En algunas regiones del estado de Chiapas, que en los últimos meses y semanas han resultado afectadas por la violencia, inseguridad o que son controladas por grupos del narcotráfico, no hay condiciones para celebrar las elecciones del 2 de junio, señalaron este miércoles Obispos de San Cristóbal de Las Casas.

«Consideramos que en algunas las regiones del Estado afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo», expresó Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de San Cristóbal de las Casas.

Mientras que Luis Manuel López Alfaro, Obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, dijo que estas problemáticas se viven «en medio de una realidad electoral voraz, con los candidatos a la Presidencia de México, y estatales y municipales, así como para senadores y diputados, donde no encontramos propuestas concretas para responder a esa realidad que estamos viviendo».

Ambas autoridades eclesiásticas detallaron en un video que la inseguridad y violencia desestabilizan a la sociedad y estas lacras son generadas, en muchas ocasiones, por el crimen organizado y la corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que provoca daños colaterales en las comunidades y familias de Chiapas.

A 17 días de las elecciones del 2 de junio en Chiapas, la iglesia católica mostró su preocupación que en algunas regiones son afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para los comicios señala. https://t.co/md6hqgmsyd pic.twitter.com/abL9b8huRv

— Susana Solís Informa (@SolisInforma) May 16, 2024

A estos problemas, señalaron, se suman otros como la migración, el pago de piso (extorsión), pobreza generalizada, rezago educativo y de salud.

En reiteradas ocasiones, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ha advertido que en diferentes regiones del país «no existen condiciones (de seguridad)» para que el 2 de junio haya elecciones en paz ya en esos lugares están bajo control del crimen organizado.

Ante este escenario, los obispos llamaron a la población «a salir a votar y no vender su voto ni su dignidad y apostar por el candidato que tenga propuestas que beneficien a la comunidad (si se vende el voto) de esa manera seguirán alimentando la corrupción que tanto mal ha hecho a la nación de México», apuntó Aguilar Martínez.

También exhortaron a los diferentes candidatos a asumir su papel en la vida política llevando el cúmulo de valores humanos  que hagan la diferencia en una sociedad y recomendaron a la población «discernir sabiamente para elegir en las próximas lecciones a las personas que velarán por el bien común de las comunidades.

«Nos corresponde colaborar para que las promesas de campaña sean realizadas, buscando siempre el bien de la comunidad, porque quien alcance la elección ha de trabajar en bien de todos», señalaron.

En los últimos meses, en Chiapas se registra un aumento en la inseguridad y violencia provocado por enfrentamientos de grupos del crimen organizado en diferentes municipios.

Organizaciones civiles e indígenas han denunciado desde 2023 un ambiente de ‘guerra civil’ que se agudiza cada día por los conflictos armados, la presencia de carteles del narcotráfico, que han generado un alza en los homicidios, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados en particular en comunidades indígenas afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar 20.375 cargos, incluida la Presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.

Integrantes de la Guardia Nacional están supervisando la escuela situada en Coatzacoalcos, Veracruz, donde este lunes se encontró un mensaje solicitando 20 mil pesos como pago de protección.

Tras la aparición del cartel en las instalaciones compartidas por las escuelas Jaime Nunó y Héroe de Nacozari, en los turnos matutino y vespertino respectivamente, en Coatzacoalcos, Veracruz, se desplegaron elementos de la Marina y de la Guardia Nacional para tranquilizar a los padres de los estudiantes asegurándoles que los menores estarán protegidos.

El lunes pasado, una cartulina colocada en la puerta de acceso a la escuela primaria tenía escrita una amenaza de hacerle daño a los niños si no pagaban un “derecho de piso”. En el cartel exigían 20 mil pesos, 10 mil por el turno matutino y 10 mil por el vespertino.

Las autoridades estatales restaron importancia al mensaje al señalar que “podría tratarse de una broma de mal gusto”, sin embargo, los padres reclamaron, ya que afirmaron que esto no les garantizaba que efectivamente fuera falso, por lo tanto, exigieron más medidas de seguridad.

La demanda dio resultados, ya que a partir de ayer jueves, los elementos de la Marina se ubicaron afuera de los accesos en los dos turnos, matutino y vespertino, para garantizar que las clases transcurran con normalidad. Esto sucedió después de una reunión encabezada por el alcalde Amado Cruz, la cual generó malestar entre las madres de familia, quienes indicaron que no fueron informadas.

La Secretaría de Educación de Veracruz continúa sin hacer comentarios sobre este asunto y aún no se sabe si ya han presentado una denuncia ante la fiscalía por estos hechos.

En 2022, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) le entregó un contrato por hasta mil 210 millones de pesos a Biosistemas y Seguridad Privada, una empresa vinculada a “El Clan”, la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el portal Latinus a través de un reportaje.

Dentro de esta adjudicación, que abarcó la compra de ocho medicamentos distintos, el Insabi adquirió hasta 128 mil piezas de metotrexato, un oncológico usado para tratar leucemia y otros tipos de cáncer, principalmente en niños, que hoy está bajo alerta sanitaria porque dos estados notificaron a la Cofepris irregularidades en uno de los lotes entregados por Biosistemas y Seguridad Privada.

Esta empresa, propiedad de familiares del exgobernador sonorense Guillermo Padrés, fue beneficiada cuando Alejandro Calderón Alipi era el encargado de abastecimiento y distribución de medicamentos del Insabi.

Calderón Alipi, a quien apodan “Cuchillo”, es pieza clave para que “El Clan” opere en licitaciones y obtenga información privilegiada de lo que sucede en el sector salud.