Nacionales
Denuncia de violación grupal en Campeche expone vínculos políticos de los agresores
Una noche que cambió todo
El 30 de marzo de 2025, Susan Saravia, una joven de 22 años y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre.
Tras asistir a una fiesta con amigos, decidió continuar la celebración en su departamento. Lo que comenzó como una noche de diversión se transformó en una pesadilla cuando tres hombres, identificados como Yeshua N., Jorge N. y Ángel N., presuntamente la violaron en grupo.
La denuncia y las primeras trabas
Al día siguiente, Susan, acompañada por su madre, Luisa Elizabeth Rodríguez, acudió al Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para presentar la denuncia correspondiente.
Se abrió la carpeta de investigación CI-2-2025-448 por el delito de violación equiparada tumultuaria. Sin embargo, desde el inicio, el proceso estuvo plagado de irregularidades.
La madre de Susan denunció que, apenas unas horas después de interponer la denuncia, los presuntos agresores ya estaban al tanto de la misma, lo que sugiere posibles filtraciones dentro de la Fiscalía.
Vínculos políticos y encubrimiento
Lo que agrava aún más la situación es que los tres acusados tienen presuntos vínculos con el partido político Morena, que actualmente gobierna Campeche.
Se ha señalado que participaron en la campaña de una candidata local de dicho partido y que familiares de al menos uno de ellos ocupan cargos en el gobierno estatal. Esta cercanía al poder ha generado sospechas de encubrimiento y protección hacia los agresores.
Intentos de soborno y revictimización
La madre de Susan también reveló que la familia de uno de los acusados intentó sobornar a su hija para que retirara la denuncia, ofreciéndole bienes materiales y dinero. Además, durante el proceso legal, tanto Susan como su madre han enfrentado revictimización por parte de las autoridades, quienes en ocasiones han puesto en duda la veracidad de su testimonio.
El 15 de abril, se giraron órdenes de aprehensión contra los tres acusados. Sin embargo, fue hasta el 10 de julio que se logró la detención de Ángel N., quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Los otros dos, Yeshua N. y Jorge N., continúan prófugos, a pesar de los llamados públicos de la familia y colectivos feministas que exigen su captura.
Movilización social y exigencia de justicia
El caso ha generado indignación en la sociedad campechana y a nivel nacional. Colectivos feministas han organizado marchas y protestas exigiendo justicia para Susan y la detención de los prófugos. La madre de la víctima ha buscado reunirse con autoridades estatales, incluyendo a la gobernadora Layda Sansores, sin obtener respuesta.
Paralelismos con otros casos
Este caso ha sido comparado con otros de violaciones grupales que han sacudido a la opinión pública, como el de «La Manada» en España y «Los Porkys» en México. En ambos, se evidenció el influyentismo y la falta de respuesta por parte de las autoridades ante casos de violencia de género.
La denuncia de Susan Saravia no solo expone una grave violación a sus derechos humanos, sino que también pone en evidencia las redes de poder y protección que pueden existir en torno a los agresores.
La sociedad exige una investigación imparcial y la aplicación de la justicia sin importar los vínculos políticos de los involucrados. La lucha de Susan y su madre es un recordatorio de la importancia de no guardar silencio y de la necesidad de un sistema judicial que realmente proteja a las víctimas y castigue a los culpables.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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