Fue un golpe al corazón del obradorismo, el cual desde que en 2006 acusó a Felipe Calderón de robarse la Presidencia de la República, denunció al panista de aliarse con el crimen organizado. Denuncia que adquirió sustancia cuando Genaro García Luna fue detenido y condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Sin embargo, la revelación de la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson, impactó al morenismo y puso a dudar a simpatizantes, militantes y funcionarios por igual sobre el siguiente paso ante la acusación formal del mismo calibre contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, y seis personas más (los tres primeros, en funciones, algo histórico).

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este jueves parecen esclarecer cuál será el tratamiento jurídico y político que el Gobierno de México dará al caso, pero ello no despeja todas las dudas que hay entre los integrantes de la Cuarta Transformación sobre cómo actuar frente a tal acusación.

«No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Pero si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», dijo Sheinbaum Pardo leyendo -como pocas veces- sin gesticular ni mostrar una sola emoción en el rostro. «Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía».

Por angas o mangas, el debate se ha abierto en la 4T y dos son las posiciones: con toda la evidencia en contra, entregar a Rocha Moya en favor del proyecto, o defenderlo a capa y espada, siempre bajo la premisa de que este caso sea procesado ante las autoridades mexicanas, poniendo a prueba al nuevo Poder Judicial Federal, emanado de las urnas del Plan C.

«Que lo juzguen pero en México». «¿Entregarlo o defenderlo? Como sea, pero en México», se insiste en los grupos de WhatsApp donde se movilizan las estructuras de Morena para mitines, recorrer calles y levantar hashtags o colocar temas en redes sociales. No hay un acuerdo aún salvo esta postura que gana fuerza tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum.

«Se trata de que las instituciones en México funcionen», reaccionó aireado el analista Carlos Pérez Ricart en su participación de este miércoles en una mesa de debate en N+FORO. «La presidenta acaba de declarar que solo se entregará al gobernador de Sinaloa si la fiscalía encuentra pruebas contundentes […]. La pregunta obligada es si la fiscalía querrá, o no, encontrar esas pruebas», escribió Viri Ríos en su cuenta de Twitter.

Esta es la parte progre de los simpatizantes de la 4T que publican en diarios nacionales, como Jorge Zepeda Patterson quien en su columna en Milenio escribió: «en los gobiernos de Morena, sea a nivel federal o estatal, [las denuncias] parecen no trascender más allá de las segundas parrillas. Nunca a las cabezas. Es irónico que la última administración que lo hizo, la de Enrique Peña Nieto, a la que no se le tiene precisamente por una administración honesta, metió a la cárcel a tres de sus gobernadores. La 4T está lejos de poder decir algo similar».

La crítica no se hizo esperar tampoco del lado de La Jornada. Julio Hernández Astillero aseguró que Sheinbaum Pardo «está ante un dilema de cuya resolución dependerá buena parte del futuro del proceso 4T y de la aspiración de soberanía y progresismo en las cuotas que la aplastante realidad permita».

«Sorprende la facilidad con la que algunos -que se dicen de izquierda- caen en todas las trampas. Estamos en tiempos de guerra cognitiva. Washington intervino en Venezuela con mentiras. ¿Por qué habría de operar distinto en México? Estamos ante una operación psicológica gorda», fue la respuesta del monero Rafael Barajas, el Fisgón.

Por su parte, el influencer Poncho Gutiérrez embistió a su manera a la 4T. «Sheinbaum no le debe nada a Rocha Moya y debe separarlo antes de darle a Trump el pretexto que tanto anhela. Lo que estamos viviendo es el manual que EUA ha hecho en otros países y sólo el sector más analfabeta político de la sociedad sigue pensando que esto se trata de partidos políticos». Esta posición fue fuertemente rechazada por el senador Gerardo Fernández Noroña, como otros radicales del movimiento obradorista.

«¿Es un acto en contra el Estado mexicano? ¿Es acaso un acto político contra el movimiento de la transformación? ¿No seguir los procedimientos legales correspondientes tienen la finalidad de entrometerse en asuntos internos? ¿Acusar sin pruebas e informarlo como se hizo, busca abonar a la narrativa que la oposición en México ha querido impulsar durante años en contra de la transformación?», cuestionó Citlalli Hernández, quien regresó a Morena para ayudar a resolver la encrucijada del partido luego de entregar la Secretaría de Mujeres.

Otros voceros de Morena, como el diputado Arturo Ávila, son de esta posición: cuestionar y relativizar los cargos en ausencia de las pruebas, e incluso descalificar a Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, por un conflicto de interés debido a los nexos de amistad y negocios entre el fiscal y el presidente Donald Trump.

En contraste, la periodista de las mañaneras Meme Yamel pintó su raya y rechazó defender al mandatario sinaloense. «Ni de broma voy a meter las manos al fuego por Rocha Moya, un gobernador que ‘no sabe’ lo que pasa en su estado y que tiene mucho que responder sobre el operativo donde secuestraron al Mayo y lo entregaron a EE.UU».

Esta posición está a las antípodas de lo que otros youtuberos e influencers pro 4T han manifestado en sus redes sociales, insistiendo en que la revelación de la orden de extradición del morenista que despacha en Culiacán fue la respuesta de EU ante la denuncia de violación a la Constitución de México por la actuación ilegal de agentes de la CIA en Chihuahua con la complicidad de la gobernadora panista Maru Campos. Así lo han expresado Hans Salazar, Manuel Pedrero, y otros personajes más al servicio todavía de Luisa María Alcalde.

Mientras tanto, la dirigencia nacional de Morena emitió un comunicado oficial en el que expresa su preocupación de que Estados Unidos solicite una extradición sin ningún elemento de prueba. «Vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación», advirtió el partido guinda.

La 4T «que medio defienden a Rocha», reprochó Astillero en su videocharla especial sobre el tema.

Lo anterior porque a modo de deslinde del caso, no pasó desapercibido el respaldo «firme» a la actuación institucional del Gobierno de México, el cual -aseguró la dirigencia morenista- actúa «siempre en estricto apego al Estado de derecho» y confió en que las autoridades nacionales actuarán con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de la soberanía. De Rocha Moya, otra vez, en Morena confían en que las autoridades mexicanas procesarán el caso sin con ello confirmar abiertamente si van a entregarlo o defenderlo a capa y espada.