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Narcotráfico

Arrestan en Jalisco a ‘El Chaparrito’, un alto mando cercano al líder del CJNG

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El individuo, que era jefe regional de la organización delictiva en Colima, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo, fue arrestado en el municipio de Zapopan.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arrestaron a Miguel Aldrín Jarquín, alias “El Chaparrito”, uno de los colaboradores más cercanos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes.

De acuerdo a lo dado a conocer, el sujeto era jefe regional de esta organización delictiva en los estados de Colima, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo y fue detenido por las fuerzas federales en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Tras la detención, trascendió que dos hombres más fueron capturados al tiempo que se realizaban cateos simultáneos en las ciudades de Mérida, Yucatán y Guadalajara y Zapopan.

De acuerdo a medios locales, el trabajo de las autoridades tomó varios meses de seguimiento para que se pudieran realizar las acciones sin que se generaran actos de violencia que pusieran en riesgo a la población en general.

Fue detenido en 2022 pero quedó libre

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Aldrín Jarquín, ya había sido detenido en 2022, sin embargo, logró evadir a la justicia mexicana después de que un juez lo liberara para continuar su proceso judicial sin medidas cautelares tras ser detenido por elementos de la Semar en el estado de Colima.

De acuerdo con la información, El Chaparrito ocupaba una posición de mando en el CJNG, donde maneja enlaces del grupo delictivo en Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, respecto del tráfico de cocaína y metanfetaminas.

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Narcotráfico

Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses

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Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.

La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».

Sonora califica de falsa la información sobre Durazo

Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.

La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.

Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.

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Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal

Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.

El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.

Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.

Periodista comparte supuesta evidencia migratoria

El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.

Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.

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Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.

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Narcotráfico

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.

Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.

I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.

Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.

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El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.

Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.

El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.

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Narcotráfico

Marco Antonio Almanza, exmando policial de Sinaloa, descarta entrega a EE. UU.

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El exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente. A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario echó por tierra los rumores de las últimas horas que apuntaban a una presunta entrega voluntaria en Estados Unidos.

Mensaje desde el corazón de Culiacán

Para dar mayor certeza a su ubicación geográfica y desactivar las especulaciones sobre su estatus migratorio, Almanza Avilés eligió un escenario emblemático y de alta concurrencia pública en la capital del estado.

El exmando policial grabó el mensaje de pie y a plena luz del día desde los pasillos del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, confirmando que permanece en territorio mexicano y sin intenciones de abandonar la entidad.

Con esta acción, el exdirector de la corporación investigadora descartó categóricamente haberse entregado a las autoridades de los Estados Unidos.

“Firme” en su decisión

Durante la secuencia del video, Marco Antonio Almanza Avilés fijó una postura jurídica y personal tajante respecto a los requerimientos y órdenes de aprehensión con fines de extradición que pesan sobre su persona en el extranjero.

Aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse de forma voluntaria ante las cortes de la Unión Americana. Asimismo, el exjefe policial aprovechó el espacio para acusar la intensa campaña de desacreditación en su contra.

Uno de los 10 objetivos clave de Washington

Almanza Avilés es identificado como uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. dentro del expediente que indaga la red de protección institucional y vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.

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