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Nacionales

Gobierno descarta investigar a Marina del Pilar tras filtración de audios

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El Gobierno de México descarta investigar a Marina del Pilar Ávila Olmeda tras la difusión de unos polémicos audios.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que no existen elementos para abrir una indagatoria contra la gobernadora de Baja California.

En las grabaciones telefónicas, la mandataria estatal presuntamente ofrece compartir datos de las mesas de seguridad con autoridades de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la postura del gabinete y marcó una clara diferencia entre este caso y los operativos de agencias extranjeras en Chihuahua.

Omar García Harfuch afirma que no hay delito en audios de la gobernadora

La administración federal fijó su posicionamiento oficial durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Palacio Nacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendió los cuestionamientos sobre el caso de Baja California.

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García Harfuch explicó de forma directa que sostuvo una conversación previa con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Tras el análisis del material, el funcionario federal descartó la comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.

El secretario de Seguridad federal confirmó que la llamada telefónica difundida no revela información considerada sensible para la nación. Por lo tanto, el Gobierno de México descarta investigar a Marina del Pilar debido a la falta de pruebas delictivas.

Las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía General de la República no serán abiertas por este hecho en particular. La autoridad ministerial requiere indicios claros de una conducta criminal para proceder con una indagatoria formal.

El origen de la controversia pública surgió tras una columna periodística publicada por el analista Héctor de Mauleón. El comunicador exhibió grabaciones donde la mandataria bajacaliforniana conversa sobre el intercambio de información con presuntos agentes estadounidenses.

De acuerdo con el titular de la SSPC, los temas tratados en los audios corresponden a dinámicas institucionales comunes. La gobernadora notificó al gabinete de seguridad federal sobre la existencia de este material antes de que se hiciera público.

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Claudia Sheinbaum marca diferencias con operativos ilegales en Chihuahua

La presidenta de la República intervino en la discusión para dar claridad al manejo de las relaciones bilaterales. Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la situación de Baja California es radicalmente opuesta a los incidentes reportados en Chihuahua.

En el estado de Chihuahua, las fuerzas federales documentaron y denunciaron la intrusión física de agentes de Estados Unidos. El personal extranjero participó directamente en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en territorio mexicano.

Esa acción en el norte del país representó una violación flagrante a los códigos de la Ley de Seguridad Nacional. En contraste, el caso actual de Baja California se limita a un diálogo telefónico cuyo contexto sigue bajo análisis.

La jefa del Ejecutivo federal cuestionó la procedencia de las filtraciones y el espionaje contra los gobernantes estatales. Sheinbaum consideró fundamental conocer la identidad de las personas que grabaron y difundieron la conversación privada.

La presidenta instruyó a las áreas de inteligencia civil a revisar las condiciones en las que ocurrió la llamada. Sin embargo, reiteró que hasta el momento no existe evidencia de operaciones de agencias extranjeras en la entidad fronteriza.

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La identidad real de los interlocutores de la llamada telefónica aún no se encuentra plenamente confirmada por la federación. Las autoridades desconocen si los receptores pertenecen formalmente a alguna estructura gubernamental o policial del país vecino.

Las reglas de operación en las mesas de seguridad estatales

El secretario García Harfuch aprovechó la tribuna pública para detallar el funcionamiento de los órganos de coordinación regional. Las mesas de seguridad estatales operan de forma coordinada entre gobernadores, comandantes militares y fiscales locales.

En estos espacios de diálogo se revisan de manera cotidiana los índices de la incidencia delictiva de cada región. Los funcionarios dan seguimiento puntual a los objetivos prioritarios y analizan los casos de violencia en desarrollo.

El funcionario federal sostuvo que la información compartida en estas reuniones no es estrictamente cerrada al escrutinio técnico. Muchos de los datos estadísticos sirven para alimentar los diagnósticos compartidos con corporaciones internacionales aliadas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un comunicado de prensa para aclarar su versión de los hechos. La mandataria bajacaliforniana aseguró que sus gestiones siempre respetan los convenios de colaboración internacional autorizados por la federación.

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El Gobierno de México mantendrá la coordinación estrecha con la administración de Baja California para reforzar el combate al crimen. Las acciones operativas en la frontera continuarán sin modificaciones logísticas tras este incidente mediático.

Las fiscalías estatales no han recibido denuncias formales por parte de los partidos políticos de oposición de la entidad. El desenlace de la polémica dependerá de los nuevos datos que aporten las investigaciones sobre el espionaje telefónico.

La postura de la federación otorga un respiro político inmediato a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda frente a sus opositores. Al dictaminar que no existe filtración de datos reservados, el gabinete de seguridad cierra la posibilidad de un juicio interno. Sin embargo, el debate sobre el espionaje a funcionarios y la presencia de agencias estadounidenses en la frontera norte permanecerá bajo la lupa pública.

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Nacionales

[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco

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Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.

La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.

“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.

Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.

El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.

Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC

La confrontación no terminó con el intercambio verbal.

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Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.

El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.

El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.

La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.

El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.

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La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.

Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.

La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional

La discusión dejó de ser únicamente un problema local.

Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.

Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.

“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.

El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.

Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.

El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.

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Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.

Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.

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Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE

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Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.

La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.

Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.

De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.

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¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?

El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.

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Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.

Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.

Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.

El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.

La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.

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Nacionales

Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos

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El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.

El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.

“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.

Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.

Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos

Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:

  1. Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
  2. Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.

“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.

Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028

Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.

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El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.

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