Los seis integrantes originales de Timbiriche reiteraron su rechazo a la serie sobre la agrupación y acusaron que la producción revictimizó a Sasha Sokol al abordar el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad por parte del productor Luis de Llano.

Tras el lanzamiento de los capítulos finales, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol difundieron este 3 de noviembre un comunicado en el que señalaron que la ficción distorsionó su historia.

Los músicos cuestionaron el tratamiento de ese episodio, que calificaron como doloroso e irresponsable, y rechazaron que convertirlo en entretenimiento contribuya a prevenir situaciones similares.

“No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron.

Cuestionan el tratamiento de su historia

El grupo sostuvo que su inconformidad se centra en la manera en que la producción presentó sus experiencias.

También agradeció al público que distinguió entre las situaciones narradas en pantalla y la vida privada de quienes integraron Timbiriche.

Los firmantes reconocieron la sensibilidad de quienes cuestionaron la representación del caso de Sokol y respaldaron su lucha por la justicia.

“Dentro de poco no se hablará de la serie”, señalaron, antes de afirmar que permanecerá el recuerdo de quien decidió denunciar y de la conversación pública que generó.

El comunicado también destacó que el proceso emprendido por Sasha Sokol llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abrió un camino para otras víctimas, según expresaron los integrantes.

La cantante hizo público que el abuso comenzó cuando tenía 14 años. Posteriormente, presentó una demanda por daño moral contra De Llano, después de que el productor hablara sobre ella en una entrevista.

Antes del estreno, los integrantes originales ya habían señalado que no participaron en la creación de la serie, no fueron consultados sobre las historias y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Las finanzas públicas mexicanas enfrentan una combinación de menores ingresos, mayor déficit presupuestario y una deuda pública en niveles históricos. Al cierre de septiembre de 2026, el déficit presupuestario alcanzó 968 mil 500 millones de pesos, un incremento real de 18.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Uno de los principales problemas se encuentra en la captación de recursos. Entre enero y septiembre, los ingresos del sector público sumaron 6.304 billones de pesos, lo que representó una caída real de 2.8%. El retroceso estuvo impulsado por la disminución de 21.5% en los ingresos petroleros y de 5.3% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque la recaudación del IVA creció 12%, el aumento no fue suficiente para compensar las pérdidas.

En contraste, el gasto público ascendió a 7.273 billones de pesos, con una reducción real de apenas 0.4%. Uno de los rubros que continúa presionando el presupuesto es el de las pensiones, que alcanzaron 1 billón 261 mil 300 millones de pesos, su nivel más alto en una década. Este monto representa un incremento de 5% frente al tercer trimestre de 2025 y equivale al 17.3% del gasto total.

La diferencia entre los recursos recaudados y el gasto ejercido se reflejó en un déficit presupuestario de 968 mil 500 millones de pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que representan la medida más amplia del déficit, se ubicaron en 959 mil 100 millones de pesos, con un crecimiento real de 3.1%.

El IMCO también advirtió que, por primera vez desde 2024, el balance primario registró un déficit para este periodo, lo que significa que los ingresos públicos fueron insuficientes para cubrir el gasto incluso antes de considerar el costo financiero de la deuda.

En materia de endeudamiento, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegó a 19 billones 554 mil millones de pesos, equivalente al 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata del máximo nivel nominal registrado en la serie de 2016 a 2026, lo que evidencia el crecimiento de las obligaciones financieras acumuladas por el sector público.

Aunque el costo financiero de la deuda disminuyó 3.7%, al ubicarse en 959 mil millones de pesos, el pago de intereses y otros compromisos financieros continúa absorbiendo una cantidad considerable de recursos que podrían destinarse a servicios públicos, infraestructura y otras necesidades presupuestarias.

El diagnóstico forma parte del análisis del IMCO sobre las finanzas públicas federales, elaborado con información de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondientes al periodo de enero a septiembre de los últimos 11 años. Las cifras muestran que, pese al aumento de la recaudación del IVA y el ligero ajuste del gasto, el Gobierno federal registra un déficit creciente, menores ingresos petroleros y una deuda que ya representa más de la mitad del PIB.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 25 millones 143 mil pesos del gasto educativo en Colima, durante 2025, al pagar salarios irregulares a docentes comisionados, cargos públicos y personal fallecido.

La fiscalización superior expone anomalías graves en la gestión de recursos públicos

El órgano fiscalizador confirmó desvíos millonarios operados desde la estructura gubernamental estatal durante el ejercicio fiscal.

La revisión de la Cuenta Pública 2025 documentó un manejo discrecional y presuntamente ilegal de los recursos federales asignados a la administración estatal. Las autoridades de la Secretaría de Educación en Colima incurrieron en omisiones sistemáticas que derivaron en la malversación de fondos públicos destinados exclusivamente a la enseñanza y la operación del sistema educativo local.

El daño al erario se concentró principalmente en el uso indebido del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conocido como FONE. Bajo este esquema, la dependencia estatal destinó 19 millones 317 mil 474 pesos para cubrir las percepciones de 32 maestros que desempeñaban actividades sindicales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha práctica viola de manera flagrante las restricciones presupuestales establecidas desde la reforma educativa instrumentada en la administración federal pasada.

Los recursos públicos financiaron prebendas sindicales, puestos políticos y plazas fantasmas

La dependencia educativa mantuvo nóminas irregulares para beneficiar a actores políticos, sindicales y personas finadas.

Dentro de las anomalías detectadas por el máximo órgano fiscalizador del país destaca el desvío de un millón 771 mil 536 pesos otorgados a cinco trabajadores de la educación que ostentaban cargos de elección popular. La administración estatal no logró acreditar que dichos funcionarios cumplieran con labores pedagógicas o administrativas vinculadas al sector educativo durante el periodo cobrado.

La opacidad en la nómina alcanzó niveles críticos al confirmarse el desembolso de un millón 450 mil pesos a favor de 20 trabajadores fallecidos. A esta irregularidad se sumaron pagos por un millón 235 mil 847 pesos entregados a seis trabajadores que acumulaban plazas en centros de trabajo con ubicaciones geográficas totalmente incompatibles para laborar de manera simultánea.

La administración estatal también liberó un millón 229 mil 419 pesos para 10 trabajadores de la educación que contaban con licencias sin goce de sueldo aprobadas. Asimismo, se detectó la dispersión de 138 mil 159 pesos a nueve trabajadores cuya relación laboral ya había concluido formalmente ante la Coordinación de los Servicios Educativos en Colima.

El uso discrecional de fondos se extiende a la educación tecnológica y de adultos

Las irregularidades presupuestales también afectaron al Instituto Estatal de Educación para los Adultos y obras universitarias.

El análisis de la Auditoría Superior de la Federación reveló que las anomalías no se limitaron al nivel básico, sino que alcanzaron al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. En este rubro se ejecutaron pagos por 186 mil 972 pesos dirigidos a tres trabajadores del Instituto Estatal de Educación para los Adultos que carecían del perfil y la preparación académica exigida para desempeñar sus cargos.

Adicionalmente, el gobierno estatal mantiene observaciones pendientes por un millón 307 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Dicho monto deberá ser aclarado debido a la omisión de aplicar penas convencionales por retrasos en la ejecución de infraestructura física en la Universidad Intercultural, ubicada en el municipio de Comala.

(Con información de Agencia Proceso)