticamente en usuarios de transporte público, 140 horas) traducen el tiempo de descanso, estudio o convivencia familiar en una factura invisible de miles de millones de pesos. Esta ineficiencia sistémica castiga con mayor dureza a quienes se desplazan en transporte colectivo, evidenciando que la falta de planeación urbana, la saturación del espacio vial y la deficiencia en los sistemas de transporte masivo perpetúan un círculo vicioso de la desigualdad y pérdida de competitividad urbana.

Trabajos citados

Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], & Dat’s Why. (2026). Costo del tráfico: La factura invisible de la congestión. CDMX: IMCO. Obtenido de www.imco.com

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

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Por Alexandro Vázquez Loyo

La irrupción de la inteligencia artificial en la sátira política mexicana ha encontrado en la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, uno de sus blancos más punzantes. En el reality show animado «La Casa de los Mañosos», la mandataria no solo comparte residencia ficticia en el Castillo de Chapultepec con la cúpula de la 4T, sino que sintetiza la narrativa central del programa: la ostentación patrimonial, las polémicas de bienes raíces y la búsqueda del «fuero vitalicio» para eludir la rendición de cuentas. Lo que comenzó como una parodia digital se ha transformado en un pulso nacional sobre la libertad de expresión tras los intentos del partido oficialista por censurarla.

Lo que comenzó como un fenómeno viral en redes sociales escaló con rapidez a la televisión abierta a través de la señal de TV Azteca, desatando un conflicto institucional que pone a prueba los límites de la libertad de expresión y la tolerancia democrática al humor político en México.

Entre la ficción digital y el blindaje institucional

El concepto del programa es, en esencia, una disección cáustica del poder contemporáneo. Mediante la recreación hiperrealista de voces e imágenes por IA, figuras prominentes de la autodenominada Cuarta Transformación (la 4T) -como Andrés Manuel López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco y la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle- conviven en una residencia ficticia emplazada inicialmente en el Castillo de Chapultepec.

Sin embargo, el giro narrativo más punzante de la sátira radica en su objetivo: los participantes no compiten por un premio económico, sino por un «fuero vitalicio» e inmunidad absoluta para evadir la justicia o la acción de agencias internacionales. En el caso específico de Rocío Nahle, la narrativa del programa explota con agudeza las polémicas reales asociadas a su gestión y patrimonio, desde la adquisición de propiedades de alta gama en zonas exclusivas de Veracruz hasta cuestionamientos sobre el huachicol fiscal, convirtiendo la pantalla en un espejo incómodo que la clase política gobernante prefiere no mirar.

El choque institucional: El INE, TV Azteca y la línea de la censura

El conflicto jurídico estalló cuando la dirigencia nacional de Morena interpuso una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), exigiendo medidas cautelares para retirar la transmisión del programa bajo el argumento de que constituía una campaña de calumnias y desprestigio sistemático. La respuesta no se hizo esperar: desde los espacios informativos de TV Azteca, conductores como Javier Alatorre señalaron al partido oficialista de intentar imponer un manto de censura y convertir al árbitro electoral en una «policía de la opinión».

En su resolución, el INE determinó desechar la queja de Morena, amparándose en la protección constitucional de la libertad de expresión y el derecho inalienable a la sátira política. No obstante, la postura de la propia televisora exhibió una compleja danza legal: a pesar de transmitir el contenido en canales como Azteca UNO y ADN40 y de defenderlo en sus editoriales informativos, Grupo Salinas se deslindó formalmente de la producción de las animaciones, advirtiendo acciones legales contra plataformas externas que presentaran el show como un producto original de su parrilla.

Sátira bajo asedio: La sombra de la «Ley Antimemes»

Este episodio no ocurre en el vacío. La controversia se enmarca en un clima de creciente tensión legislativa marcado por la discusión y aprobación en el Congreso de reformas orientadas a regular el uso no autorizado de la identidad gráfica institucional —bautizada en el debate público como la «Ley Antimemes». Para los creadores del proyecto y diversas organizaciones de la sociedad civil, tipificar o penalizar la parodia y la crítica digital con sanciones severas representa una amenaza directa contra el ecosistema crítico de la democracia mexicana.

Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) han encendido alertas recurrentes ante estos intentos de acotar la libre circulación de contenidos críticos.

La Casa de los Mañosos trasciende el anecdotario de la cultura pop digital; es un síntoma de la salud democrática de un país donde el humor y la tecnología se han convertido en contrapesos frente al discurso oficial. Cuando el poder político recurre a las instancias electorales y legislativas para silenciar la caricatura, el mensaje implícito es un síntoma de fragilidad institucional. Al final, la risa ciudadana y la sátira política no buscan destruir instituciones, sino recordarles a quienes las ocupan que la rendición de cuentas también se ejerce desde el ingenio y el ácido reflejo de la pantalla.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.