La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor este 5 de noviembre y permitirá establecer sectores donde únicamente se acepten pagos electrónicos. Sin embargo, no prohíbe de manera general el uso de billetes y monedas.

El decreto, publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar las actividades económicas que deberán operar bajo ese esquema.

Las gasolineras y casetas de peaje están entre las actividades mencionadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la transición. Su inclusión y calendario dependerán de las disposiciones oficiales: la entrada en vigor de la ley no implica que desde hoy deban rechazar efectivo.

¿Cuándo se definirán los lugares y las reglas?

Hacienda cuenta con 15 días hábiles, posteriores a la entrada en vigor, para determinar los sectores estratégicos y actividades sujetos a pagos exclusivamente digitales.

Después, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas correspondientes, incluidos requisitos y mecanismos de implementación. Estos plazos son para publicar las reglas; no significan que todos los negocios deban cambiar su forma de cobro al concluir ese periodo.

La legislación contempla que los proveedores obligados habiliten la infraestructura necesaria, informen a sus clientes sobre los medios disponibles y atiendan las contingencias que impidan utilizarlos.

Si una falla imposibilita recibir pagos digitales, se permitirá pagar con efectivo o cheque. La excepción busca mantener las operaciones cuando los sistemas electrónicos no puedan funcionar.

Entre las alternativas están las tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias y códigos QR. La ley también busca aprovechar herramientas existentes como SPEI, CoDi y DiMo.

Además, las autoridades federales, estatales y municipales deberán incorporar medios digitales para cobrar trámites y servicios. El marco legal contempla facilitar la contratación remota de servicios financieros mediante mecanismos de identificación como la CURP Digital, conforme a las disposiciones aplicables.

José Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) vinculado con Guadalupe Taddei, promovió en febrero de 2026 un amparo para conocer si existían órdenes de aprehensión o comparecencia en su contra y evitar su ejecución.

De acuerdo con la demanda, el empresario recurrió a la justicia federal después de que personas que se identificaron como agentes ministeriales acudieran a su domicilio en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, el 21 de enero.

Según su versión, dijeron contar con mandamientos judiciales para detenerlo o hacerlo comparecer, pero se retiraron al no encontrarlo y no dejaron información adicional.

El apoderado de Cajas Graf aseguró que desconocía qué autoridad habría emitido esas órdenes. También negó haber cometido delitos y manifestó su disposición para colaborar con cualquier investigación ministerial en la que pudiera estar relacionado.

Las autoridades negaron que hubiera una orden

La jueza que recibió el asunto concedió inicialmente una suspensión provisional y fijó una garantía de 6 mil 500 pesos. Posteriormente negó la suspensión definitiva porque las autoridades consultadas informaron que no existía una orden de captura.

En abril, el juicio fue sobreseído por inexistencia de los actos reclamados. Esto significa que el procedimiento concluyó porque no se acreditaron los mandamientos señalados; no fue una resolución sobre posibles responsabilidades penales del empresario.

El antecedente se conoce mientras las autoridades federales revisan operaciones de los hermanos Hernández Casillas, relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales.

Este 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrean posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas con recursos obtenidos mediante contratos.

Precisó que, hasta ese momento, no se habían encontrado elementos que los relacionaran con un grupo de delincuencia organizada.

La mandataria también pidió a las autoridades electorales transparentar las contrataciones para dar certeza a los comicios de 2027.

Detectó 60 millones de pesos en irregularidades con una empresa proveedora.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Talleres Gráficos de México (TGM), por 60 millones de pesos en irregularidades.

Una investigación de la exdiputada Maribel Aguilera Cháirez, reveló que desde junio pasado la ASF detectó la entrega de 68 millones de pesos la empresa Conix Technologies, sin una justificación acreditada en 2024.

Se trató de una adjudicación directa y Conix Technologies debía entregar chips encapsulados para automóviles y motocicletas, además de tarjetas pvc con chip y lectores de tecnología móvil.

A pesar del pago, los insumos solicitados permanecían de manera extraña en los almacenes de Conix Technologies por instrucciones de Talleres Gráficos de México hasta diciembre de 2025.

La empresa no tiene contratos previos con entes gubernamentales y aún así fue contratada con el argumento de que se trataba de materiales de carácter estratégico y confidencial.

El contrato terminó antes de lo previsto y sin motivo informado, aunque ya se habían entregado 60 millones de pesos. Los 8 millones restantes continúan sin comprobar.

Lo que descubrió el ente auditor fue que no se proporcionó evidencia de los cálculos que TGM hizo para determinar que estos 60 millones de pesos realmente se los tenía que haber entregado a la empresa. Y, por lo tanto, se determinó un daño al erario.

A pesar de las irregularidades descubiertas, la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México.