En un golpe contundente contra las finanzas de la delincuencia organizada, elementos de las Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de labores de inteligencia militar, ejecutaron 19 cateos simultáneos en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El operativo dejó como saldo la detención de tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, señalado por las autoridades como el principal operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, además de estar fuertemente vinculado con una red transnacional dedicada al contrabando ilegal de hidrocarburos (huachicol). El imputado ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un aseguramiento histórico contra el crimen organizado

Las autoridades federales informaron que, durante la intervención simultánea en los 19 inmuebles, se logró incautar un impresionante arsenal logístico y financiero utilizado para el blanqueo de capitales y el tráfico de combustible:

• Inmuebles y transporte pesado: 13 inmuebles, 84 tractocamiones, 107 remolques tipo cisterna, 50 vehículos particulares, 49 camiones recolectores y motocicletas.
• Infraestructura de distribución: 11 bombas despachadoras y 4 tanques de almacenamiento.
• Combustible e ilegalidades: Aproximadamente 500 mil litros de hidrocarburo asegurados, además de dosis de metanfetamina, cartuchos útiles y dinero en efectivo.
• Transporte aéreo: Dos aeronaves vinculadas a las operaciones ilícitas de la red.

Estrategia nacional de seguridad

Este despliegue responde directamente a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo las cuales el Gabinete de Seguridad mantiene una directriz permanente orientada a combatir de raíz el mercado ilícito de combustibles. El objetivo central de estas acciones es asestar golpes financieros directos a las organizaciones criminales, neutralizando sus fuentes de ingresos y llevando ante la justicia a los principales operadores de estas redes delictivas.

 El PAN en San Lázaro llamó a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a destrabar las iniciativas de ley presentadas para tipificar como delito, el reclutamiento de menores ante el avance de este fenómeno y el cual, el Estado Mexicano ha ignorado.

“El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno hacer este tipo de adecuaciones al marco legal, pero las resistencias por no reconocer el problema lo agravan más, ahora con el tema del Presupuesto, bien valdría la pena analizar mayores acciones”, explicó la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.

Mencionó que, a los grupos criminales les cae como anillo al dedo el fracaso del Gobierno de Morena en materia académica, ya que es en el abandono escolar, la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar, donde pueden acercarse a menores de edad.

“Otro riesgo son las redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, donde pueden establecer contacto con niñas, niños y adolescentes, ganarse su confianza y atraerlos hacia actividades ilícitas”, preció la legisladora.

Junto con la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, el GPPAN propone capacitar a docentes y familias para detectar señales de captación criminal, fortalecer los protocolos escolares ante ausentismo, cambios de conducta o abandono, así como crear mecanismos seguros de denuncia y atención.

“Un niño reclutado no es un delincuente que el Estado perdió. Es un niño al que el Estado no protegió a tiempo”, señaló.

Además, se busca reforzar la prevención de riesgos digitales, garantizar acceso a educación, deporte, cultura, atención psicológica y oportunidades para adolescentes y elaborar estadísticas oficiales sobre reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos.

Laura Álvarez, advirtió que este fenómeno no es únicamente un problema de seguridad: es una violación grave a los derechos de la infancia y una falla de las instituciones responsables de protegerla.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y especialistas, decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. La Red por los Derechos de la Infancia estima que hay entre 30 mil y 35 mil menores reclutados, anualmente, por la delincuencia.

La falta de una cifra oficial única, actualizada y desagregada por entidad, advirtió la legisladora, evidencia la necesidad de contar con un registro nacional y mecanismos eficaces de prevención.

Coincidieron en que, el crimen no necesita reclutar en las escuelas si las condiciones sociales ya le abrieron la puerta.

Los más de 30 mil menores involucrados en alguna actividad de crimen organizado no deberían una cifra más, ya que son sueños y oportunidades, hay que decirlo, pérdidas.

Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.

El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.

¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?

La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.

De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.

Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.

Crimen organizado también financia actividades agrícolas

El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.

Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.

La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.