Ahora que está en marcha el proceso electoral 2024, seguramente has escuchado a un montón de personajes en la política hablar de algo que llaman cartel inmobiliario. Pero ¿sabes a qué se refieren? ¿por qué Santiago Taboada no quiere que se hable de eso? si no tienes ni idea, acá te cuento todo.

El cartel inmobiliario, es una investigación llevada a cabo desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Señala a un grupo de exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez, incluyendo a Santiago Taboada, de estar involucrados en una red de corrupción.

Pero no cualquier red de corrupción, una ligada a la construcción de edificios en la alcaldía Benito Juárez. El ahora candidato del PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada, se dice también está involucrado y fue acusado de ocasionar un desfalco de 332 millones de pesos que estaban destinados al desarrollo de obras y seguridad ciudadana.

Circula también un documento que afirma que en la auditoría 663 se descubrió que de 47 millones 805 mil pesos destinados a las Participaciones Federales a Municipios, el exalcalde Taboada, malversó 14 millones 371 mil 739 pesos y no hay documentos que comprueben en qué se gastaron esos recursos.

¿Cómo operaba el cartel inmobiliario?

Según la investigación de la Fiscalía de la CDMX, este cartel, opera desde hace más de 15 años favoreciendo con permisos y autorizaciones a empresas inmobiliarias y constructoras. Esto sin tener en cuenta las leyes de ordenamiento territorial en la CDMX.

De acuerdo con la investigación, esto ha causado que se construyan edificios en exceso. Y a cambio, los funcionarios reciben sobornos o departamentos dentro de los mismos complejos habitacionales.

Y los problemas con las construcciones son muchos y diversos. De hecho, lo que inició esta investigación fue la explosión de una lavadora en 2021 que destruyó por completo la fachada de un edificio de la colonia del Valle. 

A raíz de las denuncias de los afectados, la Fiscalía de la CDMX comenzó una investigación a la constructora y entre los dueños de departamentos no declarados estaba Nicias Aridjis Vázquez, quien era director de obras de la Benito Juárez.

Y de su nombre, se desprendieron muchos más servidores públicos y sus familiares implicados.

El IECM prohibió que se hable de esto durante lo que resta del proceso electoral

Cuando comenzó la contienda por la CDMX, se señaló a Santiago Taboada de estar implicado en el cartel inmobiliario. Pero él presentó una queja para que su participación no fuera mencionada.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó la queja y ha prohibido que se hable de eso. Sin embargo, el partido Morena en CDMX dice que eso atenta contra el derecho de los ciudadanos a un voto informado. La contienda electoral debería proveerle a la ciudadanía toda la información para que tome una decisión informada.

Al menos 15 de los 50 estados de Estados Unidos, casi una tercera parte del territorio de ese país, y entre los que se encuentran cinco gobernados por demócratas, han promovido o cuentan con leyes antimigrantes que, a decir de especialistas, son violatorias de los derechos humanos, xenofóbicas y discriminatorias.

Y el número de entidades con leyes para frenar el fenómeno migratorio podría aumentar a partir del próximo año, en caso de que Donald Trump gane la Presidencia de Estados Unidos en noviembre, por lo cual lo mejor que le pueda pasar a México es que se reelija Joe Biden, consideró Marcelo Goldin, director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados Goldin Law.

De los 15 estados con leyes antimigratorias, 10 son republicanos: Alabama, Arizona, Tennessee, Carolina del Sur, Indiana, Iowa, Florida, Texas, Louisiana y Virginia Occidental, mientras que el resto son demócratas: Idaho, Kansas, California, Georgia y Montana.

Recientemente se aprobaron las leyes HB1105 en Georgia, y la HB4156 en Oklahoma. Esta última, a decir de la canciller Alicia Bárcena, crea el delito de “ocupación inadmisible”, que se comete cuando una persona ingresa de manera intencional sin permiso a Estados Unidos, y permanece en Oklahoma sin contar con la autorización correspondiente.

Aunado a esas leyes antimigrantes se encuentra en proceso judicial la controvertida SB4 del estado de Texas, promovida por el gobernador Greg Abbott, que es considerada una de las más duras de todo Estados Unidos en contra de la inmigración ilegal, al habilitar a la policía para detener a cualquier sospechoso de cruzar la frontera ilegalmente, deportarlo a México y/o imponer penas de cárcel.

Un juez federal de Austin bloqueó la implementación de esta ley en primera instancia. A partir de la apelación de Greg Abbott, la justicia le dio la razón al estado y ahora la aplicación o no de la normativa será definida por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El estado de Florida tiene vigente la ley SB1718, considerada otra de las más duras de Estados Unidos contra los indocumentados, la cual fue promovida por el gobernador Ron DeSantis quien, además, ha hablado de deportaciones masivas e incluso de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La norma contempla una serie de castigos tanto para los indocumentados como para quienes les den empleo o los que los transporten. Para esto último, una persona podría ser acreedora hasta 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares.

En el caso de Arizona, la entonces gobernadora Jan Brewer promulgó la denominada “ley de odio” o ley SB1070, en la cual se establece como delito menor que una persona extranjera esté en el estado sin su documentación requerida. Esto faculta a la policía a detener a cualquier persona “sospechosa” de ser indocumentada.

Los republicanos de la Cámara de representantes de Georgia respaldaron la “ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia de 2024” o Georgia 1195, la cual obliga a todos los departamentos de policía a identificar a los indocumentados para arrestarlos y deportarlos.

“Estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”, afirmó Marcelo Goldin, Director del Goldin Law Group

También establece nuevos requisitos para que los funcionarios de prisiones comprueben si una persona ingresó al territorio estadounidense de manera ilegal. Otra medida implica acusar de un delito menor a los policías que no verifiquen el estatus migratorio de los detenidos. Además, se negaría financiamiento estatal a cárceles que no cooperen con las políticas antimigrantes.

En los últimos días, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt firmó la iniciativa HB4156, convirtiéndola en ley estatal que permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su territorio. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio, en tanto se espera que se presenten los recursos legales para impedir su ejecución.

Marcelo Goldin, director del Goldin Law Group, afirmó que “estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”.

En entrevista con La Razón, indicó que los indocumentados muestran temor y buscan salir a otros estados, por lo que “varios sectores de la economía pueden entrar en colapso”.

El director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados dijo que los estados saben que es una maniobra política, y si Donald Trump ganara van a aumentar aquellos con leyes antimigrantes, principalmente republicanos.

Luego el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza acusó a la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)  María Amparo Casar, de participar en un caso de corrupción en contra de la empresa del Estado mexicano, esta tarde, Presidencia de la República difundió el expediente de este caso sin testar y exhibiendo datos personales.

En tres expedientes alojados en el sitio web de Presidencia de la República se hicieron públicos cientos de documentos, entre ellos el acta de defunción de Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración y exesposo de Casar; la credencial de elector de María Amparo Casar, cheques, recibos de pago y otros documentos, los cuales contienen datos personales.

En la cuenta oficial del Gobierno de México se difundieron los documentos con la leyenda: “Conoce los documentos del caso Márquez Padilla @Pemex”.

Conoce los documentos del caso Márquez Padilla @Pemexhttps://t.co/9bPeD1hem7 pic.twitter.com/0LOIPZmQiL

— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 3, 2024

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En conferencia de prensa del presidente López Obrador, Octavio Romero Oropeza acusó que María Amparo Casar participó en un caso de corrupción en contra de la empresa del Estado mexicano.

El director de Pemex informó que dentro de la estrategia de combate a la corrupción han enfrentado casos como Odebrecht, AHMSA, entre otros.

“Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quien encabeza a los Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero realidad son a favor de la corrupción”.

Al presentar su versión, Romero Oropeza dijo que en octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración, falleció al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex, por lo que Casar solicitó el pago de seguro, ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem para sus hijos y para ella por 124 mil pesos mensuales.

“Todo esto fue antes de qué hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”.

Romero dijo que Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín a ver al entonces procurador de la Ciudad de México para pedirle que “modificaron el dictamen, que no pareciera suicidio, sino que pareciera accidente para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue suicidio.

Horas más tarde, María Amparo Casar negó que haya influido en el dictamen de la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García y pudiera cobrar el seguro y la pensión de Pemex.

Casar respondió en el programa de Ciro Gómez Leyva a la denuncia que hizo el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en su contra por presuntamente influir en el dictamen de la muerte de Márquez Padilla García y aseguró que ni conoce al exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz.

Comentó a Ciro Gómez Leyva que en incluso en su libro ¡Gracias!, López Obrador la menciona en la página 100 para acusarla de corrupción.

Dijo que entonces López Obrador y Bernardo Bátiz son los responsables de haber permitido que se cambiara el acta de la muerte de su esposo.

Además, aseguró que es falso que Pemex haya pagado el seguro de vida de su esposo, pues sólo pagó su pensión.