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Alfonso Herrera explica por qué aceptó “La Captura”

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El actor habló de su papel como un policía que enfrentó a “El Chapo” Guzmán en una de las operaciones más tensas de México.

Alfonso Herrera explicó que aceptó participar en La captura porque la historia aborda el narcotráfico desde una perspectiva poco común: la de los policías que enfrentaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán durante su detención en Los Mochis, Sinaloa.

La película, que llegará a Netflix el 21 de agosto, está inspirada en la Operación Cisne Negro y en el momento en que dos agentes federales interceptaron por accidente el vehículo en el que huían Guzmán Loera y su lugarteniente, Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, tras escapar por el drenaje de Los Mochis el 8 de enero de 2016.

Herrera interpreta a Arturo Carmona, uno de los dos policías federales que participaron en aquella captura. En entrevista con Carmen Aristegui, el actor habló del proceso de preparación del personaje, de las razones que lo llevaron a aceptar el proyecto y de los dilemas que plantea la historia sobre honestidad, miedo y desconfianza institucional en México.

Una historia contada desde los policías

El actor fue claro sobre lo que le atrajo del proyecto. “Cuando hablamos de historias que hablan de narcotráfico, siempre la percepción y siempre el ángulo es desde el lado del criminal”, dijo. “Me parece muy valioso que esta historia sea desde el ángulo de los policías. Eso es algo que difícilmente te topas en historias latinoamericanas y en historias mexicanas”.

La cinta está dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films. Su trama reconstruye el operativo en el que fuerzas especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis alrededor de las 4:00 de la mañana. Después de escapar por túneles de drenaje, Guzmán y “El Cholo” Iván robaron dos autos y fueron interceptados en la carretera Los Mochis-Navojoa por dos agentes que hacían un patrullaje de rutina.

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De acuerdo con el relato que Herrera retomó del periodista Héctor de Mauleón, los dos hombres fueron desarmados y subidos a la patrulla. Entonces comenzó la negociación. “Primero empezaron los sobornos: te ofrezco cinco millones, te ofrezco diez millones, te ofrezco quince millones”, contó el actor. La cifra era de quince millones de pesos para cada uno.

“Imagínate, que de repente le estén ofreciendo quince millones de pesos a un policía que gana prácticamente el salario mínimo”, dijo Herrera. “Pero a pesar de todo, cumplió con su deber de manera honesta, que eso es algo muy loable”.

El reto de interpretar el encierro y el miedo

El personaje de Herrera permanece en el cuarto del motel junto a Guzmán Loera mientras esperan refuerzos. Fueron aproximadamente dos horas. El actor describió ese lapso como “una eternidad” al pensar en lo que vivió el policía en la vida real.

Para construir la escena, indicó que imaginó una situación en la que debía evitar cualquier tipo de comunicación o contacto visual con el capo. “Lo veía un poco como estar con alguien con quien intentas no tener comunicación ni contacto visual”, explicó, “y poco a poco él va ganándose la mirada de este policía para seguir sobornándolo, para seguir tratando de ser liberado”.

Herrera definió ese juego de miradas como el centro dramático de su interpretación. El Chapo no tenía armas ni a su gente cerca; solo contaba con palabras, cifras y amenazas, mientras el policía debía sostener la guardia sin saber cuánto tiempo más resistiría.

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El actor también subrayó el miedo como elemento decisivo. “Yo creo que en un inicio hubo mucho miedo, mucha desconfianza”, dijo. “Pero sí creo que hubo una gran dosis de honestidad de parte de estos dos policías”. Y añadió: “Ninguno de los dos estaba pensando en la gloria. Estaba pensando en de qué forma en ese momento voy a salvar mi pellejo”.

La desconfianza institucional, eje del thriller

Uno de los aspectos que más destacó Herrera fue que los policías no sabían a quién pedir ayuda. “No confiaban en la misma corporación a la que ellos pertenecían”, dijo. “No sabían si pedir apoyo a la Marina, no sabían si pedir apoyo a la milicia”. La policía municipal, la estatal y la federal no eran opciones seguras.

“Tú no sabes quién está con quién”, resumió el actor. “Y a pesar de que no habla de eso la película, de la seguridad y del sistema judicial mexicano, ahí está el thriller, ahí está la intriga: ¿qué voy a hacer, en quién puedo confiar?”

Los agentes optaron por no detenerse. Llevaron a Guzmán y al Cholo Iván al motel Doux, escondieron las patrullas en el garaje y esperaron. Dos policías subieron a la azotea con armas largas y los otros dos se quedaron en el cuarto con el capo. Los refuerzos de la Marina y el Ejército llegaron aproximadamente dos horas después.

Noé Hernández interpreta al segundo agente, Héctor Rosales. Herrera habló de su compañero con entusiasmo: “Es uno de los mejores actores que tiene México. Fue un deleite”.

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El rodaje se realizó durante aproximadamente dos meses en el estado de Chihuahua, con escenas en carreteras y locaciones urbanas de los alrededores de la capital.

La película también representa un reencuentro personal para Herrera. Chava Cartas dirige el proyecto y Francisco González Compeán lo produce, el mismo equipo con el que el actor trabajó en Amarte duele en el año 2000, su primer proyecto en cine. “Se cierra un círculo muy lindo”.

Mientras promociona La captura, Herrera filma en paralelo El enemigo del pueblo, su nueva colaboración con el director Luis Estrada, a quien describe como “casi un padre putativo”. Esa película llegará en 2027.

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Nacionales

FGR busca quedarse con 2.2 millones de Hernán Bermúdez

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La FGR busca que 2 millones 240 mil pesos asegurados a Hernán Bermúdez Requena y dos familiares pasen al Estado.

La dependencia presentó dos demandas porque, según expedientes citados por Reforma, no se comprobó el origen legal del dinero. Un juez decidirá si los recursos regresan a sus propietarios o quedan en el erario.

Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Las autoridades lo señalan como presunto líder de La Barredora, pero su responsabilidad deberá resolverse en tribunales.

FGR reclama 1.3 millones de pesos

La primera demanda reclama un millón 387 mil pesos atribuidos al exfuncionario, conocido como “El Abuelo”.

Un juzgado ordenó asegurar el dinero el 7 de julio para evitar que fuera retirado o transferido mientras se resuelve el caso.

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Según la resolución, no se ha demostrado la procedencia legal de los fondos. La FGR considera que podrían relacionarse con operaciones realizadas con recursos ilícitos.

Bermúdez permanece en el Altiplano después de ser expulsado de Paraguay y enviado a México en septiembre de 2025, mientras avanzan los procesos judiciales.

También buscan dinero de su esposa y hermano

La segunda demanda incluye tres cuentas bancarias a nombre de Verónica Encalada Pérez, esposa del exfuncionario, y Humberto Bermúdez Requena, su hermano.

Las cuentas, abiertas en Banorte, BBVA y Santander, tenían en conjunto 853 mil pesos cuando fueron aseguradas. De ese dinero, 755 mil pesos correspondían a Encalada Pérez.

Si los jueces aceptan las demandas, el dinero pasará al Estado aunque Bermúdez o sus familiares no hayan recibido una condena penal. Esto ocurre porque la extinción de dominio se resuelve por separado.

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El exsecretario enfrenta acusaciones en Tabasco por asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, desaparición forzada y peculado. La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó cuentas suyas y de familiares desde 2025.

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Nacionales

SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) consultará a docentes de educación básica sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

El ejercicio se realizará el 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo.

La consulta ocurrirá antes del inicio del nuevo ciclo escolar y abarcará planteles de preescolar, primaria y secundaria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la intención es abrir un debate entre los docentes.

La autoridad busca conocer qué opinan los maestros sobre el uso y presencia de herramientas digitales dentro de las escuelas.

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¿Qué preguntará la SEP a los maestros?

Mario Delgado informó que los docentes podrán opinar sobre la situación que viven actualmente los planteles.

La consulta busca que los profesores planteen propuestas sobre el manejo de los dispositivos digitales.

El funcionario explicó que la intención no consiste solamente en conocer si existen estos equipos.

También se pretende discutir qué hacer frente a su presencia en las actividades escolares.

El planteamiento abre un debate sobre el papel que deben ocupar las herramientas tecnológicas dentro de las aulas.

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Los profesores podrán aportar su experiencia directa con estudiantes y comunidades escolares.

Esto permitirá que la discusión considere las condiciones que enfrentan los docentes durante sus actividades cotidianas.

La SEP no detalló todavía un cuestionario con preguntas específicas para el ejercicio.

Tampoco informó qué dispositivos serán incluidos de manera particular en la consulta.

Por ahora, el eje anunciado es conocer las opiniones y propuestas de los maestros.

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La consulta llegará a escuelas de todo México

El ejercicio tendrá alcance nacional y contemplará las distintas entidades federativas.

Participarán docentes de preescolar, primaria y secundaria.

La cobertura permitirá recoger opiniones de comunidades escolares con características diferentes.

No todas las escuelas cuentan con las mismas condiciones de conectividad, infraestructura o acceso tecnológico.

Ese factor puede influir en la manera en que cada plantel enfrenta la presencia de dispositivos.

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La experiencia de los maestros puede aportar información sobre esas diferencias.

También permitirá identificar situaciones que no necesariamente aparecen en los datos generales sobre tecnología educativa.

El Consejo Técnico Intensivo será el espacio utilizado para desarrollar la consulta.

Durante esta etapa, los docentes realizan actividades de preparación antes del regreso de los estudiantes.

La SEP incorporará el tema tecnológico dentro de esas jornadas de trabajo.

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El propósito será generar una discusión desde las propias escuelas.

¿Habrá nuevas reglas sobre celulares o dispositivos?

El anuncio de la SEP no establece por ahora una nueva prohibición o autorización nacional.

Tampoco se informó que los estudiantes deban dejar de utilizar determinados dispositivos.

La dependencia planteó primero una consulta con los maestros.

Por ello, cualquier modificación posterior dependerá de las conclusiones que surjan del proceso.

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Esto significa que el anuncio no implica un cambio inmediato en las reglas de las escuelas.

Los estudiantes y las familias deberán esperar información oficial si posteriormente se plantea alguna medida.

La consulta puede servir para identificar los principales problemas relacionados con el uso de tecnología.

También puede ayudar a detectar oportunidades para aprovechar mejor estas herramientas durante las clases.

El debate ocurre mientras los dispositivos digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes.

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Su presencia genera distintas opiniones entre docentes, familias y autoridades.

Para algunos espacios educativos representan herramientas de apoyo.

En otros casos pueden generar dificultades cuando no existen condiciones adecuadas para utilizarlos.

La consulta permitirá que los maestros expongan esas experiencias.

Tecnología y educación entran en una nueva discusión

El planteamiento de la SEP coloca nuevamente la tecnología dentro de la agenda educativa nacional.

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La discusión no se limita a determinar si existen dispositivos en las escuelas.

El punto central será definir cómo debe abordarse su presencia.

La experiencia de los docentes será relevante para valorar sus ventajas y dificultades.

También permitirá conocer qué necesidades existen en los diferentes niveles de educación básica.

El tema puede involucrar aspectos como infraestructura, conectividad y aprovechamiento de herramientas digitales.

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Sin embargo, la SEP todavía no ha presentado un plan específico derivado de la consulta.

El ejercicio funcionará primero como un mecanismo para recopilar opiniones.

A partir de esos resultados podrían plantearse nuevas acciones.

Por ahora, la dependencia no adelantó cuáles serían las medidas que podrían adoptarse después.

El papel de los maestros será clave

La participación de los docentes permitirá conocer la situación desde quienes trabajan directamente frente a grupo.

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Los profesores conocen las condiciones de sus planteles y las necesidades de sus estudiantes.

También pueden identificar qué herramientas funcionan y cuáles generan dificultades.

Esa experiencia puede aportar elementos para futuras decisiones de política educativa.

El objetivo anunciado por Mario Delgado es que los maestros propongan y debatan.

La discusión buscará evitar que las decisiones sobre tecnología se construyan únicamente desde las oficinas administrativas.

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El resultado podría ofrecer una visión más amplia sobre la realidad de las escuelas.

También permitirá observar diferencias entre comunidades educativas de distintas regiones.

La SEP tendrá así información obtenida directamente de los trabajadores de la educación.

¿Qué sigue después de la consulta?

El siguiente paso será conocer los resultados que obtenga la Secretaría de Educación Pública.

La autoridad tendrá que determinar cómo utilizará las propuestas realizadas por los docentes.

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Hasta ahora, el gobierno federal no ha anunciado una política nueva sobre dispositivos digitales.

Por ello, el alcance de la consulta dependerá de las decisiones que se tomen posteriormente.

El tema podría generar nuevas discusiones durante el ciclo escolar.

También podría abrir la puerta a medidas relacionadas con el uso educativo de la tecnología.

La prioridad será conocer primero qué ocurre en los planteles y qué plantean los maestros.

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Con esa información, la SEP podrá valorar posibles acciones para educación básica.

Por ahora, el anuncio representa el inicio de una consulta nacional.

El debate estará centrado en encontrar una forma adecuada de integrar los dispositivos digitales al entorno escolar.

La discusión comenzará con la opinión de los docentes y no con una nueva regla.

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¿A qué políticos EE.UU. ha retirado la visa?

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Andrés Manuel López Beltrán se sumó a los políticos mexicanos que han confirmado la cancelación de su visa estadounidense. En la mayoría de los casos, Estados Unidos no explicó las razones.

El hijo de López Obrador informó el 13 de agosto que Washington revocó su documento. Afirmó que la medida tenía fines políticos y que no existen pruebas de algún delito en su contra.

Claudia Sheinbaum respaldó a López Beltrán y consideró la decisión una intervención política. También señaló que no existe una investigación abierta en México contra el exdirigente de Morena.

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Gobernadores y alcaldes perdieron sus visas

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, anunció en mayo de 2025 que Estados Unidos canceló su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres. Ambos dijeron desconocer el motivo.

También aparecen Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Sus gobiernos rechazaron publicaciones que los relacionaron con delitos y dijeron que no existe evidencia pública.

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La lista incluye a José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe; Óscar Eduardo Castro, de Puerto Peñasco; Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y Juan Francisco Gim, de Nogales.

Algunos descubrieron la cancelación al intentar cruzar la frontera. Otros recibieron una notificación, pero tampoco conocieron las causas.

Casos alcanzan a otros partidos

Las cancelaciones no se limitan a Morena. Héctor Astudillo, exgobernador priista de Guerrero, confirmó que perdió su visa en 2025.

Mario Alberto López Hernández, diputado del Partido Verde, fue retenido varias horas cuando intentó ingresar a Texas. Estados Unidos no informó el motivo.

También figura Hernán José Vega Burgos, magistrado de Yucatán señalado por presuntos vínculos con una red de explotación sexual.

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La revocación impide viajar a Estados Unidos, pero no prueba la comisión de un delito. Washington puede cancelar estos documentos sin publicar sus razones en cada caso.

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