Columna Al pie de la letra

Por Raymundo Jiménez

En materia de procuración de justicia, en Veracruz, bajo el régimen de la 4T, han ocurrido casos igual o más aberrantes que en Guerrero, donde la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, una teniente coronel en activo y licenciada en Justicia Militar, acaba de ser destituida contra su voluntad luego del alevoso asesinato que policías estatales cometieron el pasado 7 de marzo en el libramiento Chilpancingo-Tixtla en contra del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, crimen que enardeció a los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014, y cuyo caso sigue impune a pesar de que en su campaña de 2018 el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecerlo y proceder penalmente inclusive contra los presuntos militares implicados.

En Veracruz, en cambio, la fiscal Verónica Hernández Giadáns sigue tan campante en su cargo a pesar de algunas injusticias indignantes que inclusive han llegado hasta instancias internacionales. La más reciente es la que se denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual inició una investigación no sólo en contra de la titular de la FGE sino también del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y de Eric Cisneros Burgos, ex secretario de Gobierno y ex jefe de Hernández Giadáns, por la presunta violación de los derechos humanos en la arbitraria detención e imputación del empresario Itiel Palacios García, (a) “El Compa Playa”.

En la denuncia que hizo pública la madre del empresario, Celina García Rosales, como representante de su hijo “actualmente privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 5, en Villa Aldama, Veracruz”, se acusa también a Héctor Miguel Pacheco Saavedra, Fiscal Primero de la Sub Unidad Integral de Playa Vicente del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, y a Vicente Vázquez Cruz, Fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Playa Vicente en el mismo distrito de Cosamaloapan.

El mandatario veracruzano se ha mantenido en su postura de que Itiel Palacios es un delincuente. “Yo mantengo mi postura del ‘Compa Playa’. Por supuesto. Ya quien lo quiera defender, adelante. Es bueno que también se fijen posturas en la opinión pública. Yo no defiendo a los narcotraficantes, yo voy contra ellos. Bueno, yo voy contra ellos y si alguien lo quiere defender, pues adelante”, respondió el mandatario veracruzano al ser cuestionado de que éste sería un caso más por el que la Fiscalía General del Estado es acusada de “fabricar delitos”.

Este caso ya traspasó las fronteras, pues además de que la madre de Itiel acudió ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuyo titular es el austriaco Volker Türk, la esposa del “Compa Playa”, Karina Álvarez Zamudio, quien tiene la ciudadanía estadounidense, pidió directamente en junio de 2023 ayuda a la vicepresidente de EU, Kamala Harris, y al Secretario de Estado, Anthony Blinken. Y les funcionó, pues el gobierno gringo ya tomó nota del asunto, según confirmó en redes sociales el popular influencer Irving Gatell, cuya cuenta de X verificada, antes Twitter, es seguida por más de 329 mil internautas.

A su vez, el periodista Víctor Hugo Arteaga, desde su plataforma “UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES XPECTRO FM”, también ha dado seguimiento a este caso, señalando nuevas irregularidades en el proceso judicial contra el “Supuesto Culpable Veracruzano”, Itiel Palacios García, preso sin pruebas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Arteaga revela que además del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, este caso también es analizado a fondo por la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, la cual dio entrada y estudia la petición de la familia del inculpado para recibir la calidad de víctima de las autoridades del estado de Veracruz.

Por su parte, la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra ejerció su facultad de atracción para investigar a las autoridades de las Fiscalías estatales de Coahuila, Nuevo León y Veracruz que, en conjunto, mantuvieron desaparecido y secuestrado entre el 3 y el 5 de junio de 2023 por más de 60 horas a Palacios García, tras un nuevo arresto a las afueras del Cefereso 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. El acuerdo de atracción obra en el expediente CNHD/2/2024/1530/Q.

La Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, confirmó la recepción en México de decenas de pruebas documentales contenidas en un documento de 48 páginas, en el cual se da cuenta de varias irregularidades en el proceso que la Fiscalía de Veracruz posiblemente haya cometido en los juicios en contra del supuesto culpable, acusado de un doble crimen que no cometió, de acuerdo con los datos de prueba que obran en el proceso judicial.

Itiel Palacios es acusado por la Fiscalía de Veracruz de asesinar el 27 de abril de 2018, en un palenque del municipio de Playa Vicente, a Leonardo Hernández, alias “El Brujo”, y a Eneas Ramírez, ambos miembros de un grupo delictivo.

El 3 de junio del 2023, la jueza Angélica Sánchez Hernández resolvió no vincularlo a proceso luego de que un Tribunal Colegiado Unitario en el Recurso de Revisión determinó que se le debía conceder un amparo para obtener su libertad.

Al salir del Penal Federal 18 de Ramos Arizpe, en Coahuila, volvió a ser detenido por agentes ministeriales que cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra solicitada por la Fiscalía de Veracruz.

Aunado a decenas de irregularidades en el proceso, un nuevo hallazgo, que podría ser clave en el juicio, se dio a conocer luego de que informes de la defensa legal y de la propia ex jueza Angélica Sánchez Hernández, actual candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, señalan que el caso debió desestimarse desde un principio, luego de que los cuerpos de los asesinados no fueron sometidos a una necropsia apegada a la ley.

El equipo de abogados de Palacios García entrevistó, utilizando la libertad de investigación y con autorización de la Fiscalía de Veracruz, al médico forense encargado de “estudiar y/o analizar” los cuerpos de las víctimas la noche del 27 de abril del 2018, horas después de sus asesinatos en un palenque de Playa Vicente.

El médico forense encargado de las necropsias, Samuel Rivera Reyes, tenía ordenado realizar éstas en el SEMEFO, sin embargo, sin orden que lo facultara, se trasladó a cada uno de los domicilios de los fallecidos.

En su declaración oficial, el forense Samuel Rivera Reyes reconoció que no realizó los procedimientos técnicos con base en los protocolos oficiales que le permitieran considerar que el dictamen que emitió corresponde a una necropsia de ley.

El perito detalló que los cuerpos de los occisos se encontraban dentro de sus respectivos ataúdes, sin que la familia le permitiera manipularlos, ni trasladarlos al SEMEFO y que únicamente le autorizaron tomar fotografías de los cadáveres desde el exterior de los féretros y a través de un cristal, sin que en ningún momento tuviera contacto con los restos.

La propia ex jueza Angélica Sánchez declaró a los medios de comunicación que, en su momento, le comentó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que el caso se vendría abajo por la falta de necropsia.

La titular del Poder Judicial de Veracruz le dio la orden explícita de buscar por todos los medios mantener a Palacios García en prisión.

“Cuando estaba elaborando mi resolución le comenté a la presidente del TSJE y le dije ‘desde ahorita te digo que este asunto se va a caer”, afirmó a XPECTRO FM.

“Porque la Fiscalía acusa de homicidio a esta persona y no hay exámenes de necrocirugía. Ella se quedó muy sorprendida porque apenas venía entrando como presidenta y dijo: ‘¿cómo que no hay necrocirugías?’. Pues no hay necrocirugías. ¿Cómo lo puedo corregir yo eso?

“El médico forense fue a las casas de los fallecidos en donde los cuerpos estaban siendo velados y los familiares les impidieron llevárselos al SEMEFO para realizarles las necrocirugías, sólo les permitieron tomar fotografías y ellos, a ‘ojo de buen cubero’, señaló que habían recibidos disparos”, recordó la ex jueza Sánchez Hernández.

Además, la asistente criminalista no firmó los documentos de la diligencia y estuvo en tres lugares diferentes “al mismo tiempo”.

Otra irregularidad encontrada fue el de la asistente que acompañó al médico forense a los domicilios de los fallecidos, Cristian Miriam Arrez Pérez. “En los documentos que presentó la Fiscalía de Veracruz, la asistente que fue con el médico forense señala que estuvo en tres lugares diferentes, el mismo día y a la misma hora. Es algo increíble que dicha asistente tiene el poder de la omnipresencia para poder estar en tres lugares al mismo tiempo”, señalaron los abogados de Itiel Palacios.

El no tener los documentos de las supuestas necropsias, la firma de la asistente en criminalística se opone a la legislación aplicable que señala que todos los participantes en las diligencias deben firmar para que tenga validez.

El equipo legal de Palacios García también entrevistó al encargado de los servicios funerarios, quien manifestó que él fue la persona encargada de trasladar los cuerpos de los occisos a sus respectivos domicilios, para sus servicios funerarios (por órdenes de sus familiares).

El testigo detalló que en ningún momento se llevaron los cuerpos al SEMEFO; que él fue la persona que preparó los cuerpos con formol y que éstos ya se encontraban vestidos por sus familiares, por lo que de estos ejercicios de investigación tuvo conocimiento la Fiscalía de Veracruz y no fueron objetados de alguna forma.

Pero, también, la defensa legal acreditó la presencia de Itiel Palacios a cientos de kilómetros del lugar de los hechos, así como el día y la hora en que ocurrieron los asesinatos que se le imputan.

El abogado defensor Alejandro Hernández aclaró que se acreditó que Itiel Palacios estaba en una Notaría Pública en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el 27 de abril del 2018 a la hora en la que Leonardo Hernández, “El Brujo”, y Eneas Ramírez fueron víctimas del ataque armado que les costó la vida.

Este dato de prueba fue materia del juicio de amparo 1106/2021, del índice del Juzgado 4 de Distrito en Boca del Río y fue valorado por los Magistrados Penales, quienes ordenaron darle valor al mismo.

“Ya se ha probado a todas luces en diversos procedimientos jurisdiccionales que el señor Itiel Palacios, uno, es un empresario; dos, es una persona de familia; tres, se encontraba en un lugar diverso al lugar de los hechos.

“Un lugar que se encuentra a más de cinco horas de donde se dieron los hechos… material y humanamente no es posible que se haya podido trasladar en un lapso de 20 minutos de un lugar a otro”, remarcó el defensor Alejandro Hernández.

La jueza en aquel momento, Angelica Sánchez Hernández, otorgó valor probatorio al hecho de que Palacios García estaba frente a un notario público en Tehuacán el día y minutos antes de la hora en que ocurrieron los decesos de las víctimas.

El valor otorgado por la entonces jueza al instrumento notarial que pone a Palacios García a cientos de kilómetros de distancia del lugar de los hechos, fue analizado por el Juzgado 4 de Distrito en Boca del Río.

Dicho Juzgado fue quien determinó que el valor otorgado por la jueza Angélica, al instrumento notarial que constituyó una de las razones de la libertad de Palacios, fue correcto y la Fiscalía de Veracruz no interpuso su inconformidad. Así, quedó firme.

El gobernador Cuitláhuac García criminalizó a Itiel Palacios desde el año 2020 con sus declaraciones, pero sin aportar pruebas contundentes.

El abogado Armando Vallejo Peralta, quien forma parte de la defensa legal de Palacios García, destacó que el gobernador García Jiménez ha acusado a su defendido de ser un narcotraficante con mucho dinero, capaz de pagar millones de pesos para comprar autoridades.

Itiel Palacios es acusado de un doble crimen del ámbito estatal, pero no existe ningún proceso o acusación en su contra por delitos vinculados con el narcotráfico o contra la salud, que son del fuero federal, ni se ha presentado ninguna prueba de ello, hasta el momento.

“El propio señor gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, me refiero al año 2020, ya lo había juzgado con sus discursos políticos. Generó, creo, difundió la imagen, atentando la dignidad, el honor y afectando a la familia al detallarlo como una persona que genera violencia.

“Hasta el día de hoy sólo ha malinformado a los veracruzanos y a las personas que adquieren estos discursos de su naturaleza como gobernador. La Fiscalía se ha ocupado desde su primer minuto de la detención del señor Itiel Palacios García, de prolongar esta privación de la libertad”, destacó el abogado Armando Vallejo.

La defensoría legal del detenido refirió que, por insólito que parezca, Itiel Palacios García está frente a un caso de “cosa juzgada” y la Fiscalía de Veracruz, en unión con los jueces a modo, no han logrado destruir semejante prueba y lo tienen en prisión con ilegalidades.

“Sin necrocirugía para determinar la causa de muerte y teniendo acreditado que minutos antes del homicidio, con testigos y ante la fe pública del notario estaba en otro lugar, sigue (la Fiscalía de Veracruz) vinculándolo a proceso y privándolo ilegalmente de su libertad”, acusó la defensa legal de Itiel Palacios.

Ante la presión de la Fiscalía y del Ejecutivo estatal sobren los jueces del Poder Judicial del Estado, la familia de Itiel Palacios hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, a reiterar su respaldo de autonomía e independencia judicial para los juzgadores federales de Veracruz, los cuales son atacados constantemente por los comentarios del gobernador Cuitláhuac García, quien, como se recordará, el 20 de mayo del año pasado encabezó una manifestación ante la sede del Poder Judicial de la Federación, portando ataúdes, cruces y fotografías con los nombres de la ministra Piña Hernández y del ministro Alberto Pérez Dayán, quien días antes había presentado un proyecto que echó abajo, por inconstitucional, la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador; otro revés fue la llamada “Ley Nahle”, aprobada por el Congreso local que modificaba la Constitución Política de Veracruz para permitir que personas no oriundas de la entidad, pero que tuvieran hijos nacidos en el estado, pudieran ser electos para la gubernatura; además de la derogación del delito de “ultrajes a la autoridad”, al declarar con 10 votos a favor y uno en contra, la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz por considerarlo violatorio a los derechos humanos.

Información retomada de SDP Noticias