Un estudio de opinión realizado por el Gobierno de la Ciudad de México reveló que el 86% de los habitantes capitalinos respalda la legalización de la eutanasia. Los datos abren de manera formal la discusión sobre el derecho a una muerte digna en la capital del país.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que este resultado servirá como base para coordinar una ruta legal y un debate público incluyente. El objetivo principal es regular el marco normativo para acompañar a pacientes con enfermedades terminales o en etapa avanzada que decidan poner fin a su sufrimiento.

“La población dice que está de acuerdo. Eso sorprende, ¿verdad? Ya les presentaremos resultados específicamente. Se los vamos a enviar después, pero es un indicador muy importante de un derecho que se debe convertir en realidad para esta ciudad”, destacó Brugada.

Con este diagnóstico social, la administración local busca impulsar la agenda legislativa orientada a garantizar los derechos humanos en la fase final de la vida, garantizando el acceso a procedimientos médicos seguros y regulados.

Autoridades de Estados Unidos habrían congelado cuentas y asegurado dos departamentos en Houston vinculados al senador Adán Augusto López Hernández, de acuerdo con información publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio.

El columnista afirmó que las medidas también alcanzarían a Melchor López Hernández, hermano del legislador, y a integrantes de su círculo familiar. Además, Washington habría solicitado al Gobierno de Francia información sobre propiedades y otros activos relacionados con el político tabasqueño.

Riva Palacio sostuvo que el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) intervinieron los recursos ante presuntos vínculos de López Hernández con organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente estas medidas ni difundido una resolución judicial contra el senador. López Hernández tampoco ha respondido específicamente a las nuevas afirmaciones.

Investigarían notarías y empresas vinculadas

La columna también señala que en México existen investigaciones sobre notarías relacionadas con el senador y su hermano. Estas oficinas presuntamente habrían gestionado asuntos de empresas “factureras” utilizadas para realizar operaciones de lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República también investigarían seis empresas con operaciones en distintas ciudades del país.

Según el periodista, estas compañías tendrían accionistas cercanos a López Hernández y habrían recibido recursos de “Los Chapitos” para financiar campañas políticas. Estas acusaciones no han sido acreditadas ante un tribunal.

Adán Augusto enfrentaría presión desde EUA

Riva Palacio aseguró que Adán Augusto es uno de los integrantes de Morena sobre quienes Estados Unidos ha enviado más solicitudes al Gobierno de Claudia Sheinbaum para iniciar investigaciones en México.

El periodista también relacionó las indagatorias con una presunta red de contrabando de combustible y financiamiento político. En ese contexto, mencionó que testimonios sobre operaciones fiscales habrían incluido al senador y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Por ahora, los señalamientos proceden de reportes periodísticos y no equivalen a responsabilidades penales comprobadas.

En una publicación del diario La Jornada, afín al Gobierno en turno, culpa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de desestimar bolsas de restos rescatadas de la funeraria El Ángel en Iguala, Guerrero, porque «según se dice, podrían apoyar la llamada ‘verdad histórica’, que se niegan a aceptar».

En un reportaje, La Jornada valida de facto la narrativa construida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto entorno de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en 2014, que atrajo la atención del mundo entero como la evidencia de la colusión de las Fuerzas Armadas con el Crimen Organizado en delitos como la desaparición y reclutamiento forzados.

Los estudiantes eran incluso espiados por el Ejército Mexicano a través de Julio César López Patolztin, infiltrado con fachada de alumno en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y que también ha sido desaparecido la noche del 26 de septiembre.

GIEI desmiente a La Jornada

De acuerdo con la revista Proceso, la exintegrante del GIEI, Ángela María Buitrago, negó que las petrosas fueran relevantes para el caso «porque las petrosas que encontramos no contenían ADN y, por tanto, no servían para un proceso de identificación genética. Y eso lo determinaron los peritos del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), de la PGR (Procuraduría Federal de la República) y del Laboratorio de la Universidad de Innsbruck», declaró.

Proceso muestra también un error en la publicación de La Jornada pues «ni las ‘petrosas’ son bolsas ni un ‘río San Joaquín’ ha sido mencionado en las investigaciones del caso Ayotzinapa», señalando que fue más bien el río San Juan el que se menciona. Este se ubica junto al basurero de Colula «donde, según las evidencias, Tomás Zerón ‘sembró’ los restos del normalista Alexander Mora Venancio».

La revisión de Proceso sobre las acusaciones del diario contra el GIEI recogen declaraciones de Buitrago en las que explica que las petrosas no contenían ADN. Según explica la especialista, sólo 7 fragmentos contenían ADN mitocondrial, pero era de origen animal.

Petrosas es la forma en que se refiere a las zonas más densas, duras y piramidales del hueso temporal, que se encuentran en la base del cráneo. También se les conoce como «pirámides petrosas», y su función es proteger al oído interno, funcionar como puente de paso para la arteria carótida y separar visual y estructuralmente la fosa craneal media de la fosa craneal posterior del cerebro.