Nacionales
¿Y la “pacificación”? Violencia sigue creciendo pese a militarización de seguridad pública
Bajo el pretexto de “pacificar al país”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha buscado que los militares se hagan cargo de la seguridad pública.
Por ejemplo, el mandatario tabasqueño y su sucesora buscan que la Guardia Nacional (GN), corporación que el creó y que surgió con un mando civil, sea administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajo el pretexto de que “no se eche a perder” como ocurrió con la Policía Federal (PF) de Felipe Calderón.
En ese sentido, diversos gobiernos estatales y municipales encabezados por Morena han nombrado a militares y generales como titulares de sus respectivas Secretarías de Seguridad.
Sin embargo, pese a que la presencia del Ejército Mexicano se incrementó en la administración de López Obrador, ello no ha significado que los delitos de alto impacto se hayan reducido.
Y para demostrar ello, tenemos un informe difundido por México Evalúa, el cual exhibe que la violencia se enraíza cada vez más, pese a que ha incrementado la designación de militares y marinos en las Secretarías de Seguridad municipales y estatales.
La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011 – 2024 🪖
Descarga nuestro estudio y la base de datos abierta aquí 👇https://t.co/jwQByqNwMM
— México Evalúa (@mexevalua) July 23, 2024
Tasa de homicidios son más altos con secretarios de Seguridad que tienen perfiles militares
De acuerdo con su informe “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011 – 2024”, la organización no gubernamental expuso que en los últimos años, la administración de Morena delegó el 56% de las secretarías estatales de seguridad a mandos provenientes de la Secretaría de Marina (Semar); el 21% a mandos civiles; el 15% a líderes militares y el 8% a policías de carrera.
En ese sentido, expuso que en 2013 sólo el 3% de los titulares de las secretarías estatales de seguridad pública eran marinos, pero actualmente ocupan el 25% del total.
En contraste, los militares que han ocupado un cargo como titulares de estas dependencias pasaron de ser el 55% en 2011 al 5% en 2020; aunque desde esa fecha también han ido incrementando hasta llegar al 22%.
Sin embargo, enfatizó que pese a que hay una mayor presencia militar en las corporaciones policiales de los estados de la República “no garantiza la contención de la violencia”.
De acuerdo a los efectos registrados en el informe, las tasas de homicidios con secretarios con perfiles militares son más altos que el promedio, lo que muestra que no sólo no pueden contener la violencia y aún cuando no se ha podido medir de manera oficial; las estadísticas muestran que hay un alto número de rotación de militares en los cargos y de miembros de la Marina, esto hace que en las regiones donde están haya mayores niveles de violencia.
Por ejemplo, para el 2022 la tasa promedio de defunciones por homicidio en estados con perfiles civiles o policías de carrera fue de 34 por cada 100 mil habitantes, mientras que en los estados con perfiles de las Fuerzas Armadas fueron de 80 por cada 100 mil habitantes.
Incluso, en los años con bajas en los niveles de homicidios de estados con secretarios de las Fuerzas Armadas, los datos señalan que tan decrecimiento no está muy por debajo de los estados con secretarios civiles o de carrera policial.
En el caso de las tasas de homicidios de mujeres, la organización observó que es a partir de 2021 que los estados con secretarios provenientes de las Fuerzas Armadas tienen tasas más altas en comparación con los estados con secretarios civiles o policías.
Para 2022, mientras que los estados con perfiles civiles o policías de carrera tenían una tasa de 5 por cada 100 mil habitantes, para los estados con perfiles de las Fuerzas Armadas este número era de 10 por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, recalcó que las tasas de efectividad que son puestas a disposición por parte de elementos militares de delincuentes comunes es mucho menor a la de los policías.
“Militarización constituye el reconocimiento del fracaso de la autoridad local”
Por otro lado, el reporte señala que la militarización y la violencia criminal se retroalimentan. A partir de bases de datos, indica que los estados con secretarios de Seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidio de hombres que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o de la Marina.
“La reciente tendencia a la alza de las tasas de homicidios de mujeres sólo entre los estados con secretarios de las Fuerzas Armadas es preocupante, particularmente porque coincide con el crecimiento de designaciones de integrantes de la Marina”, indica
Sobre el proceso de militarización, se precisó que la designación de soldados y marinos al frente de la seguridad en los estados ha dado pie a la designación de otros militares en más puestos de la estructura de seguridad de los estados, a la compra de equipamiento militar y a una mayor apertura a la puesta en marcha de operaciones militares del gobierno federal.
Un fenómeno similar ha ocurrido cuando efectivos castrenses han sido designados al frente de la seguridad en los municipios.
Por último, para México Evalúa, los gobiernos estatales son renuentes a asumir el fortalecimiento de sus policías y han optado por dejar la seguridad en las fuerzas federales: “Se insiste en resolver problemas de inseguridad mediante políticas de militarización, lo cual constituye el reconocimiento del fracaso de la autoridad local y sus policías”.
Con información de Animal Político, Proceso y MVS Noticias
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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