Narcotráfico
Autoridades recuperan 42 ranchos y 2 minas de manos del crimen
Fuerzas estatales y federales recuperaron el control de una zona fronteriza con Arizona que había sido tomada desde el 2019 por un brazo armado de Los Chapitos
En Sonota, autoridades estatales y federales lograron recuperar una zona fronteriza con Arizona, al recobrar 42 ranchos y dos minas que estaban en manos de Los Pelones, un brazo de Los Chapitos.
Desde 2019, este grupo armado tomó a sangre y fuego un área de 90 mil hectáreas donde pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería.
Los ranchos ganaderos o cinegéticos fueron saqueados y destrozados. Algunos dueños, como Rogelio Lizárraga y su familia, ya pudieron regresar a su propiedad, donde atienden a turistas que acuden a cazar venados.
OPERATIVO EN SONORA RESCATAN RANCHOS Y MINAS DESPOJADOS
Para financiar a La Chapiza con 1.6 millones de dólares al mes, producto de la explotación ilegal de una mina de oro en el desierto de Sonora, el brazo armado de Los Pelones operaba en la región fronteriza con Arizona, desplazó con violencia y amenazas a pobladores, dueños de ranchos, trabajadores y campesinos del poblado La Ciénega y sus alrededores.
Desde 2019, a sangre y fuego combatiendo a otros grupos criminales como el Cártel de Caborca y Los Salazar, pero también amenazando a civiles, sicarios lograron tomar el control y lucrar con más de 42 ranchos y dos minas, ubicadas es un polígono de 90 mil hectáreas, una superficie equivalente a los estados de Morelos o Tlaxcala, donde sus pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería; pero todo lo destruyeron.
Hasta septiembre de 2024, cuando un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, retomaron el control de la región en una acción diseñada junto con un grupo de asesores especialistas en seguridad minera, logrando recuperar 42 ranchos y dos yacimientos.
Un asesor en inteligencia que participó en el diseño de la operación explicó a Excélsior que por meses la Secretaría de Seguridad Pública dio seguimiento táctico y de inteligencia en la región. Estableció que Omar Félix “N”, conocido como El Pelón de Sonoyta, jefe de plaza de La Chapiza, mandaba a Iván Archivaldo Guzmán, por avioneta, el equivalente a 1.6 millones de dólares en oro.
“El oro que se extraía en la Mina de la Ciénega y Cerro Colorado era una gran fuente de financiamiento para la facción de Los Chapitos. Eran cinco puntos donde tenían entre 80 a 100 personas trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana, para extraer el oro que vendían en Caborca, Sinaloa y Jalisco”, explicó el asesor de seguridad minera, quien pidió omitir su identidad.
El llamado oro de placer se encuentra en depósitos de arena, grava u otros sedimentos que contienen minerales valiosos. Se forma cuando el oro se libera de los depósitos en las vetas, es transportado y se concentra para limpiarse y separarse de otros materiales.
Considerando que las minas La Ciénega y Cerro Colorado fueron explotadas por cinco años con un rendimiento promedio de 1.6 millones de dólares al mes, se calcula que el cártel obtuvo más de 96 millones de dólares, unos dos mil millones de pesos.
Además de las minas, los sicarios se apoderaron de ranchos mediante amenazas contra los dueños para exigirles que abandonaran la zona. En estas propiedades cada año llegaban cazadores nacionales y extranjeros para realizar la cacería cinegética del venado bura y el borrego cimarrón.
También había corrales de ganadería y parcelas con siembras, pero todo fue saqueado y abandonado por los sicarios. El ganado fue sacrificado para alimentarse o dejado morir en inanición; las parcelas se secaron y las cosechas se perdieron, porque los campesinos y jornales fueron desplazados.
Cómo evidencia de la violencia que se vivió en la región, quedó el rancho Paraíso de Los Cachanillas, donde los sicarios balearon todos los inmuebles, quemaron dormitorios, incendiaron vehículos y los dejaron en ruinas.
Tras el operativo que comenzó en septiembre de 2024, a la fecha, se han recuperado 42 ranchos y dos minas; los pobladores han regresado a sus labores porque se estableció una Base Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar paz y tranquilidad en la región. Los caminos y las propiedades son monitoreadas en tiempo real desde el C5i con cámaras de videovigilancia, recorridos aéreos con drones, helicópteros y aeronaves, así como patrullajes constantes.
El pasado 26 de marzo un grupo de sicarios intentó retomar la zona, pero fue neutralizado por la Policía Estatal.
Actualmente, los operativos continúan en la zona fronteriza porque todavía falta una decena de ranchos por ser recuperados.
“ES LA ÚNICA FORMA DE VIVIR QUE CONOZCO”
Luego de tres años desplazado con violencia, sin poder regresar a su rancho Bamuri, en Pitiquito, por fin la temporada pasada Rogelio Lizárraga y su familia pudieron volver a atender a más de 25 estadunidenses en su propiedad quienes vienen cada año a cazar venado cimarrón y bura.
El Bamuri es uno de los 42 ranchos rescatados y que actualmente cuentan con monitoreo en tiempo real y patrullajes de la Policía Estatal
“No podíamos atender a los cazadores extranjeros por miedo a que pasara algo, me decían que abandonara todo, que lo olvidara y me dedicara a otra cosa, pero esta es la única forma de vivir que conozco y me apasiona. Nací aquí, tengo 55 años y soy la cuarta generación de mi familia dedicada al campo”, aseguró Lizárraga.
El propietario de El Bamuri, que en lengua pima significa “por donde corre el agua”, volvió con su esposa e hija, sin embargo, narró con tristeza que otro hijo fue directamente amedrentado por criminales y aún no quiere regresar.
Cuando la familia Lizárraga fue despojada, el rancho tenía más de 100 cabezas de ganado, sembradíos, amplias zonas arboladas y miles de hectáreas para la cacería, pero el ganado fue sacrificado, los árboles y sembradíos los dejaron secar, y realizar la cacería era imposible por los constantes enfrentamientos armados y los convoyes de sicarios que transitaban por la zona.
Ahora la paz y la tranquilidad han vuelto, los cazadores norteamericanos han regresado y el rancho El Bamuri volvió a ser una fuente de generación de empleos para más de 25 familias.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
Narcotráfico
Marco Antonio Almanza, exmando policial de Sinaloa, descarta entrega a EE. UU.
El exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente. A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario echó por tierra los rumores de las últimas horas que apuntaban a una presunta entrega voluntaria en Estados Unidos.
Mensaje desde el corazón de Culiacán
Para dar mayor certeza a su ubicación geográfica y desactivar las especulaciones sobre su estatus migratorio, Almanza Avilés eligió un escenario emblemático y de alta concurrencia pública en la capital del estado.
El exmando policial grabó el mensaje de pie y a plena luz del día desde los pasillos del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, confirmando que permanece en territorio mexicano y sin intenciones de abandonar la entidad.
Con esta acción, el exdirector de la corporación investigadora descartó categóricamente haberse entregado a las autoridades de los Estados Unidos.
“Firme” en su decisión
Durante la secuencia del video, Marco Antonio Almanza Avilés fijó una postura jurídica y personal tajante respecto a los requerimientos y órdenes de aprehensión con fines de extradición que pesan sobre su persona en el extranjero.
Aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse de forma voluntaria ante las cortes de la Unión Americana. Asimismo, el exjefe policial aprovechó el espacio para acusar la intensa campaña de desacreditación en su contra.
Uno de los 10 objetivos clave de Washington
Almanza Avilés es identificado como uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. dentro del expediente que indaga la red de protección institucional y vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.
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