Una empresa que durante años recibió contratos de la Secretaría de Bienestar se convirtió también en proveedora de Morena pocos días después de que Ariadna Montiel asumiera la presidencia nacional del partido.

Así lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación publicada este 27 de octubre.

La empresa es Grupo Maferefun S.A. de C.V., constituida en 2019 con un capital de 50 mil pesos y cuyo domicilio comercial aparece vinculado a un espacio dentro de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

De acuerdo con MCCI, entre 2021 y 2026 la compañía recibió al menos 21 contratos de la Secretaría de Bienestar por 307.5 millones de pesos.

Después, ya con Montiel al frente de Morena, la empresa se registró como proveedora ante el Instituto Nacional Electoral y obtuvo un contrato por 11.4 millones de pesos para organizar el evento de registro de aspirantes a las llamadas Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La investigación identifica, en total, al menos 322 millones de pesos en recursos públicos que habrían llegado a Grupo Maferefun mediante contratos del gobierno federal y de Morena.

De microempresa a contratista recurrente de la Secretaría de Bienestar

MCCI documentó que Grupo Maferefun fue constituida el 22 de mayo de 2019 por Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez, con un capital inicial de 50 mil pesos.

Entre sus objetos legales quedaron registrados la organización de eventos y la participación en licitaciones públicas y privadas.

La primera contratación identificada por MCCI ocurrió en junio de 2021.

La Secretaría de Bienestar le otorgó entonces una adjudicación directa por 4.5 millones de pesos para servicios de box lunch destinados a beneficiarios del programa para personas en emergencia social o natural en Chiapas.

Cuatro meses después recibió otro contrato por 3 millones de pesos para suministrar herramientas y otros materiales a población migrante.

De acuerdo con la investigación, entre enero de 2022 y abril de 2026, durante el periodo en que Ariadna Montiel encabezó la Secretaría de Bienestar, Grupo Maferefun obtuvo otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos.

Los servicios fueron diversos: abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil, sillas y carpas para el programa Salud Casa por Casa y alimentos para eventos relacionados con las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

MCCI señala además que la empresa siguió siendo clasificada como microempresa dentro de los procedimientos de contratación, pese al volumen de recursos que ya había recibido.

La investigación recuerda que, de acuerdo con criterios de la Secretaría de Economía, una microempresa tiene menos de 10 trabajadores y ventas anuales inferiores a 4 millones de pesos.

El cambio de titular en Bienestar tampoco frenó las contrataciones.

Desde que Leticia Ramírez asumió la dependencia, Grupo Maferefun recibió otros seis contratos por 109 millones de pesos.

MCCI también identificó ocho contratos adicionales por 3.1 millones de pesos provenientes de otras dependencias y organismos federales, entre ellos Conagua, Fonatur, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cinco días después de la llegada de Montiel a Morena, la empresa se registra ante el INE

El dato que coloca a la empresa nuevamente bajo la lupa ocurre en 2026.

Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar el 29 de abril y asumió formalmente la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo.

Cinco días después, el 8 de mayo, Grupo Maferefun se registró en el Registro Nacional de Proveedores del INE, requisito indispensable para contratar con partidos políticos.

Un mes más tarde, Morena publicó la convocatoria para registrar aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 entidades.

Los registros presenciales se realizaron durante cinco días de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México.

MCCI tuvo acceso a documentos oficiales que muestran que Morena tramitó un pago por 11 millones 431 mil 979 pesos a Grupo Maferefun por la “Gestión de Evento, Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional”.

El servicio incluyó la renta y operación de salones del WTC, mobiliario, sonido, iluminación y conducción del evento.

La solicitud de pago fue autorizada por Alfredo Nader Mena, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del CEN de Morena, mientras que la realización del pago correspondió a Óscar del Cueto García, secretario de Finanzas del partido.

La investigación también recuerda que Ariadna Montiel fue cuestionada en agosto sobre los costos de los eventos internos de Morena.

Entonces respondió que el partido y los comités estatales cubrían los materiales y calificó esos gastos como “una inversión”.

MCCI sostiene que parte de esa inversión terminó precisamente en Grupo Maferefun, una empresa que ya había obtenido contratos millonarios durante la etapa de Montiel al frente de la Secretaría de Bienestar.

La coincidencia temporal es uno de los puntos centrales de la investigación: una compañía contratista recurrente de la dependencia que dirigía Montiel se registró como proveedora electoral apenas cinco días después de que ella asumiera la presidencia nacional de Morena.

La investigación de MCCI documenta los contratos y los pagos mediante registros públicos y documentos oficiales.

Eso no acredita por sí mismo la comisión de un delito ni demuestra que los contratos hayan sido otorgados de manera irregular.

Lo que sí deja sobre la mesa es una relación contractual que pasó del gobierno federal al partido político bajo una misma figura dirigente, y cuyo manejo de recursos públicos merece transparencia y explicación.

El gobierno federal presentó este martes un programa emergente para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que deberá ejecutarse en 120 días y busca atender algunos de los principales reclamos de trabajadores y derechohabientes.

El plan contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos e incluye aumento salarial, basificación de personal, contratación de médicos especialistas, compra de equipo y medidas para reducir las listas de espera.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que las acciones deberán mostrar resultados entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027.

“Son 12 puntos, 12 acciones muy concretas”, aseguró durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que desde hace aproximadamente mes y medio comenzó una revisión más profunda del funcionamiento de los sistemas públicos de salud, periodo que coincidió con las movilizaciones de trabajadores del Seguro Social.

Zoé Robledo, director general del IMSS, aseguró que las medidas surgieron de conversaciones con trabajadores “en cada hospital, piso por piso”.

El anuncio llega después de semanas de protestas por salarios, falta de personal, insumos, medicamentos y condiciones laborales.

Salarios, nuevas plazas y más médicos: las primeras medidas

El primer punto del programa es el aumento salarial global de 8 por ciento que había sido anunciado la semana pasada.

El incremento se divide en 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento en ayuda para renta. Beneficiará a alrededor de 500 mil trabajadores en activo.

El gobierno calcula que esta mejora representa 5 mil 229 millones de pesos adicionales respecto de la propuesta inicial, que había sido rechazada por trabajadores.

La segunda medida será la basificación de 10 mil 939 empleados eventuales.

Entre ellos se encuentran 6 mil 363 integrantes del personal de enfermería, mil 439 médicos y trabajadores de áreas como limpieza, almacenes, farmacia, laboratorio y atención administrativa.

También se contratarán 2 mil 500 médicos especialistas mediante un procedimiento expedito.

Sheinbaum explicó que se otorgó una autorización especial para agilizar esas contrataciones sin seguir el mecanismo habitual de participación sindical, con el objetivo de cubrir principalmente turnos nocturnos y vespertinos.

La convocatoria abrirá el 3 de noviembre y dará prioridad a especialidades con déficit de personal, como medicina interna, urgencias y radiología.

Otro de los puntos centrales es la compra de equipo médico.

El IMSS adquirirá 100 equipos de alta tecnología, entre ellos 67 mastógrafos, 26 tomógrafos de 256 cortes y cuatro resonadores magnéticos de tres teslas.

También se comprarán 2 mil 917 equipos hospitalarios, además de 6 mil 194 camas, 5 mil 851 camillas, mil 977 sillas de ruedas y mil 321 sillones para las áreas de urgencias.

El programa incluye además mantenimiento emergente de instalaciones, con la modernización de 458 sistemas de climatización y la sustitución de 63 elevadores.

Cirugías pendientes, medicamentos y protestas que todavía no terminan

Una parte importante del plan está dirigida directamente a los pacientes.

El IMSS se comprometió a realizar 31 mil 701 cirugías adicionales mediante jornadas nocturnas y de fin de semana para reducir el rezago acumulado.

Entre los procedimientos contemplados están operaciones de cataratas, vesícula y hernias, además de colocación de prótesis de rodilla y cadera.

También se evitará el cierre habitual de agendas de especialidad durante diciembre.

La meta es ofrecer cerca de 60 mil consultas adicionales durante noviembre y diciembre para impedir que pacientes sean enviados hasta el siguiente año únicamente por el cierre administrativo de agendas.

Otro compromiso es mejorar el surtimiento de medicamentos.

Robledo aseguró que el objetivo es que “nadie salga de la farmacia sin su medicamento”.

Para ello se modernizarán almacenes y sistemas de distribución. Además, los faltantes podrán reportarse mediante la plataforma Receta Completa y las recetas dejarán de perder vigencia automáticamente después de 72 horas.

El programa también digitalizará la solicitud de insumos hospitalarios para que enfermeras y personal médico puedan conocer qué materiales hay disponibles en cada piso.

Las áreas de urgencias recibirán más personal, camas y equipamiento.

Pero el anuncio no significa que las protestas hayan terminado.

Trabajadores agrupados en movimientos disidentes mantienen su rechazo a diversos acuerdos alcanzados con la dirigencia sindical y confirmaron una nueva “megamarcha nacional” para el viernes 30 de octubre.

En Ciudad de México, la movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y podrían realizarse protestas simultáneas en otros estados.

El gobierno tiene ahora cuatro meses para demostrar si las medidas anunciadas se reflejan realmente dentro de hospitales, clínicas y farmacias.

El plazo quedó fijado: 120 días.

Y después de semanas de protestas, el resultado ya no se medirá únicamente en anuncios, sino en personal contratado, medicamentos entregados, cirugías realizadas y pacientes atendidos.

El diputado Ricardo Monreal anticipó un proceso de relevo con presidencia provisional, convocatoria y votación legislativa.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, previó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pasará por tres presidencias en aproximadamente un mes: la salida de Guadalupe Taddei, una conducción provisional y la designación definitiva que resulte del procedimiento legislativo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el legislador reconoció que el organismo enfrenta una situación sin precedente, pero afirmó que hay condiciones para darle estabilidad rumbo a las elecciones de 2027.

“El INE no es la presidenta”, subrayó Monreal al recordar que la institución está integrada por miles de personas y cuenta además con un servicio profesional que sostiene su operación cotidiana.

La ruta para elegir a la nueva presidencia

Monreal explicó que, una vez que el Consejo General conozca la renuncia definitiva de Taddei, las diez consejerías restantes elegirán de entre sus integrantes a quien conduzca provisionalmente el instituto. Esa persona permanecerá al frente mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento para nombrar a la presidencia sustituta.

Anunció que la Jucopo se reuniría este martes para definir los términos de la convocatoria. La ruta contempla integrar un comité técnico de evaluación, abrir las inscripciones y realizar exámenes y entrevistas.

Estimó que el proceso llevará cerca de tres semanas para conformar una quinteta, es decir, una lista de cinco finalistas. El objetivo, dijo, es que el relevo avance con reglas claras y sin improvisaciones.

El legislador planteó buscar un acuerdo entre las fuerzas políticas para aprobar el nombramiento por unanimidad o mayoría calificada. Si no se alcanza esta última votación, explicó, se recurriría a la insaculación, es decir, a un sorteo para definir la designación.

También señaló que sigue en discusión si la convocatoria deberá reservarse a mujeres. Sobre ese punto, insistió en que el proceso debe privilegiar un perfil capaz de fortalecer la credibilidad del órgano electoral.

“Espero que hagamos un gran esfuerzo todos por lograr un perfil que rescate la credibilidad y que genere confianza, certeza, certidumbre, imparcialidad en el órgano máximo de elecciones”, expresó Monreal.

Revisión de estructuras y denuncias pendientes

Sobre la estructura directiva, identificó 13 posiciones relevantes, entre ellas las áreas de prerrogativas, organización, registro de electores y asuntos jurídicos. Según explicó, sus titulares son designados por la presidencia del INE, salvo la Secretaría Ejecutiva, que requiere aprobación del Consejo General por mayoría calificada, a propuesta de quien preside el instituto.

Planteó que la nueva presidencia revise esos nombramientos y remueva a quienes no cuenten con su confianza. A su juicio, el relevo debe permitir un rediseño interno para asegurar estabilidad institucional.

Respecto a un señalamiento específico sobre el Órgano Interno de Control (OIC), Monreal dijo tener conocimiento formal de denuncias presentadas el año pasado, cuyo número situó en alrededor de 19. Afirmó que continúan en proceso por presuntos conflictos de interés, irregularidades en la asignación de contratos y desvío de recursos.

Por otro lado, identificó cuatro instancias relevantes para esclarecer los hechos: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el OIC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, si se advierten conductas que se deban investigar, la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre Taddei, advirtió que su renuncia “no la exculpa ni excluye ninguna responsabilidad” administrativa, contable o incluso penal, y sostuvo que también deben deslindarse las posibles responsabilidades de otros funcionarios.

Recorte al presupuesto del INE

En materia presupuestal, adelantó que la Cámara no aprobará en sus términos la solicitud del INE, superior a los 40 mil millones de pesos. Anticipó una reducción de entre 5 mil y 6 mil millones, y aseguró que ya están identificadas las áreas de ajuste.

Monreal dijo que esas modificaciones se harán “en razón de medidas técnicas, no de medidas políticas”. Con ello, sostuvo, la revisión del gasto buscará equilibrio sin afectar la operación central del organismo.

El diputado cerró con un compromiso de construir acuerdos para el relevo. “Como político, soy optimista; como legislador, aportaré lo mejor de mí para lograr un acuerdo que encierre el consenso de todos o de la mayoría”, afirmó.

La discusión sobre la presidencia del INE ocurre mientras el instituto se prepara para una nueva etapa interna y para la organización de los comicios de 2027, en un contexto en el que Monreal pidió preservar la confianza ciudadana en el árbitro electoral.