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Amenazan libertades de culto y de expresión
#Columna
Primero los hechos.
¿Seguramente todos los seguidores del Itinerario Político se enteraron de las agresiones, amenazas de muerte y hasta parodias contra el obispo de Aguascalientes?
¿Seguramente se enteraron, de igual manera, de las amenazas de muerte contra el periodista tabasqueño, Audelino Macario?
Lo cierto es que, sin embargo, nadie con dos dedos de frente, dejó pasar las amenazas y las ofensas contra sacerdotes y periodistas, como las descritas líneas arriba.
Y por eso, debemos acudir a las preguntas de rigor.
¿Qué significa que, de manera simultánea, en medios y en redes proliferen expresiones de odio y censura no sólo contra ministros de culto católico, sino contra periodistas críticos?
¿Por qué razón hoy, cuando el mundo empieza a cuestionar a los dictatoriales gobiernos de Morena, aparecen tales expresiones de censura y represión?
¿Por qué cuando los populismos latinoamericanos han sido derrotados y cuando el mundo entero repudia a las dictaduras como la del Partido Morena en México, ocurren tales agresiones a la libre expresión y al culto libre?
Lo cierto es que asistimos a la reedición de intolerables momentos dictatoriales en la historia de México; momentos como la persecución religiosa y la censura a los críticos, desde lo más alto del poder.
Y por eso debemos empezar por el principio; debemos empezar por un ejercicio memorioso elemental.
Como todos saben, la llamada Carta Magna –conocida coloquialmente como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos–, les garantiza a los ciudadanos de nuestro país el ejercicio pleno de libertades fundamentales, como las “de culto” y “de expresión”.
Lo anterior quiere decir que todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de profesar el culto o la religión de nuestra preferencia, al tiempo que tenemos la garantía de expresar las ideas que le plazcan a cada ciudadano, siempre y cuando se cumplan con la reglamentación elemental que establece la propia Carta Magna.
Sin embargo, y como no había ocurrido en décadas, en el México de la farsante “4-T”, proliferan mafias que se han dado a la tarea de amedrentar a sacerdotes católicos y de amenazar a periodistas que suelen ser críticos de la dictadura mexicana en turno.
Pero vamos por partes.
Resulta que, en días pasados, más de uno de los locuaces usuarios de redes han amenazado de muerte a sacerdotes como el obispo católico de Aguascalientes.
En efecto, desde el 17 de septiembre pasado, tanto en el estado de Hidalgo, como en Aguascalientes, han sido amenazados de muerte dos sacerdotes católicos.
El caso más escandaloso es el del obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza, por cuya vida ofreció una “recompensa” un delirante usuario de redes llamado José Lápiz, quien después del escándalo mediático corrió a decir que le habían inventado tal amenaza mediante Inteligencia Artificial.
Lo cierto es que no sólo existen amenazas en redes, sino videos en donde el obispo hidrocálido es amenazado de manera directa por sicarios de un cártel criminal solapado por el gobierno federal.
Pero el escándalo no termina en eso.
Resulta que el reconocido periodista tabasqueño, de nombre Audelino Macario, de nueva cuenta fue amenazado de muerte por revelar las raterías de los gobiernos de Morena.
Y no es la primera ocasión que Audelino Macario es víctima de amenazas e intimidación abierta, a causa de su trabajo de investigación sobre las corruptelas de los gobiernos de Morena.
Al final de cuentas queda claro que en México han sido canceladas libertades como la “libertad de culto” y “la libertad de expresión”.
Sí, les guste o no a los fanáticos de Morena, vivimos en una dictadura.
Al tiempo.
ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN
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Protestar les dio el poder; hoy apalean queja del IMSS
#Columna
EN SOLIDARIDAD CON MÉDICOS Y TRABAJADORES DEL IMSS Y DEL ISSSTE
Seguramente muchos recuerdan que los fundadores del Partido Morena se convirtieron en líderes opositores gracias a una agresiva estrategia de protesta callejera.
¿Quién, por ejemplo, no recuerda los plantones de López Obrador en las principales calles de la capital del país?
¿Quién no recuerda los éxodos criminales desde Tabasco al entonces DF, que llegó a costar vidas?
¿Quién no recuerda los bloqueos en el Zócalo capitalino y en las principales plazas de todo el país?
Sin embargo, los mismos que llegaron al poder gracias a la protesta callejera; los mismos que exigían respeto al reclamo callejero, hoy apalean a quienes protestan por la incompetencia de gobierno federal.
Sí, por instrucción de Claudia Sheinbaum, fueron apaleados miles de trabajadores del IMSS –médicos, enfermeras y especialistas de salud–, que salieron a la calle para exigir los básicos para un servicio de salud aceptable; medicamentos indispensables, instalaciones eficientes, médicos suficientes y un salario digno.
Y es que la crisis del sistema de salud ya alcanzó a todo el país; tanto a nivel federal –el IMSS, y el ISSSTE–, como los servicios estatales, que enfrentan una crisis de desabasto y abandono que llegó al límite, mientras que desde Palacio todo se quiere resolver con mentiras y más mentiras.
Sí, les guste o no a los fanáticos del “#NarcoPartidoMorena”, lo cierto es que los gobiernos emanados del partido oficial no sólo son incompetentes y criminales, sino incongruentes.
Incompetentes porque en los últimos ocho años –en el sexenio de AMLO y en lo que va de Claudia Sheinbaum–, no sólo llevaron a la ruina el sistema de salud pública, sino que se robaron miles de millones de pesos del presupuesto destinado a la atención médica.
Criminales porque como resultado de la ruina del sistema de salud, también en los últimos ocho años han perdido la vida millones de mexicanos que no recibieron la atención adecuada, los medicamentos indispensables y el servicio urgente para salvar sus vidas.
Miles de esos mexicanos eran niños menores de edad que padecen cáncer, mientras que otros miles de recién nacidos están en permanente peligro de muerte a causa del abandono de los hospitales que se han convertido en verdaderas amenazas de muerte
Y son incongruentes porque a pesar de que llegaron al poder gracias a la protesta callejera, los gobiernos de Morena –tanto federal, como estatales y municipales–, se han convertido en una máquina de represión de la protesta, como no se había visto en México desde los años 60 del siglo pasado, cuando el poder estaba en manos de criminales como Díaz Ordaz y Echeverría.
Hoy, tanto el poder federal y no pocos gobiernos estatales y municipales están en manos de irresponsables “morenistas” que mienten, simulan y engañan sobre la realidad del sistema de salud; un sistema colapsado y que el pasado fin de semana llevó a miles de trabajadores a las calles –en la CDMX y en una decena de entidades–, en lo que ya es la mayor protesta en décadas.
¿Y cuál fue la respuesta de la presidenta, las gobernadoras y los gobernadores? Respondieron con mentiras, simulación y, sobre todo, con la brutalidad de la represión.
Y es que, por ejemplo, las señoras Claudia Sheinbaum y Rocio Nahle, negaron la crisis del sistema de salud y anunciaron recorridos por clínicas y hospitales, en los que de manera presurosa se preparan montajes que dejan ver anaqueles repletos de supuestos medicamentos, mientas que en las calles los médicos y en general los trabajadores de la salud son apaleados por el grupo represivo, otrora conocido como “granaderos”.
La presidenta llegó al extremo ridículo de asegurar que el desabasto de medicamentos “es culpa de los algoritmos” de las redes sociales, al tiempo que fueron desplegados grupos de choque –encapuchados–, que el pasado fin de semana fueron llevados a los puntos de protesta en la Ciudad de México y en otras entidades para apalear y dispersar a los manifestantes.
Sin embargo, existe otra complicidad imperdonable y que está a la vista de todos. Sí, igual que ocurrió en los años 60 del siglo pasado, los medios de comunicación –prensa, radio y televisión–, ocultaron lo más posible el reclamo de los trabajadores de la salud.
Por ejemplo, el único periódico de circulación nacional que el pasado sábado 10 de octubre tituló como noticia principal la protesta de los médicos y enfermeras del IMSS y el ISSSTE fue El Sol de México. El resto relegaron el tema, mientras que en radio y televisión apenas y se dieron menciones menores.
Sí, parece que en Palacio y en Palenque han decidido jugar con fuego y parece que se quieren convertir en la versión moderna de gorilas represores como Gustavo Días Ordaz y Luis Echeverría.
Al tiempo.
ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN
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La Geografía del Asistencialismo: Pobreza y Programas Sociales en Veracruz y México
#Columna
07/10/2026.
Mtro. Benjamín Pazos Rincón.
Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com
La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 (INEGI, 2026) es un ejercicio estadístico probabilístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a la mitad del periodo entre los censos decenales de población y vivienda (como los de 2020 y 2030). De acuerdo con los resultados, cerca de cuatro de cada diez hogares en México, lo que equivale a 16,4 millones de familias, obtienen recursos económicos a través de iniciativas gubernamentales de asistencia. Según datos del INEGI, esta clase de apoyo económico muestra una marcada desigualdad geográfica en todo el territorio nacional. Por un lado, las regiones del sur del país registran la cobertura más alta, destacando estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas con porcentajes superiores al cincuenta por ciento. En contraste, las zonas con menor dependencia de estos fondos públicos se localizan en Quintana Roo, Nuevo León y Baja California, donde los indicadores se ubican por debajo del treinta por ciento.
Figura 1.
¿Cómo se distribuyen los programas sociales en todo México?
En México, 4 de cada 10 hogares (41,4%, equivalente a aproximadamente 16,4 millones de hogares) cuentan con al menos un integrante que recibe ingresos de programas sociales del gobierno. La cobertura de estos programas gubernamentales ha registrado un crecimiento notable, pasando del 25% al 41,4% de los hogares. La distribución territorial de los programas sociales es heterogénea entre las distintas entidades federativas. Se concentran principalmente en el sur del país, donde más del 50% de los hogares reciben apoyos.
- A) Entidades con mayor proporción de cobertura.
- Guerrero: 57,0%.
- Oaxaca: 56,9%.
- Chiapas: 53,0%.
- B) Entidades con menor proporción de cobertura.
Se ubican en regiones del norte e industrias o zonas turísticas:
- Quintana Roo: 25,8%.
- Nuevo León: 28,3%.
- Baja California: 28,4%.
Asimismo, estas transferencias monetarias constituyen un componente central en los ingresos de las familias para amortiguar los niveles de pobreza multidimensional y pobreza extrema.
¿Qué estados de la república concentran el mayor porcentaje de Pobreza Multidimensional (PM)?
De acuerdo con la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024 (INEGI, 2025), a nivel nacional el 29,6% de la población (38.5 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional. La distribución geográfica del porcentaje de pobreza muestra una marcada concentración en las entidades del sur y sureste del país:
Entidades con mayor porcentaje de pobreza multidimensional.
- Chiapas: 66,0%.
- Guerrero: 58,1%.
-
- Oaxaca: 51,6%.
- Veracruz: 44,5%.
- Puebla: 43,4%.
- Tlaxcala: 40,8%.
- Campeche: 36,7%.
- Zacatecas: 36,4%.
Diferencia entre porcentaje y volumen absoluto de personas.
Es relevante señalar que, si se mide por número total de personas en lugar de porcentaje, la entidad con mayor cantidad de población en pobreza es el Estado de México con 5.53 millones de personas (31,2% de su población), seguido por Chiapas (3.87 millones), Veracruz (3.60 millones), Puebla (2.87 millones) y Oaxaca (2.20 millones).
Entidades con menor porcentaje de pobreza.
En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos de pobreza multidimensional corresponden a estados del norte y centro del país:
- Baja California: 9,9%.
- Baja California Sur: 10,2%.
- Nuevo León: 10,6%.
- Coahuila: 12,4%.
¿Cómo están distribuidos los programas sociales en Veracruz?
En el estado de Veracruz, la distribución de los programas sociales responde a una elevada necesidad de protección social, dado que la entidad registra un 44,5% de su población en situación de pobreza multidimensional (3,60 millones de personas). De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI, la captación e impacto de estos apoyos en Veracruz destacan por lo siguiente:
- Tipos de apoyos gubernamentales en los hogares: se mide la recepción de ingresos por transferencias públicas monetarias, entre las que se incluyen las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes, los apoyos a personas con discapacidad, los programas para jóvenes y las transferencias a campesinos.
- Cobertura territorial en los 212 municipios: la encuesta levanta información en la totalidad de los municipios del estado, lo que permite evaluar el alcance tanto en grandes zonas urbanas (como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos o Poza Rica) como en regiones rurales y de alta concentración indígena con mayor rezago social (como Zongolica, Papantla o Chicontepec).
- Función en el ingreso monetario: estas transferencias operan como un ingreso no laboral fundamental que complementa las percepciones de las familias y ayuda a amortiguar la vulnerabilidad económica.
¿Cuáles son los municipios con mayor concentración de pobreza multidimensional en Veracruz?
En el estado de Veracruz, la pobreza multidimensional y la pobreza extrema se concentran de manera más acentuada en municipios rurales y en regiones serranas de alta presencia indígena. En estas zonas, la pobreza extrema supera el 50% de la población. Las principales regiones y municipios con mayor grado de concentración de pobreza y rezago social en la entidad son:
- Sierra de Zongolica (Región de las Altas Montañas).
Es una de las zonas con mayores índices de marginación en el estado, caracterizada por ser predominantemente indígena nahua y de difícil acceso geográfico:
- Municipios destacados: Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Astacinga, Atlahuilco, Soledad Atzompa, Xoxocotla, San Andrés Tenejapan, Los Reyes, Tlaquilpa y Tequila.
- Carencias críticas: presentan altos niveles de rezago en servicios básicos de la vivienda, como la falta de drenaje y un elevado porcentaje de hogares que cocinan con leña o carbón sin chimenea.
- La Huasteca Veracruzana (Zona Norte).
Combinación de alta vulnerabilidad rural y dispersión de localidades:
- Municipios destacados: Tantoyuca (identificado como uno de los municipios rurales de mayor población con alta pobreza), Chicontepec, Zontecomatlán, Texcatepec, Ilamatlán, Benito Juárez y Zozocolco de Hidalgo.
- Características: Predominio de agricultura de subsistencia y limitaciones en la generación de ingresos no agrícolas.
- Sierra de Soteapan / Región Olmeca (Zona Sur).
Región indígena popoluca y nahua ubicada en el sur del estado:
- Municipios destacados: Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan y Uxpanapa.
- Características: aislamiento relativo respecto a los grandes centros urbanos y reducida cobertura de seguridad social formal.
- Totonacapan (Sierra Norte).
- Municipios destacados: Filomeno Mata, Mecatlán, Chumatlán, Coahuitlán y Coxquihui.
Factores estructurales asociados.
- Carencia de servicios en la vivienda: en las regiones rurales de Veracruz, del 30% al 50% de los hogares carecen de servicios básicos de saneamiento o infraestructura adecuada en la vivienda.
- Falta de conectividad física: gran parte de estos municipios presentan un grado de accesibilidad bajo o muy bajo a carreteras pavimentadas, lo que dificulta el acceso a mercados laborales, centros de salud y escuelas.
Reflexiones finales.
Los resultados de la Encuesta Intercensal (2025) y los datos de Pobreza Multidimensional (2024) evidencian que, si bien los programas sociales se han expandido hasta alcanzar a más del 40% de los hogares del país y fungen como un amortiguador económico esencial, persiste una brecha estructural de desigualdad (heterogeneidad regional) que requiere ir más allá del asistencialismo (paternalismo), especialmente en estados con un alto rezago histórico como Veracruz. Con 3.60 millones de veracruzanos en situación de pobreza multidimensional y polos críticos de marginación en sus regiones serranas e indígenas, las transferencias monetarias gubernamentales alivian la urgencia del ingreso inmediato, pero resultan insuficientes si no van acompañadas de inversiones estratégicas en infraestructura, servicios básicos y conectividad que rompan de fondo la dependencia económica y detonen un desarrollo regional sostenible e incluyente.
Referencias
INEGI. (2025). Pobreza Multidimensional (PM). INEGI. Obtenido de www.inegi.org.mx
INEGI. (2026). Encuesta Intercensal 2025. INEGI. Obtenido de www.inegi.org.mx
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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CAE «EL TANQUE» Y SALTA UN SEÑALAMIENTO QUE ROCÍO NAHLE DEBE ACLARAR
#Columna
Por Alexandro Vazquez Loyo
El periodista Luis Chaparro, del medio PiedeNota, ha lanzado una aseveración que sacude la política veracruzana: Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recientemente detenido en Jalisco, tenía en su nómina a José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
Hasta el momento, estas afirmaciones derivan de versiones y señalamientos en la prensa política regional; es decir, no existe constancia pública de una investigación o expediente ministerial que haya establecido una responsabilidad legal. Sin embargo, en el ámbito político, el silencio no es una opción.
Pero, vamos por partes: ¿Quién es José Luis Peña Peña?
Ingeniero mecánico de profesión, desarrolló la mayor parte de su carrera técnica en Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante años laboró en el Complejo Químico Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde alcanzó el cargo de subjefe de mantenimiento. En este entorno corporativo, su trayectoria estuvo marcada por interpretaciones contradictorias: fuentes cercanas a la paraestatal señalan que, durante su tiempo como empleado de planta, enfrentó revisiones por parte de la Contraloría debido a presuntas solicitudes de dinero e irregularidades administrativas.
Más tarde, ya bajo el cobijo de Morena, su perfil público dio un giro. Los señalamientos en su contra apuntaron hacia presuntos negocios con la criminalidad organizada y la intermediación en jugosos contratos. A esto se suman las graves acusaciones de haber ocultado una cuantiosa fortuna mediante prestanombres familiares y de exportar, en presunta alianza con su esposa, sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales. Por si fuera poco, se le acusa de que, tras el arribo de Nahle a la gubernatura, consolidó alianzas con el llamado Grupo Sombra a través de Eric Domínguez, el hoy flamante titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).
El patrimonio bajo la lupa de la FGR
La narrativa en torno a Peña Peña adquirió una dimensión legal más compleja en abril de 2024, cuando el empresario Arturo Castagné Couturier presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de él y de Rocío Nahle. Los delitos imputados incluyen:
- Corrupción
- Uso ilícito de atribuciones o facultades
- Enriquecimiento ilícito
Según la denuncia, la pareja habría adquirido -de manera desproporcionada respecto a sus ingresos oficiales- al menos cuatro propiedades en Veracruz, Nuevo León y Tabasco. El punto de mayor escrutinio ha sido la supuesta titularidad de una lujosa residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento El Dorado Residencial y Marina, en Boca del Río, además de otros inmuebles de alto valor.
Hoy, el escenario se torna aún más oscuro con la captura de «El Tanque». Identificado como cofundador y líder regional del CJNG en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, su figura ya había sido vinculada a Peña Peña en diversas columnas políticas locales (como las de la periodista Claudia Guerrero Martínez).
Frente a la brutal gravedad de este escándalo, Rocío Nahle ya no puede escudarse en el silencio ni en su investidura. Es imperativo que rinda cuentas y responda de frente, sin titubeos ni rodeos:
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¿Cobró o no su esposo en la nómina criminal de “El Tanque”?
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¿Conoce a este líder delincuencial?
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¿Existió algún pacto, sociedad financiera o trato personal con él?
Veracruz ya no tolera un solo sermón más sobre la falsa pureza moral de la «transformación». La ciudadanía no está pidiendo favores; exige la verdad desnuda.
Y dado que el señalado comparte techo con la titular del Ejecutivo estatal, el mutismo de la Fiscalía General de la República resulta indefendible. La FGR está obligada a romper su letargo y transparentar, de manera inmediata, si el esposo de la gobernadora es o no sujeto de investigación por estos nexos. El encubrimiento institucional es inaceptable.
Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo
Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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