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La denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra el senador Gerardo Fernández Noroña tendrá un nuevo análisis judicial.

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Michoacán estudiar el caso de fondo para determinar si el legislador incurrió en violencia política en razón de género por declaraciones realizadas en redes sociales sobre la presidenta municipal.

El caso entre Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dio un nuevo giro luego de que la Sala Regional Toluca revocara la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán.

Los magistrados federales determinaron que el órgano estatal sí debe analizar el expediente y emitir una resolución sobre el fondo de la denuncia presentada por la edil.

La controversia comenzó en febrero de este año, cuando Quiroz acudió ante el Instituto Electoral de Michoacán para denunciar presunta violencia política en razón de género derivada de comentarios hechos por el senador en transmisiones difundidas en redes sociales.

La alcaldesa sostuvo que las expresiones del legislador vulneraron sus derechos políticos y afectaron su desempeño como autoridad municipal.

El origen del conflicto entre Grecia Quiroz y Gerardo Fernández Noroña

Las declaraciones atribuidas a Fernández Noroña ocurrieron después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz.

En una transmisión, el senador afirmó que la alcaldesa tenía aspiraciones para buscar la gubernatura de Michoacán y señaló que existía una estrategia política detrás de sus acciones.

Posteriormente, Quiroz presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral de Michoacán por considerar que esos señalamientos constituían violencia política de género.

El órgano electoral dictó medidas cautelares y ordenó retirar o modificar fragmentos de videos publicados en plataformas digitales donde aparecían dichas declaraciones.

Además, solicitó al legislador abstenerse de realizar conductas que pudieran interpretarse como hostigamiento o intimidación contra la presidenta municipal.

También denunció incumplimiento de medidas cautelares

Grecia Quiroz aseguró posteriormente que las medidas cautelares no fueron respetadas.

La alcaldesa señaló que durante una visita al Senado un grupo de legisladores coreó el nombre de Raúl Morón, a quien ella había señalado públicamente tras el asesinato de su esposo.

Entre los asistentes se encontraba Gerardo Fernández Noroña, situación que la edil incluyó dentro de sus argumentos para ampliar la denuncia.

Por su parte, el senador informó que eliminó los videos señalados y rechazó haber ejercido intimidación o violencia política contra la presidenta municipal.

Sala Regional ordena analizar el caso de fondo

El Tribunal Electoral de Michoacán había considerado inicialmente que no tenía competencia para resolver el asunto.

Los magistrados locales argumentaron que Grecia Quiroz llegó a la presidencia municipal mediante designación del Congreso estatal y no por elección popular directa.

Sin embargo, la Sala Regional Toluca determinó que quienes ocupan cargos de elección popular de manera interina cuentan con las mismas protecciones jurídicas que quienes fueron electos mediante voto ciudadano.

Con esta resolución, el expediente regresa al Tribunal Electoral de Michoacán para que estudie las pruebas, valore los hechos denunciados y emita una nueva resolución.

Magistrados deberán determinar si existió violencia política de género

Ahora el órgano jurisdiccional estatal deberá resolver si las declaraciones realizadas por el senador constituyeron violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz.

La decisión podría convertirse en un precedente sobre la protección de funcionarios que ocupan cargos públicos de manera interina y sobre los límites de las expresiones realizadas por actores políticos en redes sociales.

El análisis también deberá considerar las medidas cautelares emitidas previamente por el Instituto Electoral de Michoacán y las pruebas presentadas por ambas partes durante el procedimiento.

La resolución de la Sala Regional Toluca modifica el rumbo del caso y obliga al Tribunal Electoral de Michoacán a pronunciarse sobre el fondo de la denuncia. Con ello, el proceso continuará hasta determinar si existió violencia política en razón de género por parte del senador Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa Grecia Quiroz.

Harfuch asegura que aún falta mucho por hacer contra los cárteles

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este 16 de junio en Palacio Nacional, Omar García Harfuch sostuvo que las autoridades continúan trabajando contra todas las organizaciones criminales que operan en el país.

El secretario explicó que las detenciones han alcanzado a integrantes de todos los cárteles y de sus distintas facciones, además de destacar la cooperación con Estados Unidos para realizar extradiciones y operativos conjuntos.

Según el funcionario, los resultados obtenidos permiten medir las acciones del gobierno en materia de seguridad y descartan que exista una estrategia enfocada únicamente contra un grupo delictivo.

«Falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y laboratorios por destruir», expresó el titular de la SSPC al señalar que la lucha contra la delincuencia organizada continúa siendo una prioridad.

Gobierno rechaza acusaciones de colusión con grupos criminales

Durante su intervención, García Harfuch señaló que es complicado sostener que existió una omisión del gobierno anterior cuando existen múltiples detenciones relevantes realizadas durante ese periodo.

Indicó que en el sexenio pasado se realizaron acciones contra el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y grupos criminales que operan en Guanajuato.

Como ejemplo, recordó la captura y extradición de uno de los principales líderes de la facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, realizada por autoridades mexicanas.

El funcionario insistió en que las cifras y los operativos muestran que las instituciones actuaron contra distintas organizaciones delictivas y no privilegiaron a ninguna estructura criminal.

Claudia Sheinbaum defiende estrategia de seguridad y habla sobre amparos

La presidenta Claudia Sheinbaum también respondió a las críticas sobre la estrategia de seguridad aplicada durante el gobierno anterior.

La mandataria afirmó que la frase «abrazos, no balazos» nunca significó permanecer sin actuar frente a la delincuencia y aseguró que las autoridades realizaron miles de detenciones durante ese periodo.

Sheinbaum señaló que se contabilizaron 95 mil 19 personas detenidas y 39 objetivos relevantes pertenecientes a distintos grupos criminales.

Además, sostuvo que las acusaciones de colusión carecen de sustento y recordó los señalamientos públicos sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón.

Respecto a los amparos que pueden beneficiar a integrantes de la delincuencia organizada, explicó que cuando un juez concede una suspensión, el caso es enviado al Tribunal de Disciplina Judicial para que se investigue si existió alguna irregularidad.

El gobierno federal reiteró que las acciones de seguridad continuarán en todo el país y que el combate contra los grupos criminales sigue siendo una tarea pendiente que requiere mantener los operativos, las detenciones y la cooperación internacional para reducir la violencia.

La mandataria explicó que la solicitud corresponde únicamente a una fase inicial y no a un juicio formal.

Sheinbaum aclara situación sobre solicitud de Estados Unidos

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la supuesta cercanía de un plazo de 60 días relacionado con la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La presidenta fue clara al señalar que no existe un límite legal que obligue a la entrega de pruebas en esta etapa.

“No hay plazo. No hay plazo. Habría plazos en el cual un juicio formal de extradición”, afirmó.

Sheinbaum precisó que la solicitud estadounidense es una petición de detención urgente con fines de extradición, no un proceso judicial formal.

También reiteró que el gobierno mexicano ha solicitado pruebas para sustentar dicha medida.

Hasta el momento, dichas pruebas no han sido entregadas por las autoridades estadounidenses.

México mantiene análisis del caso de Rocha Moya

El gobierno federal explicó que la petición sigue en fase de revisión.

Sheinbaum señaló que no se ha acreditado evidencia suficiente para proceder con una detención urgente.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades mexicanas competentes.

Estados Unidos aún puede iniciar proceso formal de extradición

La presidenta explicó que, en caso de ser rechazada la solicitud inicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún podría iniciar un juicio formal de extradición.

Sin embargo, reiteró que ese escenario no ha ocurrido hasta el momento.

La diferencia entre ambas figuras es clave dentro del procedimiento internacional.

La detención urgente se usa en casos con riesgo inmediato.

El juicio formal de extradición implica un proceso más largo y con mayor carga probatoria.

Sheinbaum subrayó que México solo puede actuar conforme a pruebas verificables.

Hasta ahora, no se han recibido elementos que justifiquen la detención solicitada.

Caso permanece en fase inicial sin resolución

El caso de Rubén Rocha Moya continúa en etapa preliminar de análisis.

El gobierno federal mantiene la postura de que no existe evidencia suficiente presentada por Estados Unidos.

La presidenta insistió en que México no puede ejecutar una detención sin sustento legal.

El tema permanece abierto dentro de la relación bilateral en materia de cooperación judicial.

Por ahora, no hay decisión final ni avance hacia un juicio formal de extradición.

El caso de la solicitud de detención contra Rubén Rocha Moya sigue sin resolución definitiva. El gobierno mexicano sostiene que no existen pruebas suficientes entregadas por Estados Unidos, mientras el proceso permanece en fase inicial de revisión. La postura oficial es que cualquier avance dependerá de la presentación de evidencia formal.