La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024 con casi 45 mil millones de pesos provenientes de cuentas individuales inactivas transferidas de las afores al Estado.

Por unanimidad, el pleno determinó que la medida no constituye una confiscación o expropiación, ya que los trabajadores conservan la propiedad de sus recursos y pueden reclamarlos de manera permanente e imprescriptible.

SCJN avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 185 diputados de oposición. Los legisladores argumentaron que el decreto, impulsado por Morena y promulgado el 30 de abril de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, vulneraba el derecho de propiedad sobre los ahorros.

Sin embargo, la Corte concluyó que la transferencia de los recursos no afecta la propiedad privada. De acuerdo con el proyecto, los recursos depositados en las cuentas individuales siguen perteneciendo a las personas trabajadoras o pensionadas.

Además, el tribunal determinó que los titulares y sus beneficiarios pueden solicitar la restitución de los recursos cuando corresponda. Para ello, la legislación establece una reserva destinada a garantizar la suficiencia financiera del fondo.

La Corte rechaza que exista confiscación

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció la inquietud generada por la creación del fondo y rechazó que represente una confiscación, expropiación o privación de la propiedad de los trabajadores.

Aguilar Ortiz explicó que el cambio consiste en trasladar la administración de los recursos a un mecanismo distinto. No obstante, señaló que la propiedad permanece en manos de los trabajadores y que existe la posibilidad de recuperar los fondos.

Ante la polémica, el ministro presidente ordenó que la SCJN publique en su página la exposición y las diapositivas relacionadas con el proyecto aprobado por el pleno.

Fondo busca fortalecer la seguridad social

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que las reformas a las leyes del Seguro Social, Issste e Infonavit establecen una reserva de recursos. Esta medida busca respaldar la restitución del dinero cuando los titulares de las subcuentas o sus beneficiarios lo soliciten.

Asimismo, señaló que el fondo tiene como objetivo garantizar que las personas trabajadoras que cotizaron durante su vida laboral activa tengan acceso a una pensión digna. El propósito es que esta sea equivalente al último salario mínimo que hayan recibido.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar responde a un principio de solidaridad social. Según su planteamiento, los recursos no reclamados pueden utilizarse para complementar otras pensiones sin eliminar el derecho de sus titulares a recuperarlos.

Fondo continuará como fideicomiso público

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el decreto. Los diputados señalaron irregularidades durante el trabajo en comisiones.

No obstante, la Suprema Corte concluyó que esas irregularidades fueron “purgadas” durante el proceso y permitieron un debate libre y público en el pleno de la Cámara de Diputados.

Con la resolución, el Fondo de Pensiones para el Bienestar continuará operando como un fideicomiso público. El Banco de México fungirá como fiduciario, mientras que las afores y el PENSIONISSSTE deberán transferir los recursos de cuentas inactivas bajo las condiciones establecidas en la legislación.

En el caso del IMSS, la transferencia procederá cuando el trabajador cumpla 70 años, mientras que para el Issste será a partir de los 75 años. En ambos casos, la condición señalada es que la persona no mantenga una relación laboral activa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta tras confirmar la falsificación de productos BOTOX® y BOTOX® Cosmetic. Esta medida se deriva de un análisis técnico-documental realizado en conjunto con la empresa AbbVie Farmacéuticos. Se detectaron irregularidades en el etiquetado, números de lote no reconocidos y la comercialización ilegal a través de redes sociales.

La dependencia enfatizó que el uso de estos artículos representa una amenaza para la salud, ya que se desconoce su origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Al no existir certeza sobre las materias primas utilizadas, no se puede garantizar la seguridad, la eficacia ni la calidad de los tratamientos.

Lotes identificados y anomalías detectadas

La alerta se enfoca en presentaciones de frasco ámpula con polvo liofilizado. Entre los casos detectados en México destaca el producto BOTOX® Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) 100 U con lote HA88346. Este artículo presenta leyendas en inglés y turco y carece del permiso necesario para su comercialización en el país. Otra anomalías detectadas incluyen:

• BOTOX® 100 U con lote D0044C3: Leyenda de “caducidad” abreviada
• Lotes internacionales: C7746C3 (sin hologramas), C7936C3 (fechas de fabricación inconsistentes) y C8846C3 de 200 U (no válido para el fabricante)

De acuerdo con la Ley General de Salud, el BOTOX® (Toxina botulínica tipo A) es un producto que requiere receta médica para su adquisición. La Cofepris advierte que cualquier versión que se ofrezca sin registro sanitario no ha sido evaluada ni autorizada para su aplicación en seres humanos.

Recomendaciones a la población y profesionales de la salud

La Cofepris exhorta a la población a no adquirir productos médicos a través de redes sociales o sitios web no autorizados. Estos son los canales más frecuentes para la distribución de medicamentos falsificados. Asimismo, se recomienda a los profesionales de la salud verificar que los insumos adquiridos cuenten con los registros sanitarios vigentes.

En caso de detectar irregularidades en el etiquetado, empaques sospechosos o inconsistencias en los lotes mencionados, se solicita a la ciudadanía realizar la denuncia correspondiente ante la dependencia federal. El control es una responsabilidad compartida para prevenir daños irreversibles al bienestar de la población.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que Colombia no autorizó el ingreso de su personal después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto.

Según el grupo mexicano, la coordinadora de Gestión de Riesgos, Silvia Vallen, comunicó que las capacidades nacionales tenían cubierta la emergencia y que no se permitiría el ingreso de equipos extranjeros.

Colombia prioriza insumos humanitarios

La versión coincide con información del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien señaló que Colombia solicitó ayuda únicamente mediante insumos. Los equipos colombianos permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Los Topos afirmaron que Colombia evaluaba la participación de grupos de Estados Unidos, Ecuador y Chile. Las autoridades no habían publicado una lista definitiva de equipos autorizados.

Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares para refugios, alimentos, protección y evaluación de daños. También activó un equipo para apoyar la coordinación.

México también preparó ayuda humanitaria y especialistas en rescate, pero la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el despliegue requería una solicitud formal de Bogotá.

Topos mantienen ofrecimiento de ayuda

La brigada mexicana respetará la decisión de Colombia y no enviará personal sin autorización. Sin embargo, mantuvo disponible su apoyo ante una nueva Evaluación de Daños y Necesidades.

El terremoto afectó ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Equipos nacionales continuaban buscando sobrevivientes mientras las comunidades recibían alimentos, agua, refugio y atención médica.

La decisión no supone el rechazo de toda cooperación internacional. Colombia ha solicitado materiales específicos para complementar su respuesta, pero distingue entre ayuda humanitaria y el ingreso de rescatistas extranjeros. Naciones Unidas permanece en contacto con las autoridades y ofreció respaldar la respuesta gubernamental conforme a las necesidades que sean comunicadas oficialmente.

El Gobierno colombiano sostiene que puede atender las operaciones con sus equipos. La participación de brigadas internacionales dependerá de nuevas evaluaciones y solicitudes oficiales.