Narcotráfico
FGR acusa a Joaquín Guzmán de traición a la patria por secuestro y entrega del ‘El Mayo’ a EU
El artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años, al mexicano que cometa traición a la patria; señalando también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito.
Esa es la razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal respecto al caso Ismael “N”-Joaquín “N”.
Las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos de América; y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando.
En razón de todo lo anterior, se realizó una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del Gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas.
Por tal motivo, el área de Asuntos Internacionales de la FGR, e INTERPOL-México, han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América la siguiente información, la cual hasta hoy no ha sido proporcionada:
1. Documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo en que llegaron Ismael “N” y Joaquín “N”.
2. Documento de la información anticipada sobre los pasajeros (API).
3. Informe del sistema de seguridad de radares de los E.U.A., en la zona fronteriza con México.
4. Constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México (pilotos, pasajeros, pasaportes, visas vigentes).
5. Constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias.
6. Datos de identificación del piloto.
7. Número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula.
8. Identificación de la aeronave.
9. Registros aeronáuticos de la FAA (Federal Aviation Agency), sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico.
10. Si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula N287KA, son los legales; y si históricamente le corresponden hoy en día a esa aeronave, o si existe alguna irregularidad al respecto.
11. Número de serie real de dicha aeronave; y si existió cambio de alguna pieza en que se haya modificado dicha serie.
Se nos ha informado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha apoyado esta solicitud.
En cuanto se obtengan los resultados ya mencionados, se darán a conocer de inmediato.
En otro aspecto de este caso, fuentes de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), han obtenido los datos necesarios de la ubicación de la pista cercana a la ciudad de Culiacán; así como del despegue y del vuelo clandestinos y no informados dentro del territorio nacional; así como de la aprobación que dicha aeronave obtuvo para aterrizar en territorio norteamericano. Conforme esta información sea diligenciada debidamente, será también dada a conocer.
Por lo que toca al homicidio de Héctor “N”, la FGR obtuvo copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa; y, al respecto, los peritos y analistas de la AIC-FGR han reportado lo siguiente:
• Que en la necropsia no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.
• Que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza.
• Que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas.
• Que el video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo.
• Que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos.
• Que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta.
• Que no hay mecánica de hechos del evento.
• Que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo.
• Que, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.
• Que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.
Esa es la información con la que se cuenta y que se puede compartir hasta el momento.
Narcotráfico
Crece estadística de “niños sicarios en México”: 35 mil reclutados anualmente por la delincuencia
El PAN en San Lázaro llamó a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a destrabar las iniciativas de ley presentadas para tipificar como delito, el reclutamiento de menores ante el avance de este fenómeno y el cual, el Estado Mexicano ha ignorado.
“El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno hacer este tipo de adecuaciones al marco legal, pero las resistencias por no reconocer el problema lo agravan más, ahora con el tema del Presupuesto, bien valdría la pena analizar mayores acciones”, explicó la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.
Mencionó que, a los grupos criminales les cae como anillo al dedo el fracaso del Gobierno de Morena en materia académica, ya que es en el abandono escolar, la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar, donde pueden acercarse a menores de edad.
“Otro riesgo son las redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, donde pueden establecer contacto con niñas, niños y adolescentes, ganarse su confianza y atraerlos hacia actividades ilícitas”, preció la legisladora.
Junto con la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, el GPPAN propone capacitar a docentes y familias para detectar señales de captación criminal, fortalecer los protocolos escolares ante ausentismo, cambios de conducta o abandono, así como crear mecanismos seguros de denuncia y atención.
“Un niño reclutado no es un delincuente que el Estado perdió. Es un niño al que el Estado no protegió a tiempo”, señaló.
Además, se busca reforzar la prevención de riesgos digitales, garantizar acceso a educación, deporte, cultura, atención psicológica y oportunidades para adolescentes y elaborar estadísticas oficiales sobre reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos.
Laura Álvarez, advirtió que este fenómeno no es únicamente un problema de seguridad: es una violación grave a los derechos de la infancia y una falla de las instituciones responsables de protegerla.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y especialistas, decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. La Red por los Derechos de la Infancia estima que hay entre 30 mil y 35 mil menores reclutados, anualmente, por la delincuencia.
La falta de una cifra oficial única, actualizada y desagregada por entidad, advirtió la legisladora, evidencia la necesidad de contar con un registro nacional y mecanismos eficaces de prevención.
Coincidieron en que, el crimen no necesita reclutar en las escuelas si las condiciones sociales ya le abrieron la puerta.
Los más de 30 mil menores involucrados en alguna actividad de crimen organizado no deberían una cifra más, ya que son sueños y oportunidades, hay que decirlo, pérdidas.
Narcotráfico
Crimen organizado se infiltra en al menos 50 giros comerciales en México
Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.
El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.
¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?
La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.
De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.
Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.
Crimen organizado también financia actividades agrícolas
El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.
Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.
La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.
Narcotráfico
Carro-Bomba en Ojocaliente, Zacatecas: así ocurrió el ataque contra policías
Una explosión en Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en al menos 55 inmuebles, luego de que un vehículo con un artefacto explosivo fuera abandonado frente a la comandancia de la Policía Municipal.
El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo 30 de agosto, de acuerdo con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Así ocurrió el ataque en Ojocaliente
Según la explicación de las autoridades, un hombre estacionó un vehículo frente a las instalaciones de seguridad, lo dejó encendido y posteriormente se alejó varias cuadras.
Una oficial municipal detectó un comportamiento extraño, por lo que salió de la comandancia para revisar la unidad. Poco después, ocurrió la explosión.
Debido a que la zona es concurrida, la onda expansiva provocó daños importantes en los inmuebles cercanos. Hasta el momento, las autoridades contabilizan 17 edificios dañados y otros 38 con afectaciones, que van desde vidrios rotos hasta daños estructurales.
El vehículo utilizado en el ataque tenía además reporte de robo en Jalisco desde abril, según las autoridades.
¿Por qué ocurrió la explosión en Ojocaliente?
El secretario de Gobierno señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a que el ataque podría ser una reacción a los recientes resultados contra la violencia en Zacatecas.
La hipótesis estaría relacionada con la detención de un presunto generador de violencia, ocurrida el sábado 29 de agosto en el municipio de Villa García, cerca de los límites con Aguascalientes.
Durante la atención de otro estallido registrado en una carretera de la zona, las autoridades detuvieron a un hombre originario de Aguascalientes.
Hasta ahora no se ha informado su identidad ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecería.
Hay 11 personas lesionadas
Las autoridades reportaron 11 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en el Hospital Comunitario de Ojocaliente. Una de ellas se encuentra en estado grave y fue trasladada al Hospital del ISSSTE.
Mientras continúan las investigaciones, se mantiene un operativo de seguridad en Ojocaliente para evaluar los daños y realizar un censo de las afectaciones.
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