Al menos 15 de los 50 estados de Estados Unidos, casi una tercera parte del territorio de ese país, y entre los que se encuentran cinco gobernados por demócratas, han promovido o cuentan con leyes antimigrantes que, a decir de especialistas, son violatorias de los derechos humanos, xenofóbicas y discriminatorias.

Y el número de entidades con leyes para frenar el fenómeno migratorio podría aumentar a partir del próximo año, en caso de que Donald Trump gane la Presidencia de Estados Unidos en noviembre, por lo cual lo mejor que le pueda pasar a México es que se reelija Joe Biden, consideró Marcelo Goldin, director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados Goldin Law.

De los 15 estados con leyes antimigratorias, 10 son republicanos: Alabama, Arizona, Tennessee, Carolina del Sur, Indiana, Iowa, Florida, Texas, Louisiana y Virginia Occidental, mientras que el resto son demócratas: Idaho, Kansas, California, Georgia y Montana.

Recientemente se aprobaron las leyes HB1105 en Georgia, y la HB4156 en Oklahoma. Esta última, a decir de la canciller Alicia Bárcena, crea el delito de “ocupación inadmisible”, que se comete cuando una persona ingresa de manera intencional sin permiso a Estados Unidos, y permanece en Oklahoma sin contar con la autorización correspondiente.

Aunado a esas leyes antimigrantes se encuentra en proceso judicial la controvertida SB4 del estado de Texas, promovida por el gobernador Greg Abbott, que es considerada una de las más duras de todo Estados Unidos en contra de la inmigración ilegal, al habilitar a la policía para detener a cualquier sospechoso de cruzar la frontera ilegalmente, deportarlo a México y/o imponer penas de cárcel.

Un juez federal de Austin bloqueó la implementación de esta ley en primera instancia. A partir de la apelación de Greg Abbott, la justicia le dio la razón al estado y ahora la aplicación o no de la normativa será definida por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El estado de Florida tiene vigente la ley SB1718, considerada otra de las más duras de Estados Unidos contra los indocumentados, la cual fue promovida por el gobernador Ron DeSantis quien, además, ha hablado de deportaciones masivas e incluso de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La norma contempla una serie de castigos tanto para los indocumentados como para quienes les den empleo o los que los transporten. Para esto último, una persona podría ser acreedora hasta 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares.

En el caso de Arizona, la entonces gobernadora Jan Brewer promulgó la denominada “ley de odio” o ley SB1070, en la cual se establece como delito menor que una persona extranjera esté en el estado sin su documentación requerida. Esto faculta a la policía a detener a cualquier persona “sospechosa” de ser indocumentada.

Los republicanos de la Cámara de representantes de Georgia respaldaron la “ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia de 2024” o Georgia 1195, la cual obliga a todos los departamentos de policía a identificar a los indocumentados para arrestarlos y deportarlos.

“Estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”, afirmó Marcelo Goldin, Director del Goldin Law Group

También establece nuevos requisitos para que los funcionarios de prisiones comprueben si una persona ingresó al territorio estadounidense de manera ilegal. Otra medida implica acusar de un delito menor a los policías que no verifiquen el estatus migratorio de los detenidos. Además, se negaría financiamiento estatal a cárceles que no cooperen con las políticas antimigrantes.

En los últimos días, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt firmó la iniciativa HB4156, convirtiéndola en ley estatal que permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su territorio. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio, en tanto se espera que se presenten los recursos legales para impedir su ejecución.

Marcelo Goldin, director del Goldin Law Group, afirmó que “estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”.

En entrevista con La Razón, indicó que los indocumentados muestran temor y buscan salir a otros estados, por lo que “varios sectores de la economía pueden entrar en colapso”.

El director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados dijo que los estados saben que es una maniobra política, y si Donald Trump ganara van a aumentar aquellos con leyes antimigrantes, principalmente republicanos.