Narcotráfico
DEA canceló investigación a AMLO por temor a crisis diplomática
La DEA preparó en 2010 una operación para que el militar Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien fue escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su candidatura de 2006, aportara evidencia del financiamiento del narcotráfico a la campaña, pero esta fue detenida ante el riesgo significativo de repercusiones políticas, de acuerdo con una publicación hecha este viernes por la agencia independiente ProPublica.
El reportaje firmado por el periodista Tim Golden se sustenta en documentos inéditos del gobierno de Estados Unidos sobre la investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) para conseguir pruebas que permitieran acusar al entonces candidato y a su equipo de campaña de recibir dinero de organizaciones criminales.
La DEA diseñó una operación en la que un supuesto traficante ofrecería millones de dólares a cambio de protección futura. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, la investigación nunca se concretó. A fines de 2011, el Departamento de Justicia decidió clausurar el caso, en parte debido al escándalo generado por la fallida operación “Rápido y Furioso”, que ya había deteriorado las relaciones entre Estados Unidos y México.
La decisión de cerrar la investigación se basó en el riesgo significativo de repercusiones políticas. La potencial acusación contra López Obrador, un candidato presidencial influyente, habría podido desatar una crisis diplomática con México, complicando aún más la cooperación en temas de seguridad y migración. Además, los documentos sugieren que la investigación estaba en una etapa temprana y las pruebas disponibles eran insuficientes para formular cargos contundentes.
Las revelaciones de ProPublica sobre este encubrimiento han reavivado tensiones entre ambos países. López Obrador ha criticado a la DEA y a las agencias estadounidenses, acusándolas de conspirar contra él. Mientras tanto, la administración Biden ha intentado calmar las aguas, subrayando que la investigación está cerrada y que el presidente mexicano no está bajo investigación actual.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de comunicación social respondieron en la conferencia matutina a la carta enviada por el periodista Tim Golden en la que informó sobre el reportaje.
Golden señaló en su carta dirigida a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia: “Los documentos indican que en una primera fase, los agentes de la DEA identificaron al entonces candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación. Sin embargo, los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente aprobó o supo del dinero que, según otras fuentes, el Cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral”.
En respuesta, Ramírez Cuevas destacó que la propia carta de Golden confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente. “Entonces, ¿por qué publicarlo?”, cuestionó Ramírez. También enfatizó que el presidente López Obrador ha planteado preguntas directas a Golden sobre la integridad y motivaciones detrás de su reportaje inicial de enero.
Ramírez expresó: “Si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que impliquen al presidente, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo?”.
Además, cuestionó la falta de respuesta de Golden a las preguntas planteadas por el presidente, que incluían detalles sobre las fuentes de información y las motivaciones detrás del reportaje.
Información de Latinus
Narcotráfico
Lilly Téllez reafirma que Trump tiene pruebas del «narcopacto» de Morena
La senadora Lilly Téllez generó controversia al asegurar que Donald Trump posee evidencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. La legisladora advirtió que «esto apenas empieza», sin presentar pruebas que respalden sus declaraciones.
Trump tendría evidencias del «narcopacto» de Morena
La senadora panista sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump cuenta con elementos sobre un presunto «narcopacto» entre integrantes de Morena y grupos criminales.
Téllez afirmó haber advertido sobre este tema durante varios años y aseguró que la discusión continuará en los próximos días.
«Esto apenas empieza», declaró la legisladora en un mensaje público que rápidamente se difundió en redes sociales.
Sin embargo, la senadora no detalló cuáles serían esas pruebas ni presentó documentos, investigaciones o evidencias verificables que respaldaran su afirmación.
Acusaciones sin sustento documental público
Las declaraciones de Lilly Téllez se mantienen únicamente en el ámbito político, sin estar acompañadas de información comprobable.
La legisladora no ofreció detalles sobre el origen de la supuesta información ni explicó cómo Donald Trump habría obtenido dichos elementos.
Tampoco presentó expedientes, investigaciones judiciales o documentos públicos que permitan corroborar la existencia de las pruebas mencionadas.
De acuerdo con su posicionamiento, el presunto vínculo entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales debería investigarse y debatirse públicamente.
Nueva confrontación en el escenario político
Las afirmaciones se suman a una serie de intercambios entre figuras de oposición y representantes del partido oficialista.
La frase «esto apenas empieza» sugiere que la senadora mantendrá vigente este tema en la discusión pública durante las próximas semanas.
Téllez colocó nuevamente sobre la mesa una de las principales líneas de confrontación que ha sostenido con Morena en los últimos años.
Esta declaración representa un nuevo episodio en la serie de señalamientos que la legisladora ha dirigido contra el partido en el poder, aunque sin el respaldo de pruebas verificables hasta el momento.
La controversia generada por estas afirmaciones promete mantenerse en el centro del debate político nacional en los próximos días.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
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