Nacionales
Caso Segalmex: FGR mantiene pruebas por desvío de 800 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución favorable en el caso Segalmex. El tribunal permitió mantener 15 pruebas contra dos empresarios.
La investigación está relacionada con un presunto desvío de aproximadamente 800 millones de pesos. Los recursos estaban vinculados con operaciones financieras realizadas durante 2019 y 2020.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la cancelación de un juicio de amparo.
La defensa de los empresarios buscaba dejar fuera testimonios, documentos y un peritaje financiero. Con la resolución, esas pruebas permanecerán dentro del expediente.
El caso todavía no termina. La decisión judicial tampoco representa una sentencia de culpabilidad contra los acusados.
Caso Segalmex: ¿qué pruebas podrá utilizar la FGR?
La resolución permite que el Ministerio Público Federal conserve 15 elementos considerados relevantes para la investigación.
El expediente incluye siete testimonios, siete documentos y un peritaje financiero.
Entre las pruebas aparece una opinión de delito emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ese documento forma parte de los elementos utilizados por la Fiscalía para sustentar su acusación.
La FGR sostiene que las operaciones investigadas involucraron recursos públicos de Segalmex y Liconsa.
La acusación también señala la participación de particulares mediante operaciones financieras.
Los empresarios René D. y su hijo René D. aparecen como accionistas relacionados con Corporación en Asesoría Financiera (Corafi).
La defensa intentó invalidar parte de las pruebas mediante un juicio de amparo.
Sin embargo, el tribunal confirmó la cancelación de ese recurso.
Por ahora, esto permite que la Fiscalía continúe utilizando esos elementos durante el proceso judicial.
¿Cómo ocurrió el presunto desvío de 800 millones?
La investigación de la FGR ubica las operaciones entre febrero de 2019 y junio de 2020.
Durante ese periodo, recursos de Segalmex y Liconsa fueron colocados en certificados bursátiles privados.
La operación habría utilizado intermediarios financieros y un fideicomiso bursátil identificado como CIC/3050.
El fideicomiso estaba relacionado con Corafi, de acuerdo con la investigación.
La operación ofrecía un rendimiento anual de 11 por ciento.
Sin embargo, las autoridades detectaron irregularidades en los instrumentos financieros utilizados.
Las investigaciones señalaron que los títulos estaban respaldados por fideicomisos sin recursos suficientes.
También se cuestionó que las operaciones contaran con la regulación necesaria para manejar recursos públicos.
Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y revisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) forman parte del contexto del caso.
La investigación busca establecer cómo salieron los recursos públicos y quiénes participaron en las operaciones.
También pretende determinar si hubo beneficios indebidos para particulares.
¿Qué significa la resolución del tribunal?
La decisión judicial representa un avance para la FGR dentro del proceso contra los empresarios.
Sin embargo, no significa que los acusados hayan sido declarados culpables.
El tribunal únicamente determinó que las pruebas cuestionadas por la defensa pueden permanecer dentro del expediente.
Esto permite que la Fiscalía las utilice durante las siguientes etapas del procedimiento.
Los empresarios mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
También pueden presentar argumentos y pruebas para defenderse durante el proceso.
En caso de que posteriormente exista una sentencia, las partes todavía podrían utilizar los recursos legales correspondientes.
Por ello, la resolución debe entenderse como una decisión procesal.
El punto central es que la FGR conserva elementos que considera necesarios para sostener su acusación.
La decisión también permite que el caso avance hacia una etapa donde se analice la responsabilidad de los particulares involucrados.
¿Qué tiene que ver Segalmex con los 800 millones?
Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida como Segalmex, fue creada para apoyar a productores y contribuir al abasto de alimentos.
El organismo concentró diferentes programas y operaciones relacionados con productos básicos.
Posteriormente, distintas auditorías detectaron posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Las investigaciones abarcaron contratos, compras, operaciones financieras y otros movimientos.
La FGR abrió diferentes carpetas de investigación relacionadas con esas anomalías.
El caso ha involucrado a funcionarios, exfuncionarios y particulares.
La operación vinculada con Corafi corresponde a una de las investigaciones financieras.
En este expediente, el monto señalado ronda los 800 millones de pesos.
La Fiscalía busca determinar si los recursos fueron colocados mediante mecanismos que no cumplían con las reglas aplicables.
También busca establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron.
Empresarios quedan bajo proceso de investigación
La resolución judicial coloca nuevamente el foco sobre los empresarios relacionados con Corafi.
La FGR podrá utilizar los testimonios y documentos que la defensa buscaba excluir.
El peritaje financiero también permanecerá como parte del expediente.
Este elemento puede ser relevante para reconstruir las operaciones y seguir la ruta del dinero.
La investigación deberá determinar qué ocurrió con los recursos y quién tomó las decisiones.
También será necesario acreditar las responsabilidades que la Fiscalía atribuye a cada persona.
Por ahora, las acusaciones deben mantenerse dentro del ámbito de las investigaciones judiciales.
No existe una condena definitiva contra los empresarios señalados.
La presunción de inocencia continúa vigente mientras el proceso no concluya.
¿Qué sigue en el caso Segalmex?
El siguiente paso será continuar con el procedimiento judicial utilizando las pruebas que el tribunal permitió conservar.
La FGR tendrá que presentar sus argumentos y demostrar sus acusaciones durante las etapas correspondientes.
La defensa, por su parte, podrá controvertir las pruebas y presentar sus propios elementos.
El caso será relevante para determinar si los particulares señalados tuvieron responsabilidad en la operación financiera.
También permitirá conocer qué ocurrió con los aproximadamente 800 millones de pesos involucrados.
La resolución no recupera por sí misma esos recursos ni determina responsabilidades definitivas.
Su importancia radica en que mantiene abierta la vía judicial para que las acusaciones sean analizadas.
El caso Segalmex continúa así bajo investigación y proceso judicial.
La atención estará puesta ahora en el desarrollo de las siguientes etapas.
El caso Segalmex vuelve a tomar fuerza con esta resolución judicial.
La FGR mantiene 15 pruebas que considera fundamentales contra los empresarios señalados.
El monto investigado ronda los 800 millones de pesos.
Sin embargo, todavía falta determinar responsabilidades mediante un proceso judicial.
La resolución tampoco representa una condena.
El desenlace dependerá de las pruebas, los argumentos de ambas partes y las decisiones que adopten los tribunales.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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