Investigaciones recientes señalan que la familia Guzmán estructuró una red de relaciones públicas y comerciales con la administración de Rocha Moya, actual mandatario con licencia de Sinaloa. Según declaraciones del periodista Jorge Fernández Menéndez, Griselda López, exesposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán y madre de dos de los llamados «Chapitos», operaba como contratista del gobierno estatal.

Esta dinámica le permitía suministrar materiales para una parte considerable de la obra pública en la entidad, consolidando una convivencia que trascendía lo estrictamente comercial. Este reportaje fue presentado este fin de semana por el equipo de Excelsior.

La red de contactos de Rocha Moya

El especialista en seguridad sostiene que la relación entre los círculos cercanos a los grupos criminales y funcionarios estatales no se limitaba a encuentros furtivos. Por el contrario, existía una convivencia social aceptada. Como ejemplo, Fernández Menéndez recordó una comida celebrada en la finca donde capturaron a Ovidio Guzmán, días antes de su detención el 5 de enero de 2023. A este evento acudieron diversos integrantes del gabinete de Rocha Moya, quienes conocían plenamente el entorno y los anfitriones de la reunión.

El analista advierte sobre las implicaciones legales actuales de estos lazos. Los narcotraficantes mexicanos procesados en Estados Unidos suelen entregar información sobre sus presuntos vínculos con autoridades locales. Por tanto, los recientes movimientos de los miembros de la familia Guzmán hacia territorio estadounidense podrían derivar de acuerdos de colaboración con las autoridades de aquel país, más allá de capturas accidentales.

Desconfianza en la fuente: ¿Jorge Fernández dice la verdad?

Pese a la magnitud de la revelación. Es importante señalar que existe cierta adversión por la fuente: Jorge Fernández Meléndez. Lectores, simpatizantes e incluso opositores al movimiento oficialista, han manifestado dudar sobre la veracidad de las fuentes del periodista. No son señalamientos menores.

La falta de información oficial sobre eventos críticos sigue generando críticas hacia el gobierno federal. Fernández Menéndez cuestionó la opacidad respecto a la operación que resultó en el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos. Aunque la Fiscalía General de la República sugiere que pudo tratarse de una operación encubierta del FBI, el gobierno mexicano carece de conclusiones sólidas derivadas de sus propias investigaciones.

Finalmente, el periodista abordó la complejidad de las alianzas políticas en la región. Se refirió a la estrecha relación histórica entre el fallecido diputado Héctor Melesio Cuén y el gobernador Rocha Moya. Según este análisis, la fractura entre los liderazgos del Cártel de Sinaloa —los hijos de Guzmán frente a Zambada— también marcó una división política, donde cada bando buscó alianzas estratégicas con distintos actores del escenario local para fortalecer su posición.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo describe como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Según las autoridades estadounidenses, tiene presencia en países de 5 continentes: América, Asia, Oceanía, África y Europa.

De acuerdo con la Guía Antiterrorista Internacional, el grupo mantiene operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, así como diversos países de África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica, lo que le da presencia en cinco continentes.

Según la ficha oficial, el CJNG también experimentó un cambio en su estructura de mando tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias el «Mencho», en febrero de 2026.

El documento identifica a Juan Carlos Valencia González, alias «El 03», como el nuevo líder de la organización y señala que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El informe señala que el CJNG surgió en 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio, una antigua facción del Cártel de Sinaloa, y que desde 2018 amplió su presencia en distintas regiones de México. Para 2026, el documento lo ubica como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

La organización, agrega el Departamento de Estado, opera mediante una estructura jerárquica en la que líderes regionales coordinan las actividades diarias bajo las órdenes del líder general. Además, utiliza un modelo de franquicias, mediante el cual grupos criminales locales se afilian al CJNG para facilitar su expansión fuera de sus principales bastiones.

La ficha también estima que el CJNG cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes. En México, identifica como zonas de mayor presencia a Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Hace tres semanas, el secretario Omar García Harfuch informó que las autoridades mexicanas tienen identificados y bajo investigación a cuatro miembros destacados del CNG que podrían ocupar el liderazgo de la organización criminal tras la muerte del Mencho.

El titular de la Secretaría de Seguridad explicó que en el organigrama de liderazgo dentro del CJNG el sucesor natural y más fuerte se considera a Juan Carlos Valencia González hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Rubén Oseguera Cervantes el Mencho.

La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada García ha enviado una carta de recomendación de condena al juez federal Brian Cogan, previo a la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de julio. En el documento, redactado por el abogado Frank A. Pérez, se ratifica que el cofundador del Cártel de Sinaloa acepta de manera inequívoca su culpabilidad y la inminente cadena perpetua, pero solicita consideración en la designación del penal donde cumplirá su reclusión.

A diferencia de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, la defensa argumenta que Zambada García, de 76 años, evitó un costoso juicio de alto perfil al sistema judicial de Estados Unidos, protegiendo además a testigos y víctimas de los riesgos de testificar públicamente.

Los puntos clave de la estrategia legal de Zambada

• Sin acuerdos de cooperación: El documento enfatiza que “El Mayo” no busca negociar una reducción de su pena ni ha otorgado asistencia sustancial a las autoridades estadounidenses. No obstante, en el marco legal de EE. UU., este tipo de colaboraciones suelen iniciarse a instancias del Departamento de Justicia una vez dictada la sentencia.
• El “anzuelo” del secuestro: La misiva contrasta el perfil de Zambada con el de “El Chapo”, describiendo al primero como un “mediador” que buscaba soluciones pacíficas. Según la defensa, esa reputación fue utilizada como carnada el 25 de julio de 2024, cuando fue emboscado, golpeado y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López.
• Petición de prisión especial: Aunque la defensa reconoce que la sentencia será la misma que la de Guzmán Loera (cadena perpetua), solicita al juez Cogan que Zambada no sea enviado a una prisión de súper máxima seguridad (Supermax). En su lugar, piden un centro que pueda atender sus múltiples problemas de salud, cuyos detalles específicos permanecen bajo reserva en el expediente público.

Perfil biográfico y contexto político

La carta incluye una semblanza de Zambada, detallando sus orígenes en una familia campesina, su educación limitada a la primaria y sus inicios a los 19 años en el narcotráfico. Asimismo, menciona aspectos de su vida personal, indicando que es padre de 16 hijos cuyas edades oscilan entre los 6 y los 55 años.

El caso cobra relevancia política tras la declaración de culpabilidad de Zambada el 25 de agosto de 2025. En ese momento, la administración estadounidense de Donald Trump, a través de la entonces fiscal general Pam Bondi, calificó el hecho como un triunfo histórico contra el “narco-terrorismo” global, señalando el fin de la impunidad con la que operaba la cúpula del Cártel de Sinaloa mediante el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

El juez Brian Cogan, conocido por haber sentenciado a “El Chapo” Guzmán y al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, será el encargado de definir los términos finales de la reclusión de Zambada el próximo 20 de julio.