Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, reportó en su declaración patrimonial de 2026 que tiene deudas por 48 millones de pesos, aunque señaló que sus ingresos como legislador ascienden a alrededor de 1.8 millones de pesos anuales.

El legislador registró tres operaciones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. La primera corresponde a un préstamo personal de 6 millones de pesos, obtenido el 7 de noviembre de 2024.

Posteriormente, el 1 de febrero de 2025, reportó otro préstamo personal por 30 millones de pesos. Finalmente, el 4 de abril del mismo año informó una deuda adicional de 12 millones de pesos, que clasificó como una operación de “compra-venta a plazos”.

En total, las tres operaciones suman 48 millones de pesos.

¿Qué bienes reportó Adán Augusto López?

En su declaración patrimonial de 2026, López Hernández no reportó inmuebles, vehículos ni empresas, pese a que en ejercicios anteriores sí había declarado propiedades y participación en sociedades.

Durante su etapa como gobernador de Tabasco, reportó junto con su familia 12 inmuebles, entre ellos una casa valuada en 8.3 millones de pesos y dos locales comerciales.

También declaró ser socio de Corporación Inmobiliaria Villahermosa y Organización Delit, empresas asentadas en Tabasco.

En su declaración de 2025, además, había informado que recibió como herencia dos terrenos, mientras que en 2024 registró una casa con valor superior a 8 millones de pesos y un terreno de un millón de pesos.

Adán Augusto López y las inconsistencias en sus declaraciones

Los documentos patrimoniales también presentan diferencias respecto a ingresos reportados anteriormente.

En septiembre de 2025, el senador aseguró que durante 2023 obtuvo ingresos por 22.6 millones de pesos y que en 2024 recibió 24.5 millones. Sin embargo, esos montos no aparecían en sus declaraciones patrimoniales, aunque López Hernández sostuvo que sí habían sido incluidos.

La información también señala que el contralor interno del Senado, Gerardo Fragozo, es el encargado de vigilar la entrega de las declaraciones patrimoniales de los legisladores.

Fragozo trabajó anteriormente en el SAT, donde coincidió con Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López Hernández.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024 con casi 45 mil millones de pesos provenientes de cuentas individuales inactivas transferidas de las afores al Estado.

Por unanimidad, el pleno determinó que la medida no constituye una confiscación o expropiación, ya que los trabajadores conservan la propiedad de sus recursos y pueden reclamarlos de manera permanente e imprescriptible.

SCJN avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 185 diputados de oposición. Los legisladores argumentaron que el decreto, impulsado por Morena y promulgado el 30 de abril de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, vulneraba el derecho de propiedad sobre los ahorros.

Sin embargo, la Corte concluyó que la transferencia de los recursos no afecta la propiedad privada. De acuerdo con el proyecto, los recursos depositados en las cuentas individuales siguen perteneciendo a las personas trabajadoras o pensionadas.

Además, el tribunal determinó que los titulares y sus beneficiarios pueden solicitar la restitución de los recursos cuando corresponda. Para ello, la legislación establece una reserva destinada a garantizar la suficiencia financiera del fondo.

La Corte rechaza que exista confiscación

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció la inquietud generada por la creación del fondo y rechazó que represente una confiscación, expropiación o privación de la propiedad de los trabajadores.

Aguilar Ortiz explicó que el cambio consiste en trasladar la administración de los recursos a un mecanismo distinto. No obstante, señaló que la propiedad permanece en manos de los trabajadores y que existe la posibilidad de recuperar los fondos.

Ante la polémica, el ministro presidente ordenó que la SCJN publique en su página la exposición y las diapositivas relacionadas con el proyecto aprobado por el pleno.

Fondo busca fortalecer la seguridad social

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que las reformas a las leyes del Seguro Social, Issste e Infonavit establecen una reserva de recursos. Esta medida busca respaldar la restitución del dinero cuando los titulares de las subcuentas o sus beneficiarios lo soliciten.

Asimismo, señaló que el fondo tiene como objetivo garantizar que las personas trabajadoras que cotizaron durante su vida laboral activa tengan acceso a una pensión digna. El propósito es que esta sea equivalente al último salario mínimo que hayan recibido.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar responde a un principio de solidaridad social. Según su planteamiento, los recursos no reclamados pueden utilizarse para complementar otras pensiones sin eliminar el derecho de sus titulares a recuperarlos.

Fondo continuará como fideicomiso público

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el decreto. Los diputados señalaron irregularidades durante el trabajo en comisiones.

No obstante, la Suprema Corte concluyó que esas irregularidades fueron “purgadas” durante el proceso y permitieron un debate libre y público en el pleno de la Cámara de Diputados.

Con la resolución, el Fondo de Pensiones para el Bienestar continuará operando como un fideicomiso público. El Banco de México fungirá como fiduciario, mientras que las afores y el PENSIONISSSTE deberán transferir los recursos de cuentas inactivas bajo las condiciones establecidas en la legislación.

En el caso del IMSS, la transferencia procederá cuando el trabajador cumpla 70 años, mientras que para el Issste será a partir de los 75 años. En ambos casos, la condición señalada es que la persona no mantenga una relación laboral activa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta tras confirmar la falsificación de productos BOTOX® y BOTOX® Cosmetic. Esta medida se deriva de un análisis técnico-documental realizado en conjunto con la empresa AbbVie Farmacéuticos. Se detectaron irregularidades en el etiquetado, números de lote no reconocidos y la comercialización ilegal a través de redes sociales.

La dependencia enfatizó que el uso de estos artículos representa una amenaza para la salud, ya que se desconoce su origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Al no existir certeza sobre las materias primas utilizadas, no se puede garantizar la seguridad, la eficacia ni la calidad de los tratamientos.

Lotes identificados y anomalías detectadas

La alerta se enfoca en presentaciones de frasco ámpula con polvo liofilizado. Entre los casos detectados en México destaca el producto BOTOX® Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) 100 U con lote HA88346. Este artículo presenta leyendas en inglés y turco y carece del permiso necesario para su comercialización en el país. Otra anomalías detectadas incluyen:

• BOTOX® 100 U con lote D0044C3: Leyenda de “caducidad” abreviada
• Lotes internacionales: C7746C3 (sin hologramas), C7936C3 (fechas de fabricación inconsistentes) y C8846C3 de 200 U (no válido para el fabricante)

De acuerdo con la Ley General de Salud, el BOTOX® (Toxina botulínica tipo A) es un producto que requiere receta médica para su adquisición. La Cofepris advierte que cualquier versión que se ofrezca sin registro sanitario no ha sido evaluada ni autorizada para su aplicación en seres humanos.

Recomendaciones a la población y profesionales de la salud

La Cofepris exhorta a la población a no adquirir productos médicos a través de redes sociales o sitios web no autorizados. Estos son los canales más frecuentes para la distribución de medicamentos falsificados. Asimismo, se recomienda a los profesionales de la salud verificar que los insumos adquiridos cuenten con los registros sanitarios vigentes.

En caso de detectar irregularidades en el etiquetado, empaques sospechosos o inconsistencias en los lotes mencionados, se solicita a la ciudadanía realizar la denuncia correspondiente ante la dependencia federal. El control es una responsabilidad compartida para prevenir daños irreversibles al bienestar de la población.