«Acepto el desafío», lanzó López Obrador durante su conferencia de este martes en respuesta a los dichos de comisionados del INAI sobre realizar una investigación «hasta las últimas consecuencias» sobre la exhibición de datos de María Amparo Casar.

«Me van a sancionar. Acepto el desafío porque tengo muchas cosas que decirles y probables», replicó el mandatario, con duros cuestionamientos hacia el Instituto Nacional de la Transparencia.

«Vean nada más esto del Inai. Ahora resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito, pero ¿Quién lo sostiene?, es el instituto de la transparencia, dijo.

Más adelante en su conferencia también ironizó que será Claudio X. González quien encabezará la investigación sobre si la exposición del caso resulta violatoria a la ley y que, además que lo hará con copia de uno de los financiadores, que es el gobierno de EU.

La discusión se abrió luego de que el pasado viernes, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acusara a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción de intentar cambiar el dictamen de la fiscalía sobre la muerte de su esposo, quien era coordinador de asesores en Pemex y en 2004 cayó de una torre de la petrolera.

El dictamen señala que fue suicidio, sin embargo, Casar cobró un seguro y una pensión que le fue otorgada hasta este pasado febrero como si el fallecimiento de su esposo si hubiese tratado de un accidente. El gobierno sostiene que este es un caso de corrupción y, por tanto, no implica una violación la exposición de sus datos.

Por otro lado, el presidente se mostró este día satisfecho con los logros de su gobierno que está a meses de terminar. «Va a ser muy difícil dar marcha atrás a lo que se ha logrado, que haya retrocesos porque hay mayor conciencia. Ya cambió la mentalidad del pueblo y cambia todo. Se dice fácil pero es complicadísimo cambiar la mentalidad del pueblo en lo político», dijo.

Octavio Romero Oropeza aseguró este lunes que no hubo ninguna violación a la privacidad por exhibir el caso de la familia Casar, pues dijo que la propia normativa del INAI establece que no puede reservarse información cuando se trata de un caso de corrupción.

Tras una serie de críticas y cuestionamientos sobre la información que se presentó el pasado viernes en Palacio Nacional, el director de Pemex dijo esta mañana que era necesario aclarar aún más el tema, enfatizando que la señora María Amparo Casar incurrió en un acto de corrupción en el cobro de la pensión y un seguro tras el fallecimiento de su esposo, ex trabajador de la petrolera, hace 20 años.

Fue un octubre de 2014 que Carlos Fernando Márquez, que fungía como coordinador de asesores, cayó del piso 14 de la torre de Pemex, por lo que se abrió una carpeta de investigación bajo la sospecha de homicidio. No obstante, la fiscalía determinó que se trató de un suicidio, muerte que no cubre el seguro ni contempla una pensión a sus beneficiarios por parte de la petrolera.

Sin embargo, el directivo señaló que los funcionarios de la petrolera que operaban en ese entonces aprobaron el pago de la pensión, además del seguro, aún sin haberse cerrado la carpeta de investigación.

Desde entonces y hasta febrero de este año, la presidente de la ONG Mexicanos contra la corrupción había cobrado mensualmente 125 mil pesos y 17 millones a razón del seguro.

«Consideramos que es un acto de corrupción porque siendo suicidio se le dio trato de accidente y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la fiscalía», dijo. Con esto además señaló que no es posible que la señora Casar no supiera de la resolución de la investigación, como afirmó ella en entrevistas a medios el pasado viernes.

En cuanto al debate que se abrió en torno a la posible violación de derechos por exhibir esta información, Romero Oropeza leyó una resolución que hizo el INAI sobre otro caso y que ahora se tomó como referente para defender la denuncia de la petrolera, en donde se expone que no puede reservarse información en caso de corrupción.

«No obstante la mayoría del pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la ley», leyó el directivo. «Y entre paréntesis dice: no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción. Entonces, el propio resolutivo del INAI determina que no puede ser clasificada como reservada», agregó.

Legisladores de Morena cerraron filas con Pemex tras la denuncia pública que hizo sobre el caso de la familia Casar, misma que ahora investiga  el INAI.

Los senadores César Cravioto y José Narro Céspedes, coincidieron en que no se trata de datos personales los que se expusieron el pasado viernes en Palacio Nacional, sino dinero público, por lo que consideraron como «deplorable» la acción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde Palacio Nacional, Octavio Romero acusó a la presidenta de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, de intentar manipular en la fiscalía el expediente sobre el fallecimiento de su esposo, quien en 2004 cayó del piso 14 de la torre de Pemex cuando se desempeñaba como coordinador de asesores. Además, en el sitio web de la petrolera se publicó el expediente.

A partir de este hecho, el instituto abrió una carpeta de investigación sobre la difusión de estos datos para determinar si se trató de una violación a la ley, al considerar que se difundieron datos personales.

«Si se hubiera dado a conocer el cobro de un seguro privado, el INAI tendría razón, pero estamos hablando de un fraude a la principal empresa del país, cuyos recursos son del pueblo», defendió Cravioto en una entrevista a medios.

Los legisladores también señalaron que este caso «exhibe de forma clara los excesos que se cometieron en Pemex, donde todo era una robadera de dinero, para mostrarla como empresa improductiva y después privatizarla».

Los morenistas consideraron también que «debido a la lucha del gobierno por rescatar a Pemex» la académica «ataca constantemente» al gobierno del presidente Lopez Obrador, a través de su organización.