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Congreso designa a Bertha Alcalde como titular de la FGJ CDMX

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El Congreso capitalino aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a la designación de Bertha María Alcalde Luján, como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por un periodo de cuatro años, contados a partir del 10 de enero de 2025.

Al tomar la palabra, el congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la comisión, indicó que la construcción, consolidación y reforma constante del sistema jurídico debe ser enfocada a las personas que históricamente han estado en desventaja, contando con un marco jurídico adecuado, con fiscalías eficientes cercanas a la ciudadanía y que garanticen el acceso a la justicia.

Asimismo, comentó que en la realización del procedimiento público y riguroso de designación, debe reconocerse la labor que desarrolló el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, así como el trabajo para elaborar un dictamen constituido por la asignación de valores derivados de la percepción subjetiva y del pensamiento lógico de cada integrante de la comisión dictaminadora, con cédulas de evaluación públicas e integradas al dictamen presentado.

El legislador Martínez Urincho explicó que para la selección de la persona titular, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia llevó a cabo el proceso de evaluación en el cual se conocieron los elementos objetivos respecto a la visión, metas, objetivos, planeación, perspectivas, aspectos funcionales y operativos, desarrollo institucional y visión general para de la procuración de justicia de la aspirante.

Al subir a tribuna, el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) consideró que la designación de la persona titular de la FGJ CDMX es fundamental para brindar una justicia pronta y expedita a la población de la capital, y define el rumbo de esta institución, que es fundamental para la Ciudad de México. Consideró que Alcalde Luján tiene una formación académica sólida y una trayectoria adecuada para garantizar su labor al frente de esta instancia.

La congresista Esther Silvia Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) consideró trascendental para la capital del país la designación en comento, y dijo “es una oportunidad para transformar y fortalecer la procuración de justicia capitalina; además que la trayectoria de Alcalde Luján es un testimonio de dedicación y compromiso con la legalidad, la equidad y la rendición de cuentas”.

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Por su parte, la legisladora Nora Arias Contreras (PRD) expresó que la fiscalía debe ser de puertas abiertas, hacer justicia sin tintes políticos, lograr que se investiguen los delitos sin impunidad, con una institución cercana a la gente, con acciones eficaces y eficientes en investigación de los delitos y la procuración de justicia, siempre con respeto a los derechos humanos. Señaló que se reformó la ley para combatir la extorsión y dotar a la fiscalía de herramientas legales para combatirla, por lo que dará su voto de confianza pues se requieren de resultados inmediatos.

En su oportunidad, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) reconoció que este proceso fue democrático y pidió el mayor esfuerzo para lograr que en la capital haya justicia; “la Ciudad de México necesita una fiscalía transparente y capaz de estar a la altura de las circunstancias que dejó la pasada administración”.

El diputado Royfid Torres González (MC) señaló que esta decisión es trascendental para transformar la procuración de justicia en la capital, y para generar confianza entre la población, ya que actualmente la Ciudad de México enfrenta una crisis por una alta impunidad, ya que el 94 por ciento de los delitos no se denuncian y solo uno de cada 100 se castiga, por lo que existe un índice de impunidad del 99 por ciento.

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Al tomar la palabra, la congresista María del Rosario Morales Ramos (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) aseguró que la labor de investigación y persecución de los delitos, requieren de un perfil íntegro profesional con vocación en servicio público, por lo que Alcalde Luján resulta ser la más idónea para dirigir una institución tan indispensable para la capital; afirmó que con la toma de decisiones de la nueva administración, se logrará fortalecer la confianza de la ciudadanía en la FGJ local.

La legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) calificó el proceso de selección de la nueva titular de la fiscalía, como “un ejercicio democrático de gran relevancia para la consolidación de las instituciones de justicia en la capital; con ello, queda claro, de nueva cuenta, que la transparencia y el involucramiento de la sociedad son las mejores herramientas que brindan a la ciudad, certeza en la toma de decisiones”.

La autonomía en una fiscalía no es un privilegio, o algo inalcanzable, sino un derecho o necesidad para garantizar que cualquier persona acceda a un sistema confiable o eficaz, sin ésta la justicia se convierte en un servicio a intereses particulares en lugar de ser un derecho universal, refirió el diputado Andrés Atayde Rubiolo (PAN); y agregó que la autonomía es en esencia una garantía de que la justicia será aplicada sin miedo y sin favoritismos. Adelantó que votarán en contra, con el deseo de que esta nueva fiscalía “pueda significar, porque así lo deseamos, una oportunidad reformadora y profesionalizante”.

Al hacer uso de la voz, la congresista Martha Avila (MORENA) reconoció el trabajo realizado por el Consejo Judicial Ciudadano y por las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que desarrollaron un proceso riguroso, exhaustivo, abierto a la ciudadanía y de amplio análisis, de la misma manera, aseveró que Bertha María Alcalde Luján “cumplió todos y cada uno de los requisitos para ser la fiscal en la Ciudad de México, ella reúne las capacidades, cualidades y firmeza para encabezar la institución”.

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Nacionales

Diputado de MORENA regaló camioneta de 900 mil pesos, niega ser deudor alimenticio

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Se armó la pelea por una camioneta y para variar un diputado de Morena esta implicado. Sin embargo, los argumentos apuntan a su favor. Aunque con ciertos matices. Ernesto Prieto Gallardo niega ser deudor alimentario y asegura que la camioneta que presuntamente regaló tuvo un costo 400 mil pesos menos.

Ahora bien. ¿Qué tiene que ver una camioneta, su precio, el regalo con una pensión alimenticia? Es un poco revuelto el tema pero con gusto lo vamos a desmenuzar para entederlo paso a paso.

El origen de la polémica: la pelea de los Ernestos

Todo comenzó hace algunos días, cuando el diputado de Morena Ernesto Prieto dijo no ser capaz de pronunciar el nombre de Ernesto Ruffo Appel bajo la excusa de que no es una persona honorable. Ya sabes, políticos dando golpes de pecho.

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De hecho queda como algo para recordar su frase contra el exfuncionario: “a este personaje de nombre Ruffo Appel, y no digo Ernesto porque aquí habemos varios Ernestos honorables”.

Pero como todos los políticos tienen cola, no tardo algun rival en sacarle o inventarle pruebas. Acá fue el turno de Marco Antonio Baños quien respondió acusándolo de no reconocer la paternidad de una hija así como de no pagar la manutención de la misma.

“No sé si ya haya pagado la pensión de alimentos y haya concluido un procedimiento que tenía instaurado… Es un deudor alimentario, hay que decirlo con toda claridad”, sentenció.

Todo se junta para el diputado de Morena

Con todo este cóctel, decidieron hacer una comparativa para criticar su poca coherencia política. Por un lado, el espléndido diputado de morena que da una camioneta de un valor de un millón 300 mil pesos. Por otro lado, un deudor alimentario que niega la paternidad.

Como respuesta, Ernesto Gallardo respondió por ambos frentes. Primero, negando que la camioneta costará esa cifra, sino «solamente» 900 mil pesos. Y segundo, retando a quienes lo acusaron de deudor alimenticio de probar tal argumento.

La información sigue su curso. Entre señalados y acusaciones, ya veremos de qué cuero salen más escándalos.

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Detienen a ‘R1’, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

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Autoridades federales detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la captura ocurrió después de meses de investigación.

En el operativo participaron la SSPC, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Colaboraron la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido es identificado como principal líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades señalan que el grupo mantiene operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de contar con presencia en Jalisco. La organización estaría relacionada con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

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La SSPC indicó que esas actividades han afectado a productores, comerciantes, empresarios y familias de regiones de Michoacán.

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Con la captura de “R1” suman 31 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo

El alcalde fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en el Festival de las Velas, realizado en la plaza principal de Uruapan.

Las investigaciones anteriores permitieron identificar una estructura encargada de planear el ataque, vigilar al funcionario y coordinar a sus autores materiales. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como intermediario dentro de la organización.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado dónde fue capturado “R1”. Tampoco informaron las imputaciones específicas que enfrentará ni los siguientes pasos de su proceso judicial.

García Harfuch afirmó que la detención representa un avance en la estrategia federal para combatir la extorsión y debilitar estructuras criminales.

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La operación forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, basado en tareas de inteligencia, investigación y coordinación institucional.

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INE ordena al PRI retirar publicaciones que afectarían a Morena

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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, abstenerse de utilizar diversas expresiones para referirse a Morena y retirar publicaciones en redes sociales que, de manera preliminar, podrían constituir actos de calumnia.

La resolución deriva de una queja presentada por Morena, que denunció varias publicaciones del líder priista y del propio partido en las que se empleaban términos como «narcogobierno», «narcopropagandista», «narcopolíticos», «narcodictadura», «cártel de Morena» y «narcopartido».

Durante una sesión extraordinaria, la Comisión analizó la solicitud de medidas cautelares promovida por Morena, al considerar que dichas expresiones le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El INE ordenó retirar por lo menos cinco publicaciones

Tras revisar el caso, los consejeros determinaron procedente dictar medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales de Alejandro Moreno y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del PRI.

De acuerdo con la Comisión, las publicaciones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociar al partido con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico suficiente, por lo que ordenó su retiro mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

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Las medidas cautelares tienen carácter provisional y buscan evitar posibles afectaciones durante el desarrollo del procedimiento especial sancionador. Será posteriormente la autoridad electoral competente la que determine si las publicaciones constituyen o no una infracción a la legislación electoral.

El caso se suma a una serie de controversias entre los principales partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, en el que el uso de redes sociales y la propaganda política se mantiene bajo vigilancia de las autoridades electorales.

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