Las finanzas públicas mexicanas enfrentan una combinación de menores ingresos, mayor déficit presupuestario y una deuda pública en niveles históricos. Al cierre de septiembre de 2026, el déficit presupuestario alcanzó 968 mil 500 millones de pesos, un incremento real de 18.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Uno de los principales problemas se encuentra en la captación de recursos. Entre enero y septiembre, los ingresos del sector público sumaron 6.304 billones de pesos, lo que representó una caída real de 2.8%. El retroceso estuvo impulsado por la disminución de 21.5% en los ingresos petroleros y de 5.3% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque la recaudación del IVA creció 12%, el aumento no fue suficiente para compensar las pérdidas.

En contraste, el gasto público ascendió a 7.273 billones de pesos, con una reducción real de apenas 0.4%. Uno de los rubros que continúa presionando el presupuesto es el de las pensiones, que alcanzaron 1 billón 261 mil 300 millones de pesos, su nivel más alto en una década. Este monto representa un incremento de 5% frente al tercer trimestre de 2025 y equivale al 17.3% del gasto total.

La diferencia entre los recursos recaudados y el gasto ejercido se reflejó en un déficit presupuestario de 968 mil 500 millones de pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que representan la medida más amplia del déficit, se ubicaron en 959 mil 100 millones de pesos, con un crecimiento real de 3.1%.

El IMCO también advirtió que, por primera vez desde 2024, el balance primario registró un déficit para este periodo, lo que significa que los ingresos públicos fueron insuficientes para cubrir el gasto incluso antes de considerar el costo financiero de la deuda.

En materia de endeudamiento, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegó a 19 billones 554 mil millones de pesos, equivalente al 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata del máximo nivel nominal registrado en la serie de 2016 a 2026, lo que evidencia el crecimiento de las obligaciones financieras acumuladas por el sector público.

Aunque el costo financiero de la deuda disminuyó 3.7%, al ubicarse en 959 mil millones de pesos, el pago de intereses y otros compromisos financieros continúa absorbiendo una cantidad considerable de recursos que podrían destinarse a servicios públicos, infraestructura y otras necesidades presupuestarias.

El diagnóstico forma parte del análisis del IMCO sobre las finanzas públicas federales, elaborado con información de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondientes al periodo de enero a septiembre de los últimos 11 años. Las cifras muestran que, pese al aumento de la recaudación del IVA y el ligero ajuste del gasto, el Gobierno federal registra un déficit creciente, menores ingresos petroleros y una deuda que ya representa más de la mitad del PIB.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 25 millones 143 mil pesos del gasto educativo en Colima, durante 2025, al pagar salarios irregulares a docentes comisionados, cargos públicos y personal fallecido.

La fiscalización superior expone anomalías graves en la gestión de recursos públicos

El órgano fiscalizador confirmó desvíos millonarios operados desde la estructura gubernamental estatal durante el ejercicio fiscal.

La revisión de la Cuenta Pública 2025 documentó un manejo discrecional y presuntamente ilegal de los recursos federales asignados a la administración estatal. Las autoridades de la Secretaría de Educación en Colima incurrieron en omisiones sistemáticas que derivaron en la malversación de fondos públicos destinados exclusivamente a la enseñanza y la operación del sistema educativo local.

El daño al erario se concentró principalmente en el uso indebido del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conocido como FONE. Bajo este esquema, la dependencia estatal destinó 19 millones 317 mil 474 pesos para cubrir las percepciones de 32 maestros que desempeñaban actividades sindicales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha práctica viola de manera flagrante las restricciones presupuestales establecidas desde la reforma educativa instrumentada en la administración federal pasada.

Los recursos públicos financiaron prebendas sindicales, puestos políticos y plazas fantasmas

La dependencia educativa mantuvo nóminas irregulares para beneficiar a actores políticos, sindicales y personas finadas.

Dentro de las anomalías detectadas por el máximo órgano fiscalizador del país destaca el desvío de un millón 771 mil 536 pesos otorgados a cinco trabajadores de la educación que ostentaban cargos de elección popular. La administración estatal no logró acreditar que dichos funcionarios cumplieran con labores pedagógicas o administrativas vinculadas al sector educativo durante el periodo cobrado.

La opacidad en la nómina alcanzó niveles críticos al confirmarse el desembolso de un millón 450 mil pesos a favor de 20 trabajadores fallecidos. A esta irregularidad se sumaron pagos por un millón 235 mil 847 pesos entregados a seis trabajadores que acumulaban plazas en centros de trabajo con ubicaciones geográficas totalmente incompatibles para laborar de manera simultánea.

La administración estatal también liberó un millón 229 mil 419 pesos para 10 trabajadores de la educación que contaban con licencias sin goce de sueldo aprobadas. Asimismo, se detectó la dispersión de 138 mil 159 pesos a nueve trabajadores cuya relación laboral ya había concluido formalmente ante la Coordinación de los Servicios Educativos en Colima.

El uso discrecional de fondos se extiende a la educación tecnológica y de adultos

Las irregularidades presupuestales también afectaron al Instituto Estatal de Educación para los Adultos y obras universitarias.

El análisis de la Auditoría Superior de la Federación reveló que las anomalías no se limitaron al nivel básico, sino que alcanzaron al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. En este rubro se ejecutaron pagos por 186 mil 972 pesos dirigidos a tres trabajadores del Instituto Estatal de Educación para los Adultos que carecían del perfil y la preparación académica exigida para desempeñar sus cargos.

Adicionalmente, el gobierno estatal mantiene observaciones pendientes por un millón 307 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Dicho monto deberá ser aclarado debido a la omisión de aplicar penas convencionales por retrasos en la ejecución de infraestructura física en la Universidad Intercultural, ubicada en el municipio de Comala.

(Con información de Agencia Proceso)

Dos empresas enfrentan demandas por presunta recopilación de datos biométricos sin autorización en entregas a domicilio.

Los robots autónomos que entregan comida a domicilio en Estados Unidos están en el centro de una controversia por la privacidad de los usuarios. Dos compañías dedicadas a este servicio, Coco Robotics y Serve Robotics, enfrentan demandas colectivas por presuntamente recopilar información biométrica sin autorización.

Las denuncias fueron presentadas el pasado 9 de octubre en el condado de Cook, en Chicago, y apuntan a una posible infracción de la Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois. Según los demandantes, los dispositivos no solo se desplazan por las calles y evitan obstáculos, sino que también podrían registrar características físicas de quienes se acercan a recoger la comida.

El caso abrió un nuevo debate sobre el uso de cámaras, sensores e inteligencia artificial en los servicios de reparto. Aunque estos robots necesitan analizar su entorno para circular de manera autónoma, las demandas cuestionan qué información recopilan durante las entregas, cómo la almacenan y si puede utilizarse posteriormente para otros fines.

Qué se les acusa a los robots de reparto

Las acusaciones todavía no han sido demostradas ante la justicia y ambas compañías rechazan haber cometido irregularidades. Sin embargo, los denunciantes sostienen que los robots podrían captar información relacionada con las características físicas de las personas sin que estas lo sepan.

Los dispositivos utilizados por Coco Robotics y Serve Robotics incorporan diferentes tecnologías para desplazarse sin necesidad de que una persona los conduzca directamente. Entre ellas se encuentran las cámaras y los sensores LiDAR, un sistema que utiliza pulsos de luz láser para calcular distancias y construir representaciones tridimensionales del entorno.

Esta tecnología permite que los robots identifiquen obstáculos, reconozcan elementos de la vía pública y calculen rutas para llegar hasta sus destinos. Sin embargo, las demandas sostienen que también podrían captar información relacionada con las características físicas de las personas que reciben sus pedidos.

En concreto, los denunciantes afirman que los dispositivos registrarían la geometría de los rostros y las manos de quienes se acercan a recoger sus pedidos. Estos datos pueden considerarse biométricos cuando permiten identificar o caracterizar a una persona mediante sus rasgos físicos.

Uno de los casos involucra a un usuario que recibió un pedido de DoorDash mediante un robot de Coco Robotics, pese a que asegura no haber seleccionado esa modalidad de entrega. Según su denuncia, las cámaras registraron su rostro, cabeza y manos, mientras que los sensores recopilaron información sobre sus formas y dimensiones.

También sostiene que un operador humano supervisó la entrega de manera remota y en tiempo real. La segunda demanda está relacionada con pedidos de Uber Eats entregados mediante robots de Serve Robotics, y el afectado cuestiona qué sucede con las grabaciones y los datos obtenidos una vez que termina el servicio.

Además, plantea la posibilidad de que esa información pueda utilizarse para entrenar modelos de inteligencia artificial o compartirse con otras compañías. El conflicto gira precisamente alrededor de esa diferencia entre navegación autónoma y posible recolección de datos personales sin consentimiento.

La respuesta de Coco Robotics y Serve Robotics

Las dos empresas rechazaron las acusaciones, aunque sus respuestas tienen algunos matices. Coco Robotics negó haber recopilado información biométrica de los usuarios en Chicago y calificó las denuncias como infundadas.

Por su parte, Serve Robotics explicó que sus cámaras y sensores están destinados a garantizar que los robots puedan desplazarse de manera segura por las calles. La compañía sostiene que sus sistemas no están diseñados para identificar personas ni para construir perfiles biométricos de quienes interactúan con los dispositivos.

La controversia gira precisamente alrededor de esa diferencia: mientras las empresas defienden el uso de sus sensores como una herramienta necesaria para la navegación autónoma, los demandantes cuestionan si esa tecnología también termina recopilando información personal sin que los usuarios lo sepan.

Qué exige la ley de Illinois

La legislación de Illinois establece requisitos específicos para las empresas que recopilan información biométrica de las personas. La Ley de Privacidad de Información Biométrica exige que las compañías informen por escrito qué datos pretenden obtener, expliquen con qué finalidad los utilizarán y detallen durante cuánto tiempo los conservarán.

Además, deben conseguir el consentimiento escrito de las personas antes de recopilar este tipo de información. Por ello, las demandas contra Coco Robotics y Serve Robotics buscan determinar si los sistemas instalados en sus robots cumplen con estas obligaciones legales.

El resultado podría tener consecuencias para otras compañías que utilizan cámaras, reconocimiento de imágenes y sensores para ofrecer servicios automatizados. El caso también podría marcar un precedente en torno al uso de tecnologías que operan en espacios públicos y captan datos de usuarios durante una entrega.

Chicago mantiene a prueba los robots

El conflicto ocurre mientras Chicago continúa evaluando el uso de robots autónomos para entregar pedidos en sus calles. El programa piloto municipal tiene previsto finalizar en mayo de 2027, salvo que las autoridades decidan renovarlo.

Durante este periodo, el funcionamiento de estos dispositivos y su impacto en la ciudad seguirán bajo observación. La discusión sobre privacidad, automatización y manejo de datos biométricos continuará en paralelo a la operación de estos robots de reparto.