La industria panificadora prevé ventas por mil 034 millones de pesos en 2026, impulsadas por nuevos sabores y formatos.

La industria panificadora de México prevé ventas de pan de muerto por mil 034 millones de pesos en la temporada de 2026, con una producción estimada de 4 mil 545 toneladas, equivalentes a unos 4.5 millones de kilogramos, de acuerdo con Julián Castañón, de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

El cálculo contempla un precio promedio de 227.50 pesos por kilogramo, lo que supondría un aumento del 2 % frente a 2025. Los importes varían según el establecimiento, los ingredientes y el tamaño de este producto asociado a la tradición mexicana del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre.

“El pan de muerto no es tampoco una temporada de un día. Es una temporada”, afirmó Castañón, al situar el periodo tradicional de comercialización entre mediados de septiembre y los primeros días de noviembre.

El representante destacó la participación de pequeñas panaderías y grandes establecimientos, así como cambios en las tendencias que han incorporado nuevos estilos como los rellenos de nata, queso crema con zarzamora y chocolate para responder a consumidores que buscan nuevos sabores.

“Lo que más se vende es el normal (de azúcar). Y de los rellenos, el que más se vende es el relleno de nata”, precisó.

La temporada también moviliza a proveedores de trigo, harina, huevos, leche, mantequilla y azúcar, además de transportistas y fabricantes de envases.

Castañón calculó que la panificación mexicana cuenta con unos 59.500 establecimientos en todo el país y genera entre 530 mil y 550 mil empleos directos, mientras que su cadena productiva supera el millón y medio de puestos.

Sobre los precios del pan en general, no anticipó aumentos generalizados al cierre del año o comienzos del siguiente, aunque señaló que cada empresa deberá evaluar sus salarios, prestaciones, alquileres y materias primas.

Identificó los costos laborales como una variable relevante, reconoció los beneficios de las mejoras salariales y señaló que los ingredientes fluctúan conforme a los mercados agropecuarios.

Además, añadió que los hornos más eficientes permiten reducir el consumo energético y que el frío suele favorecer las ventas, aunque no ofreció una proyección consolidada para el cierre anual.

El sector también enfrenta cambios de hábitos: clientes con menos tiempo para comprar y cocinar, menor frecuencia de visitas y mayor consumo matutino de pan dulce, según describió.

Para atenderlos, las panaderías incorporan café, desayunos, alimentos preparados, porciones pequeñas y variedades integrales o sin azúcar.

Aunque consideró práctico el efectivo para compras pequeñas, reconoció que otros consumidores ya no llevan dinero y necesitan pagar con tarjeta, en medio de un impulso en el país a los pagos electrónicos.

“Los que están creciendo están oyendo las necesidades de su consumidor”, sostuvo.

Una red de nueve empresas creó una estructura interna conocida como «La Fábrica de Licitaciones» para simular competencia y obtener contratos del Gobierno federal con precios que llegaron hasta 40% por encima de su costo real.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por 67 millones de pesos a las compañías y a siete personas físicas. Sanciones que se dan tras acreditar que coordinaron sus ofertas en 14 procedimientos de contratación pública entre 2012 y 2022.

Las irregularidades involucraron la compra y el arrendamiento de computadoras, impresoras, equipos de telecomunicaciones.

Además de otros servicios tecnológicos para dependencias como el IMSS, Pemex, ISSSTE, Conagua y la Secretaría de Economía.

¿Cómo funcionaba la «fábrica de licitaciones»?

De acuerdo con la investigación, las empresas pertenecían a un mismo grupo económico denominado Grupo Soluciones. Cuyos accionistas y administradores mantenían vínculos familiares, personales o laborales.

Aunque se presentaban como competidoras independientes, sus propuestas eran elaboradas por un equipo encargado de decidir qué compañía participaría en cada concurso y qué precios ofrecería.

De esta manera, aparentaban competir entre sí para conseguir contratos gubernamentales, cuando en realidad sus ofertas respondían a una estrategia coordinada.

La autoridad identificó estas prácticas en cuatro licitaciones públicas y diez procedimientos de invitación a cuando menos tres participantes.

¿Qué pasará con las empresas sancionadas?

La Comisión determinó que las conductas constituyen prácticas monopólicas absolutas, consideradas entre las infracciones más graves a la legislación de competencia económica.

La resolución, aprobada el 15 de octubre y difundida el martes 27, será notificada a las instituciones involucradas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar las acciones legales correspondientes.

Sin embargo, los 67 millones de pesos corresponden a las multas administrativas y no al daño económico total, cuyo monto no fue precisado.

Las compañías y personas sancionadas todavía podrán impugnar la resolución ante tribunales federales especializados.

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, habría sido retenida en un aeropuerto de Nueva York por transportar dinero en efectivo que presuntamente no declaró, según información publicada por Proceso.

El reporte, difundido este 27 de octubre, ubica el supuesto incidente aproximadamente dos semanas antes. No precisa el aeropuerto, la fecha exacta ni la cantidad de dinero involucrada.

La información se atribuye a fuentes cercanas al entorno político del exgobernador de Morelos y a personas del Congreso de la Unión. Blanco rechazó la versión y la calificó como un invento, de acuerdo con los reportes que recogen su respuesta.

¿Qué se sabe y qué falta por confirmar?

Según las fuentes citadas, Rezende habría explicado que el dinero sería destinado a una donación para una iglesia cristiana. Esa versión tampoco está acompañada de documentación pública que confirme el destino de los recursos.

Los reportes señalan que posteriormente regresó a México y mencionan una presunta revocación de su visa. Sin embargo, no hay confirmación oficial pública de esa medida ni de la supuesta retención.

Tampoco se ha difundido un documento judicial que permita establecer si enfrenta cargos penales.

En Estados Unidos, transportar efectivo no está prohibido ni existe un límite general a la cantidad que puede llevar una persona. La obligación es reportar a las autoridades cuando se trasladan más de 10 mil dólares, o su equivalente en otras monedas, al entrar o salir del país.

La declaración se realiza mediante el formulario FinCEN 105. Omitirla puede derivar en aseguramiento del dinero y sanciones, según las circunstancias. Estas reglas generales no permiten determinar qué ocurrió en el caso de Rezende, cuyo monto y situación jurídica siguen sin conocerse públicamente.