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A más de 20 años de la ruptura entre el EZLN y AMLO, Chiapas es una encrucijada para la 4T

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El primero de enero de este 2024 se cumplieron 30 años del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual cimbró a la comunidad internacional volviendo al finado Subcomandante Insurgente Marcos -finado porque la Comandancia Zapatista mató al personaje, no al hombre- en uno de los primeros críticos a escala global del neoliberalismo, entonces conocido como una de sus fases: la globalización.

Luego de años de negociaciones con los gobiernos del priista Ernesto Zedillo y el panista Vicente Fox, los zapatistas tomaron la decisión pública de renunciar al diálogo con cualquier autoridad gubernamental y

además acusaron de traición a todo el espectro político: desde la derecha del PAN y el PRI, hasta la entonces izquierda del PRD y el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Corría el año de 2003 y el EZLN se replegaba a su caparazón en Chiapas.

En tanto, las bases obradoristas enfrentaban, primero, el intento de desafuero de López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y más tarde el fraude electoral de 2006. Un cisma hubo en la izquierda electoral gracias a esta elección, pues algunos vieron la oportunidad de consolidar en las urnas al PRD como la izquierda de la derecha mexicana (fue el caso de Los Chuchos y otras tribus comandadas por Miguel Ángel Mancera o Silvano Aureoles), mientras el obradorismo comenzó a hablar de un nuevo partido político y dieron por concluido el ciclo iniciado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

El obradorismo usaría al PRD para volver a disputar la Presidencia de la República en 2012 pero ya como una tribu con las maletas listas para embarcarse al barco de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, siempre tomando distancia no sólo con el perredismo al que tildaron de «traidor» y, al mismo tiempo, pintando su raya con el zapatismo al que AMLO llamó alguna vez «el huevo de la serpiente» y a quienes les pidió callar, argumentando que si no lo apoyaban al menos no obstruyeran la lucha por la toma del poder de su grupo.

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Paralelamente, desde agosto de 2003, siempre bajo el acoso de paramilitares -hoy brazos armados del crimen organizado-, la Comandancia General del EZLN consolidó su organización civil fundando los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, con Juntas de Buen Gobierno cuyo sistema no depende de fondos públicos ni ayuda gubernamental alguna, y se basa en asambleas, cooperativas, comunas y otras formas de organización anticapitalistas esencialmente indígenas, lanzado mensajes hostiles ante cualquier coqueteo partidista y alejándose todavía más de López Obrador cuando ganó la Presidencia en 2018. Ahora en mejores condiciones materiales que cuando salieron al mundo en 1994: con escuelas, hospitales, «bancos» e incluso un sistema económico alterno basado en la venta de maíz, café y ganado para financiar su infraestructura y todo tipo de trabajos.

El tabasqueño decidió dedicar silencio y marcar distancia oficial con el movimiento zapatista en los seis años que estuvo al frente de Palacio Nacional, mientras el EZLN anunció la muerte del Subcomandante Insurgente Marcos luego de un balance negativo de su figura. El hombre detrás de la máscara se hizo llamar entonces Subcomandante Galeano y en el último año («cambiando de botarga» para usar su propia mofa), se hace llamar Capitán Marcos, aunque dejando la vocería y el protagonismo del zapatismo al Subcomandante Moisés.

En el sexenio de López Obrador se profundizó y amplió el sistema de programas sociales con el fin de promover un bienestar generalizado bajo la consigna de «primero los pobres», sin éxito entre las bases de apoyo zapatistas que se cuentan en docenas de miles en al menos cinco cabeceras municipales, y al contrario, el EZLN denunció el homicidio de un base de apoyo zapatista en Morelos, el activista Samir Flores Soberanes, por oponerse a una termoeléctrica promovida por AMLO y, también, acusaron al nuevo régimen obradorista de llenar el estado de Chiapas de cuarteles de la Guardia Nacional («militarización») que no mejoró la seguridad sino que incrementó la violencia del narco: no antes de la llegada del cuerpo de seguridad creado por López Obrador, sino paradójicamente después.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Este diciembre la recién elegida presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa de la prensa, aseguró que respeta al EZLN, recordó el activismo a favor de la paz en Chiapas que hizo desde la UNAM cuando fue maestra, pero defendió a la Cuarta Transformación como el proyecto que continuará su administración, fundamentado en el bienestar, la paz y la justicia.

«Nos quedamos con el respeto a su movimiento, pero también en la defensa de lo que estamos haciendo en Chiapas y en todo el país. Lo que buscamos nosotros es el bienestar, la paz y la justicia. Ese es nuestro sustento, esos son nuestros principios, esas son nuestras causas», dijo este lunes Sheinbaum Pardo en su última conferencia mañanera del año en Palacio Nacional, cuidando el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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A la par, en el CIDECI Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, tenía lugar el cierre de un encuentro internacional de resistencias y rebeldías como cada año previo al aniversario del levantamiento, donde el Capitán Marcos cuestionó el liderazgo de Claudia Sheinbaum y apuntó contra el exgobernador Rutilio Escandón por su «pésimo gobierno», donde aumentó la inseguridad y la presencia del narco, y auguró una administración similar o peor a la del cuñado de Adán Augusto López con Eduardo Ramírez.

Marcos recordó que Eduardo Ramírez, procedente de las filas del Partido Verde del exgobernador Manuel Velasco, fue «purificado» por el obradorismo al apoyar al morenista Rutilio Escandón y romper con su padrino político priista Enrique Peña Nieto en 2017, y en recompensa recibió un escaño en el Senado de la República. Ahora Rutilio tendrá un exilio dorado como cónsul mexicano en Miami, Florida, donde se encontrará con otro exgobernador de Chiapas, el perredista Juan Sabines Guerrero, cónsul de Orlando.

Tanto Rutilio como Ramírez han recibido el respaldo de Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que de haber alguna denuncia contra ellos, se procederá conforme a derecho, pero en su opinión ambos son grandes representantes de la Cuarta Transformación y Chiapas estará en buenas manos con Ramírez como lo estuvo con Rutilio. No es la primera vez que lo dicen, también lo denunciaron con el PRI, el PRD y el Partido Verde, pero los zapatistas tienen otros datos, a más de 20 años de la ruptura con el obradorismo.

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Inicia investigación FGJCDMX por colapso de San Antonio Abad

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), inició los trabajos periciales para conocer la causa del derrumbe de un edificio en la colonia Transito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el que murieron tres trabajadores.

Este martes por la mañana, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México liberó el cuerpo de la tercera víctima mortal, luego de más de 20 horas de trabajo.

El derrumbo ocurrió antes de las 14:00 horas del lunes; se reportaron cuatro trabajadores desaparecidos, de los cuales uno fue localizado con vida y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

Los dos primeros cuerpos fueron localizados la tarde y noche del lunes, mientras que temprano este martes se localizó el último. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas

Tras la localización del tercer cuerpo, el lugar fue entregado a los peritos de la FGJCDMX, quienes de inmediato iniciaron con la recolección de pruebas, toma de imágenes e interrogatorios a trabajadores sobrevivientes.

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La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugado, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes, que no habrá impunidad y que se aplicará todo el peso de la ley.

El inmueble está registrado ante el Gobierno de la Ciudad de México como una propiedad privada de alto riesgo, por lo que se estaba realizando el trabajo de demolición.

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Comunidad maya rechaza viviendas del Bienestar

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Libros antes que ladrillos. Esa es la consigna que hoy resuena en Sitilpech, la comunidad maya de Izamal, Yucatán, que el 27 de enero de 2026 frenó la construcción de 50 viviendas del programa federal Vivienda para el Bienestar en su único terreno disponible y exigió, en cambio, un plantel digno para su telebachillerato. La frase clave, libros antes que ladrillos, sintetiza una demanda que va más allá del cemento: educación, consulta y respeto a la decisión comunitaria.

¿Qué pasó y cuándo pasó?

El conflicto estalló públicamente el martes 27 de enero de 2026, cuando habitantes de Sitilpech se manifestaron para detener las obras de “Casas del Bienestar” —como la gente nombra localmente a los desarrollos vinculados al Programa de Vivienda para el Bienestar— en un predio que, afirman, pertenece al pueblo desde hace décadas. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el espacio fue donado a la comunidad hace más de 50 años por un maestro con el propósito de impulsar la educación. Hoy, piden que ahí se levante la escuela de telebachillerato y no un fraccionamiento de 50 casas.

La movilización del 27 de enero encendió focos rojos regionales. Las y los pobladores denunciaron que la alcaldesa de Izamal, Melissa Puga, “donó el predio” sin consultar a la asamblea y que, ante la protesta, amagó con acciones legales si continuaban bloqueando las obras. En la plaza central de la comisaría, las y los mayas acordaron sostener su postura: alto a los ladrillos, sí a los libros.

El reclamo de fondo: una escuela, no un fraccionamiento

La demanda central es clara: un plantel educativo propio para el Telebachillerato Comunitario de Sitilpech. Aunque la localidad ya cuenta con la modalidad de telebachillerato, las clases se imparten prestando espacios de otra escuela.

La comunidad quiere un campus digno, con aulas, laboratorios, biblioteca y servicios básicos, para que sus jóvenes no tengan que abandonar los estudios ni viajar a otras localidades. En sus palabras, “ya toca”: la educación es la obra prioritaria.

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El énfasis en la escuela no es casual. En México, el acceso a la educación para pueblos originarios sigue marcado por brechas duras: los rezagos educativos son mayores y la deserción golpea con más fuerza.

Para Sitilpech, apostar por un telebachillerato formal es una estrategia comunitaria contra esa estadística y una manera de resguardar la lengua, la identidad y la vida en el territorio. Libros antes que ladrillos se vuelve entonces una apuesta por el futuro.

Consulta previa: el derecho que reclaman

La asamblea de Sitilpech insiste en algo básico: si se trata de su territorio, debe haber consulta. El principio de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, reconocido en la legislación y en tratados internacionales, no es un adorno jurídico; es la ruta para validar o corregir proyectos públicos que impacten la vida comunitaria. Para la gente de Sitilpech, la falta de consulta desfondó la legitimidad del proyecto de vivienda en ese predio.

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Socio de Bermúdez financió la precampaña presidencial de Adán Augusto

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Según documentos de fiscalización y reportes periodísticos, un empresario ligado al clan Bermúdez financió la precampaña de Adán Augusto.

La pista apunta a Fernando Paniagua Garduño, quien, de acuerdo con registros del INE consultados por distintos medios, pagó nueve asambleas en 2023 mientras competía por la candidatura de Morena. Sí, el mismo Paniagua que figura como socio en una firma donde participa la familia Bermúdez.

De acuerdo con El Siglo de Torreón y El Universal, Fernando Paniagua, aportó 189 mil pesos para eventos en Jalisco, Aguascalientes y Sonora. La relevancia no es solo el monto, sino el vínculo societario.

Paniagua fue socio en Inmobiliaria y Constructora Samaria, donde también aparece Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, exjefe de seguridad en Tabasco y señalado por sus nexos con “La Barredora”.

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El rastro documental del INE

Las órdenes de servicio, contratos y cuestionarios de riesgo firmados durante la contienda interna de Morena muestran que la donación se destinó a logística de mítines —audio, templetes, sillas, producción— a través de una proveedora de eventos.

Aunque el equipo de Adán Augusto reportó 3.5 millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó gastos mucho mayores, lo que mantiene bajo la lupa el financiamiento y la trazabilidad de esos recursos.

Otro dato que levanta cejas: la conexión política. Rafael Paniagua, hermano del financista, fue nombrado por Adán Augusto como director de la Junta Estatal de Caminos en 2019.

En paralelo, Hernán Bermúdez se integró al gabinete estatal como secretario de Seguridad ese mismo año. El mapa de relaciones sugiere una cercanía prolongada entre los Paniagua y los Bermúdez que hoy rebotan en el terreno electoral.

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¿Y ahora qué?

Por ahora, la narrativa oficial rechaza ilegalidades; sin embargo, los hallazgos periodísticos y los papeles del INE abren preguntas legítimas sobre quiénes financiaron y cómo se reportaron los gastos. Mientras avanzan las investigaciones, una cosa queda clara: la historia sobre quién financió precampaña Adán Augusto apenas empieza y podría escalar si se confirman más cruces societarios y políticos.

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