Hoy se cumplen 20 días de que, por las llaves de agua potable de las casas de miles de habitantes de la alcaldía Benito Juárez, empezó a salir agua contaminada con gasolina.

Sí, 20 días en los que miles de familias de la llamada “clase media” capitalina han visto afectada no solo su vida cotidiana, por la falta de agua propia para el consumo humano, sino que han puesto en riesgo su salud y su viuda; un riesgo latente que parece que no le importa a nadie.

Sí, casi tres semanas interminables en las que ninguna autoridad y ninguno de los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal–, han sido capaces de ofrecer una respuesta al problema y tampoco una solución definitiva a una irregularidad que amenaza con una catástrofe sanitaria, de millones de vidas en peligro, por la negligencia oficial.

Sí, 20 días en los que se confirma que los de Morena son gobiernos no solo ilegítimos, por su probada ineficacia, sino que el rencor social de los políticos del partido oficial es capaz de llegar a extremos intolerables, cómo diseñar el mayor crimen de Estado contra los habitantes de la CDMX.

Y es que día a día son más las evidencias de que, detrás del agua contaminada en Benito Juárez, aparecen manos criminales y perversas que actúan a manera de venganza ejemplar; odio lanzado contra aquellos sectores sociales que se niegan a aplaudir los fallidos gobiernos de Morena.

Pero también es cierto que no debiera sorprender a nadie que, en tiempos electorales y justo entre los sectores sociales más odiados por el presidente mexicano, por su partido, por el jefe de gobierno de la CDMX y por su candidata presidencial, se produzca esa suerte de venganza ejemplar.

Y si no existe o no existiera “mano negra” y tampoco intencionalidad criminal y política en la contaminación del agua potable en Benito Juárez, no se explica por qué el tamaño de la negligencia oficial, de la estulticia de los servidores públicos del partido en el poder y tampoco se explica la indolencia frente a una tragedia en potencia.

Por eso, aquí se insiste en que asistimos a uno más de los crímenes de Estado impulsados desde lo más alto del poder presidencial mexicano; un delirante crimen de Estado que pretende cobrar venganza contra ciudadanos que, curiosamente, menos votan por Morena y por sus candidatos.

Y es que parece increíble que las máximas autoridades del país, como el presidente López Obrador y como el jefe de gobierno capitalino, sean tan incapaces para resolver el problema del agua contaminada en la demarcación Benito Juárez. Claro, a menos que se trate de otro crimen de Estado

¿Otro crimen de Estado?

Sí, otro crimen como la violencia sin freno que ha costado casi 200 mil vidas, como la alianza del gobierno federal con cárteles mafiosos; la tolerada participación del crimen en procesos electorales estatales, la destrucción del sistema de salud; el manejo criminal de la pandemia y como el robo de las afores de adultos mayores, por citar sólo algunos casos.

Pero vamos al paso a paso. ¿Cómo se define un crimen de Estado?

Se trata, como saben, de actos de poder cometidos contra una población entera y con la participación y aval de uno o más agentes del Estado.

Por lo general son actos sistemáticos, llevados a cabo según un plan preconcebido y que buscan dañar la vida y/o la integridad de los ciudadanos de una región específica. Y son actos dirigidos contra la población civil, por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

En efecto, si analizan la definición arriba citada, comprobarán que el fenómeno del agua contaminada en la CDMX encaja a la perfección en la definición y en las acciones que desembocan en un crimen de Estado.

Pero acaso lo más grave es que, justo en el proceso electoral en el que Morena puede perder la capital del país, la Ciudad de México entró en una espiral de ingobernabilidad que se caracteriza por el crecimiento desmedido de la violencia, la inseguridad y por el riesgo de que se provoque una tragedia de millones de vidas perdidas por el agua contaminada.

¿Y cómo se explica la ingobernabilidad? Precisamente por la ausencia de gobierno y por la falta de resultados de los servidores públicos a quienes los ciudadanos encomendaron la gobernación de la cosa pública.

Y es que, al momento que un ciudadano emite su voto a favor de tal o cual candidato a un puesto de elección popular, el ciudadano en cuestión está depositando su confianza, el mandato y/o su representación, en el ciudadano por el que votó.

Así, por ejemplo, si votó por el presidente, el ciudadano le entrega el mandato al presidente, quien de esa manera se convierte en el primer mandatario. Si el ciudadano votó por el jefe de gobierno de la CDMX, le está entregando el mandato para gobernar la capital del país, en nombre del ciudadano. Y si votó por un diputado o senador, el ciudadano está mandatado al legislador a representarlo en el Congreso.

¿Pero qué pasa cuando ni el presidente, ni el jefe de gobierno de CDMX y tampoco los legisladores cumplen con la responsabilidad para la que fueron electos? Entonces se producen dos resultantes que la ciencia política identifica perfectamente y que van en contra del interés ciudadano.

El primer resultado es la pérdida de la legitimidad, sea del presidente, del jefe de gobierno o del legislador quienes habrían incurrido en la figura de incumplimiento de sus obligaciones legales.

Y el segundo resultado se llama ingobernabilidad, que es la inoperancia absoluta de las instituciones del Estado y del gobierno.

Sí, los de Morena a nivel federal, estatal y municipal, son gobiernos sin legitimidad y sin gobernabilidad.

Es decir, vivimos en el caos total, en donde millones de vidas están en riesgo, a causa de los sátrapas e incompetentes de Morena. ¿Hasta cuándo?

Al tiempo.