Durante las diligencias judiciales celebradas en agosto de 2026, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Juan Pérez Moral, alcalde del municipio de San Juan Tianguismanalco, Puebla.

La Fiscalía General del Estado investiga al funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una trabajadora al interior de la propia Presidencia Municipal.

Conflicto político por el relevo institucional

La situación legal del servidor público desató un complejo escenario administrativo cuando su suplente legal asumió el cargo vacante. La designación recayó directamente en Édgar Pérez Rosas, hijo del imputado, quien rindió protesta formal ante el cabildo tras haber sido registrado en la misma fórmula electoral que postularon los partidos Morena y PT durante los comicios de 2024.

Esta sucesión familiar generó severas críticas entre diversos sectores sociales y fuerzas políticas de la entidad. Los ciudadanos recriminaron la falta de mecanismos éticos inmediatos para impedir que un familiar directo ocupe el máximo cargo municipal bajo circunstancias de índole penal tan graves. La controversia escaló rápidamente en la opinión pública estatal.

Postura de los partidos políticos y revisión legal

Ante las críticas generalizadas, las dirigencias de los partidos involucrados fijaron posicionamientos públicos sobre el mecanismo de sustitución. Un representante partidista ante el órgano electoral reconoció que integrar al hijo como suplente constituyó una falla grave, aunque justificó que la legislación local vigente permitía dicho registro en las planillas municipales.

Asimismo, las autoridades partidistas prometieron implementar filtros de selección más rigurosos en futuros procesos electorales para evitar casos similares. Mientras tanto, el nuevo alcalde enfrenta el reto de administrar el municipio bajo el escrutinio constante de la ciudadanía y de las instancias fiscalizadoras del estado de Puebla.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la escuela militarizada “Ignacio Zaragoza”, ubicada en Puebla capital, por la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por el uso indebido de uniformes y insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, informó sobre la acción legal a través de un video difundido en redes sociales. El funcionario explicó que la dependencia recibió múltiples alertas respecto a irregularidades dentro del plantel poblano, las cuales podrían estar vulnerando la normativa vigente.

Compromiso con la legalidad y los derechos humanos

El representante legal de la SEP fundamentó la denuncia en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la obligación de los servidores públicos de notificar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de la posible comisión de un delito.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de velar por la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de la niñez y juventud estudiantil. Corresponderá a las autoridades ministeriales deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes a quienes resulten responsables.

La legisladora Nayeli Salvatori Bojalil anunció que se asume como “diputada independiente” dentro de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, en tanto concluye el proceso interno que enfrenta ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Salvatori Bojalil explicó que esta determinación deriva de las medidas cautelares dictadas por la CNHJ, las cuales incluyeron la suspensión temporal de sus derechos partidistas. Debido a esta sanción precautoria, la congresista no cuenta actualmente con voz ni voto dentro de la bancada mayoritaria de Morena en el Congreso local.

“Por el momento, con la suspensión temporal de mis derechos partidistas, no formo parte de la bancada de Morena en la LXII Legislatura”, precisó la legisladora.

Esperará sanción definitiva para tomar una decisión formal

La representante popular aclaró que esperará el fallo final del proceso sancionador iniciado en su contra para formalizar su estatus político de manera definitiva.

De acuerdo con sus declaraciones, del dictamen que emita la CNHJ dependerá si se reincorpora plenamente a la fracción parlamentaria del partido guinda o si formaliza su declaración como diputada independiente ante el Pleno del Congreso de Puebla.