Amatlán de los Reyes, Ver.- El director del periódico El Buen Tono, identificado como Omar «N» y/o Enzzo “N” permanecerá en prisión preventiva justificada por el plazo de un año, luego de que un Juez de Control determinara imponer dicha medida cautelar durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los juzgados del reclusorio de La Toma.

Como parte del desarrollo del proceso penal, la autoridad judicial resolvió que el imputado deberá permanecer internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en La Toma, mientras continúan las investigaciones y se define su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.

La detención de Omar «N» ocurrió el pasado viernes en Córdoba, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la colonia La Posta, cuando circulaba a bordo de un auto robado.

Tras la intervención, tanto el conductor como la unidad fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.
El vehículo con reporte de robo quedó asegurado y será sometido a las diligencias periciales y ministeriales para determinar su situación legal y esclarecer su procedencia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes, la Fiscalía Regional formuló la imputación correspondiente y solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, petición que fue analizada y concedida por el Juez de Control.

Omar “N” y/o Enzzo “N”, es un reincidente por lo que el juez decidió la prisión preventiva.

• Roberto Ixtla Campuzano (MC) habría invadido con escoltas una propiedad en Residencial Las Cumbres.
• Afectados aseguran que el edil pretendió saldar una deuda millonaria ofreciendo adjudicación de obra pública.

Xalapa, Ver.- Una nueva controversia salpica a las filas del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz. El presidente municipal de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, fue denunciado formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos delitos de despojo violento, fraude y abuso de autoridad, tras apropiarse ilícitamente de una residencia en la capital del estado y despojar de su patrimonio a una familia.

El esquema del fraude: del contrato a la invasión

De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por la representación legal de las víctimas, los hechos se remontan a octubre de 2025, fecha en la que se formalizó mediante escritura notarial la compraventa de un inmueble ubicado en el exclusivo Residencial Las Cumbres, en Xalapa, por un monto total de 3.5 millones de pesos.

El munícipe únicamente realizó el pago inicial correspondiente a 1.5 millones de pesos como enganche, negándose posteriormente a liquidar el saldo adeudado de 2 millones de pesos.

Sin embargo, el conflicto escaló al ámbito penal cuando el edil presuntamente utilizó recursos e instrumentos del Ayuntamiento para tomar el inmueble por la fuerza:

1. Uso de la fuerza pública: Presuntamente irrumpió en la residencia custodiado por sus escoltas y personal uniformado.
2. Ocupación ilegal: Tomó posesión del inmueble sin autorización legal ni liquidar el contrato.
3. Modificaciones y terceros: Actualmente la vivienda se encuentra en proceso de remodelación y habitada por terceras personas.

Oferta de corrupción: obra pública a cambio de deudas

Uno de los puntos más críticos expuestos en la denuncia señala que, tras los reclamos de la parte afectada, Ixtla Campuzano habría intentado negociar el adeudo remanente al margen de la ley. El alcalde supuestamente propuso saldar la deuda millonaria mediante la asignación directa de contratos de obra pública municipal, propuesta que fue tajantemente rechazada por el propietario.

«Exigimos que el cargo de alcalde no sea un escudo para la impunidad. Ya hay carpetas abiertas por despojo, fraude y abuso de autoridad; esto no se va a quedar así», aseveró Luis Burillo Arenas, representante legal de la familia agraviada.

En el ojo del huracán

Hasta el momento, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la situación jurídica que enfrenta el munícipe de Jalcomulco. Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales determinen el curso de las investigaciones y citen a declarar al edil imputado.

• La liberación fue resultado de la ejecución de 10 órdenes de cateo en los municipios de Boca del Río y Veracruz
• Dos de las víctimas contaban con fichas nacionales de búsqueda

Como parte de las acciones implementadas en combate al secuestro y privación ilegal de la libertad, en el Estado de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron órdenes de cateo en 10 inmuebles ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz, donde fueron liberadas tres personas privadas de su libertad.

Derivado de las labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancia y seguimiento, agentes de campo identificaron 10 inmuebles en los municipios de Boca del Río y Veracruz, relacionados con el delito de secuestro. Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas de manera coordinada.

Durante las diligencias, al intervenir un inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Veracruz, fueron liberadas tres personas privadas de su libertad, dos de ellas contaban con fichas nacionales de búsqueda, a las víctimas se les brindó atención médica y psicológica para salvaguardar su integridad.

Asimismo, resultado de los cateos se aseguraron siete equipos de telefonía celular, dos sobres con tarjetas SIM, una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación diversa.

Los inmuebles y objetos asegurados fueron procesados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el delito de secuestro, localizar y liberar a las víctimas, así como fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la población.