De los 211 ayuntamientos que el organismo fiscalizador señaló que los tres ex alcaldes con mayores “irregularidades” entre 2023 y 2025, son de oposición.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial de 2 mil 749 millones 658 mil 658 pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2025, siendo el mayor impacto en la gestión de al menos 181 exalcaldes.

Los tres ayuntamientos que sumaron las mayores irregularidades alcanzaron un total de 305 millones 122 mil 281.81 pesos. Todos fueron gobernados por presidente municipales de oposición.

De los 211 ayuntamientos auditados (al menos la mitad son gobernador por Morena), 181 habrían presentado observaciones graves que derivaron en un presunto daño patrimonial por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos.

Los 30 municipios restantes registraron inconsistencias de carácter administrativo, lo que dio lugar a observaciones preventivas y recomendaciones, sin mayores problemáticas.

El órgano fiscalizador auditó 19 dependencias gubernamentales de las cuales 14 presentaron irregularidades financieras por cerca de 42 millones 156 mil 725 pesos con 55 centavos.

Sólo un ente estatal no registró ninguna irregularidad, rubro en el que se incluye la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo.

El municipio reportado con más irregularidades fue Tantoyuca con $148,427,493.35 y que entre 2023 y 2025 fue gobernado por el panista Jesús Guzmán Avilés.

El segundo con más sospechas fue Santiago Tuxtla con $86,469,239.63, quien fue gobernado por Brianda Hernández Topete de Movimiento Ciudadano en coalición con el PRD.

El tercero es el municipio de Ixhuatlán de Madero con 70, 225,548.83 pesos y que fue gobernado por el priista Arnulfo Espinoza Tolentino en ese mismo periodo de tiempo.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció públicamente que los hospitales del sector público en la entidad registran un déficit de hasta el 40 por ciento en el abasto de medicamentos e insumos médicos.

Esta situación quedó al descubierto tras iniciar una gira de supervisión presencial por las 61 unidades médicas del estado. Que fueron transferidas al esquema federal IMSS-Bienestar durante la administración anterior encabezada por Cuitláhuac García, evidenciando graves rezagos en el suministro básico.

Resultados de la supervisión en hospitales regionales

Los datos oficiales dados a conocer por el gobierno estatal muestran variaciones significativas en los niveles de inventario entre los distintos centros de atención médica. El Hospital General de Perote reflejó la situación más crítica al registrar apenas un 60 por ciento de disponibilidad en fármacos e insumos quirúrgicos.

Por otra parte, las unidades ubicadas en Tlapacoyan y Altotonga mostraron coberturas ligeramente superiores, alcanzando el 84 y el 89 por ciento de abastecimiento, respectivamente.

Ante este panorama adverso, la mandataria estatal señaló que las supervisiones continuarán recorriendo todas las regiones veracruzanas para verificar las existencias reales en cada clínica. Aunque los centros médicos operan bajo el modelo federal, la administración local conserva la atribución legal de realizar compras directas de emergencia. Para cubrir los faltantes urgentes y solicitar posteriormente el reembolso correspondiente a la federación.

Estrategia de abastecimiento y coordinación institucional

La falta de medicamentos suficientes en la red hospitalaria pública ha generado diversos cuestionamientos sobre la eficacia del modelo de salud implementado en los últimos años. Para corregir estas deficiencias operativas, la administración de Rocío Nahle implementa un esquema de colaboración financiera directa. Que permita adquirir los productos faltantes sin depender exclusivamente de los tiempos de distribución federal.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de mantener una revisión transparente y constante en cada unidad médica hasta garantizar el abasto completo en beneficio de la población veracruzana. El objetivo principal de estas acciones es restablecer la calidad en la atención a la salud y superar los rezagos heredados en la infraestructura sanitaria del estado.

El Centro Estatal de Cancerología en Xalapa 32 casos confirmados (informados oficialmente por la gobernadora del estado), afectando principalmente a personal de salud, pacientes y familiares, y dos fallecimientos, evidenciando una grave falla en la contención epidemiológica bajo la administración federal y estatal en turno.

La negligencia institucional expone al personal médico y a pacientes vulnerables

Doce de los contagios corresponden directamente a personal de salud del Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, mientras que tres casos afectan a pacientes y uno más a un familiar.

Esta situación refleja la falta de protocolos preventivos adecuados por parte de las autoridades sanitarias, permitiendo que el virus penetre en un entorno hospitalario de alta vulnerabilidad.

La muerte de una paciente de 10 años bajo tratamiento por Linfoma no Hodgkin y el deceso de un paciente de 22 años, cuya dictaminación permanece pendiente, ponen de manifiesto la incapacidad gubernamental para proteger a los sectores más frágiles de la población.

La Secretaría de Salud del gobierno federal, a cargo de David Kershenobich, intenta minimizar el impacto del colapso mediante la justificación de una respuesta tardía, enviando brigadas de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para supervisar las medidas implementadas.

Las cifras oficiales desnudan la simulación en las políticas de vacunación federal

A pesar de que la Secretaría de Salud presume la aplicación de más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país y un inventario superior a las 260 mil dosis disponibles en Veracruz, la realidad del brote contradice el supuesto blindaje sanitario anunciado por el régimen.

La dependencia federal señala que aproximadamente 1.5 millones de biológicos fueron destinados a esa entidad, pero la presencia de 16 contagios confirmados y dos muertes demuestra que la distribución y la cobertura real han fallado estrepitosamente en los centros de atención prioritaria.

Las autoridades sanitarias se limitan a realizar una búsqueda activa de casos, seguimiento de contactos y vigilancia permanente en la unidad médica, intentando contener mediante llamados a la población un problema que debió prevenirse con una efectiva cobertura de inmunización previa.

El discurso oficial de transparencia contrasta con la vulnerabilidad operativa de las instituciones públicas de salud, las cuales continúan heredando crisis recurrentes que ponen en riesgo la vida de los mexicanos ante la indolencia de la gestión gubernamental actual.