La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que la brigada de rescatistas del Ejército mexicano no viajó a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto.

La mandataria explicó que el contingente de salvamento no pudo despegar debido a una exigencia de certificación adicional solicitada por el Gobierno del país sudamericano.

“Están certificados”: El motivo de la pausa en la brigada de la Defensa

Durante el encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum Pardo detalló los motivos técnicos que frenaron el traslado de la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa):

“Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación”, indicó la presidenta.

Asimismo, la titular del Ejecutivo puntualizó que la brigada militar cuenta con un amplio reconocimiento internacional de solidaridad y eficiencia en la atención a desastres naturales:

“Aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Está lista para salir en cualquier momento. Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, puntualizó.

Envío de ayuda humanitaria continuará

A pesar de la pausa en la llegada del personal de rescate en campo, el apoyo de México hacia la población colombiana no se ha detenido. La presidenta confirmó que, mediante las aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, se han enviado:

• Alimentos: Miles de despensas con productos no perecederos.
• Insumos médicos: Medicamentos y material de sanidad.
• Suministros diversos: Otros apoyos materiales solicitados expresamente por Colombia.

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, reportó en su declaración patrimonial de 2026 que tiene deudas por 48 millones de pesos, aunque señaló que sus ingresos como legislador ascienden a alrededor de 1.8 millones de pesos anuales.

El legislador registró tres operaciones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. La primera corresponde a un préstamo personal de 6 millones de pesos, obtenido el 7 de noviembre de 2024.

Posteriormente, el 1 de febrero de 2025, reportó otro préstamo personal por 30 millones de pesos. Finalmente, el 4 de abril del mismo año informó una deuda adicional de 12 millones de pesos, que clasificó como una operación de “compra-venta a plazos”.

En total, las tres operaciones suman 48 millones de pesos.

¿Qué bienes reportó Adán Augusto López?

En su declaración patrimonial de 2026, López Hernández no reportó inmuebles, vehículos ni empresas, pese a que en ejercicios anteriores sí había declarado propiedades y participación en sociedades.

Durante su etapa como gobernador de Tabasco, reportó junto con su familia 12 inmuebles, entre ellos una casa valuada en 8.3 millones de pesos y dos locales comerciales.

También declaró ser socio de Corporación Inmobiliaria Villahermosa y Organización Delit, empresas asentadas en Tabasco.

En su declaración de 2025, además, había informado que recibió como herencia dos terrenos, mientras que en 2024 registró una casa con valor superior a 8 millones de pesos y un terreno de un millón de pesos.

Adán Augusto López y las inconsistencias en sus declaraciones

Los documentos patrimoniales también presentan diferencias respecto a ingresos reportados anteriormente.

En septiembre de 2025, el senador aseguró que durante 2023 obtuvo ingresos por 22.6 millones de pesos y que en 2024 recibió 24.5 millones. Sin embargo, esos montos no aparecían en sus declaraciones patrimoniales, aunque López Hernández sostuvo que sí habían sido incluidos.

La información también señala que el contralor interno del Senado, Gerardo Fragozo, es el encargado de vigilar la entrega de las declaraciones patrimoniales de los legisladores.

Fragozo trabajó anteriormente en el SAT, donde coincidió con Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López Hernández.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024 con casi 45 mil millones de pesos provenientes de cuentas individuales inactivas transferidas de las afores al Estado.

Por unanimidad, el pleno determinó que la medida no constituye una confiscación o expropiación, ya que los trabajadores conservan la propiedad de sus recursos y pueden reclamarlos de manera permanente e imprescriptible.

SCJN avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 185 diputados de oposición. Los legisladores argumentaron que el decreto, impulsado por Morena y promulgado el 30 de abril de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, vulneraba el derecho de propiedad sobre los ahorros.

Sin embargo, la Corte concluyó que la transferencia de los recursos no afecta la propiedad privada. De acuerdo con el proyecto, los recursos depositados en las cuentas individuales siguen perteneciendo a las personas trabajadoras o pensionadas.

Además, el tribunal determinó que los titulares y sus beneficiarios pueden solicitar la restitución de los recursos cuando corresponda. Para ello, la legislación establece una reserva destinada a garantizar la suficiencia financiera del fondo.

La Corte rechaza que exista confiscación

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció la inquietud generada por la creación del fondo y rechazó que represente una confiscación, expropiación o privación de la propiedad de los trabajadores.

Aguilar Ortiz explicó que el cambio consiste en trasladar la administración de los recursos a un mecanismo distinto. No obstante, señaló que la propiedad permanece en manos de los trabajadores y que existe la posibilidad de recuperar los fondos.

Ante la polémica, el ministro presidente ordenó que la SCJN publique en su página la exposición y las diapositivas relacionadas con el proyecto aprobado por el pleno.

Fondo busca fortalecer la seguridad social

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que las reformas a las leyes del Seguro Social, Issste e Infonavit establecen una reserva de recursos. Esta medida busca respaldar la restitución del dinero cuando los titulares de las subcuentas o sus beneficiarios lo soliciten.

Asimismo, señaló que el fondo tiene como objetivo garantizar que las personas trabajadoras que cotizaron durante su vida laboral activa tengan acceso a una pensión digna. El propósito es que esta sea equivalente al último salario mínimo que hayan recibido.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar responde a un principio de solidaridad social. Según su planteamiento, los recursos no reclamados pueden utilizarse para complementar otras pensiones sin eliminar el derecho de sus titulares a recuperarlos.

Fondo continuará como fideicomiso público

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el decreto. Los diputados señalaron irregularidades durante el trabajo en comisiones.

No obstante, la Suprema Corte concluyó que esas irregularidades fueron “purgadas” durante el proceso y permitieron un debate libre y público en el pleno de la Cámara de Diputados.

Con la resolución, el Fondo de Pensiones para el Bienestar continuará operando como un fideicomiso público. El Banco de México fungirá como fiduciario, mientras que las afores y el PENSIONISSSTE deberán transferir los recursos de cuentas inactivas bajo las condiciones establecidas en la legislación.

En el caso del IMSS, la transferencia procederá cuando el trabajador cumpla 70 años, mientras que para el Issste será a partir de los 75 años. En ambos casos, la condición señalada es que la persona no mantenga una relación laboral activa.