Narcotráfico
La DEA aprovecha el arresto del Mayo y el homicidio de la mano derecha de Harfuch para complicar nombramientos en Sedena
Como todo en lo que esté a su cargo, los nombramientos del gabinete presidencial fueron ordenados y se dieron en el tiempo que planeó Claudia Sheinbaum hasta hace una semana, cuando arrestaron a Ismael «el Mayo» Zambada, aún sin confirmarse si fue secuestrado o se entregó a las autoridades norteamericanas, entre otros detalles importantes del caso.
En esas coordenadas se entendió en la cúpula morenista el reforzamiento del gabinete jurídico de Sheinbaum Pardo este jueves con el fichaje del ministro Arturo Zaldívar como coordinador de Política y Gobierno en la Oficina de Presidencia. Su trabajo consistirá en «dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales», explicó Claudia.
Se trataría de una especie de consejero jurídico sustituto en caso de que Ernestina Godoy asuma otra responsabilidad. Algunos la ven en la Fiscalía General de la República (FGR) si Alejandro Gertz Manero entrega el puesto entrando la nueva administración. De nuevo, todo esto tiene como tela de fondo la seguridad y la migración en ambos lados de la frontera.
Pues, como dio a conocer esta redacción, la detención de Zambada sucedió en medio de un proceso acelerado del Gobierno Federal por lograr la detención de un capo de alto nivel en medio de las tensiones electorales en Estados Unidos y la probabilidad de que Donald Trump gane la presidencia. Días antes, el republicano que tiene una pésima relación con las agencias de seguridad de su país, afirmaba en una entrevista que el narco controlaba México.
Además, casi al mismo tiempo tuvo lugar el homicidio del jefe de inteligencia de la Policía de Ciudad de México, el comisario Milton Morales Figueroa, la mano derecha del próximo titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y a quien presuntamente se estaría perfilando para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hoy en manos del general Audomaro Martínez Zapata.
De confirmarse estos movimientos en la órbita de García Harfuch y Sheinbaum Pardo, el órgano del espionaje del estado mexicano estaría otra vez lejos del centro gravitacional de las agencias de seguridad de Estados Unidos, en particular de la DEA, que no hace mucho reclamó a México por no entregar a tiempo las visas para el ingreso de 14 de sus agentes.
Esto fue bateado por el propio presidente López Obrador, quien aseguró que Anne Milgram, directora de la agencia antidrogas, «exageró». Pues, como es usual entre los altos funcionarios estadounidenses, no comprende que México es un país independiente y soberano, y que hay reglas que deben cumplirse a pesar de que no se respetaron en sexenios anteriores.
Aunque el conflicto bilateral es más profundo. Mientras que la Casa Blanca acusa a AMLO de no hacer nada para detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, en Palacio Nacional exhibieron los presuntos vínculos con el narcotráfico del destituido jefe de la DEA en México, Nicholas Palmeri, quien fue removido de su responsabilidad en 2022.
Lo anterior luego de la humillación que sufrió la Agencia Antidrogas tras la liberación del general Salvador Cienfuegos, extitular de Sedena, quien fue arrestado y acusado en Estados Unidos de trabajar como un capo más del narco. Los fiscales norteamericanos incluso los describieron como «extremadamente violento» para al final dejarlo regresar a México.
Ahora la DEA se mete en la sucesión en la Sedena, complicando los nombramientos y exigiendo que se consulte a la Casa Blanca. Sheinbaum declaró que el anuncio del próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional lo hará hasta septiembre, uno de los últimos cargos de su gabinete por confirmar, y que para ello no consideraría perfiles de mujeres.
Desde luego, con miras a una sucesión difícil en la Presidencia de Estados Unidos, acaso en favor de un Partido Republicano cada vez menos en sintonía con la DEA, la CIA y el Servicio Secreto, las agencias de seguridad norteamericana estarían buscando garantizar la armonía con la supersecretaría del gabinete mexicano al que, no sin sorna, el deep state llama -desde 2018 con Luis Cresencio Sandoval- la Vicepresidencia de México.
Narcotráfico
Lilly Téllez reafirma que Trump tiene pruebas del «narcopacto» de Morena
La senadora Lilly Téllez generó controversia al asegurar que Donald Trump posee evidencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. La legisladora advirtió que «esto apenas empieza», sin presentar pruebas que respalden sus declaraciones.
Trump tendría evidencias del «narcopacto» de Morena
La senadora panista sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump cuenta con elementos sobre un presunto «narcopacto» entre integrantes de Morena y grupos criminales.
Téllez afirmó haber advertido sobre este tema durante varios años y aseguró que la discusión continuará en los próximos días.
«Esto apenas empieza», declaró la legisladora en un mensaje público que rápidamente se difundió en redes sociales.
Sin embargo, la senadora no detalló cuáles serían esas pruebas ni presentó documentos, investigaciones o evidencias verificables que respaldaran su afirmación.
Acusaciones sin sustento documental público
Las declaraciones de Lilly Téllez se mantienen únicamente en el ámbito político, sin estar acompañadas de información comprobable.
La legisladora no ofreció detalles sobre el origen de la supuesta información ni explicó cómo Donald Trump habría obtenido dichos elementos.
Tampoco presentó expedientes, investigaciones judiciales o documentos públicos que permitan corroborar la existencia de las pruebas mencionadas.
De acuerdo con su posicionamiento, el presunto vínculo entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales debería investigarse y debatirse públicamente.
Nueva confrontación en el escenario político
Las afirmaciones se suman a una serie de intercambios entre figuras de oposición y representantes del partido oficialista.
La frase «esto apenas empieza» sugiere que la senadora mantendrá vigente este tema en la discusión pública durante las próximas semanas.
Téllez colocó nuevamente sobre la mesa una de las principales líneas de confrontación que ha sostenido con Morena en los últimos años.
Esta declaración representa un nuevo episodio en la serie de señalamientos que la legisladora ha dirigido contra el partido en el poder, aunque sin el respaldo de pruebas verificables hasta el momento.
La controversia generada por estas afirmaciones promete mantenerse en el centro del debate político nacional en los próximos días.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
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