El Centro Estatal de Cancerología en Xalapa 32 casos confirmados (informados oficialmente por la gobernadora del estado), afectando principalmente a personal de salud, pacientes y familiares, y dos fallecimientos, evidenciando una grave falla en la contención epidemiológica bajo la administración federal y estatal en turno.

La negligencia institucional expone al personal médico y a pacientes vulnerables

Doce de los contagios corresponden directamente a personal de salud del Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, mientras que tres casos afectan a pacientes y uno más a un familiar.

Esta situación refleja la falta de protocolos preventivos adecuados por parte de las autoridades sanitarias, permitiendo que el virus penetre en un entorno hospitalario de alta vulnerabilidad.

La muerte de una paciente de 10 años bajo tratamiento por Linfoma no Hodgkin y el deceso de un paciente de 22 años, cuya dictaminación permanece pendiente, ponen de manifiesto la incapacidad gubernamental para proteger a los sectores más frágiles de la población.

La Secretaría de Salud del gobierno federal, a cargo de David Kershenobich, intenta minimizar el impacto del colapso mediante la justificación de una respuesta tardía, enviando brigadas de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para supervisar las medidas implementadas.

Las cifras oficiales desnudan la simulación en las políticas de vacunación federal

A pesar de que la Secretaría de Salud presume la aplicación de más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país y un inventario superior a las 260 mil dosis disponibles en Veracruz, la realidad del brote contradice el supuesto blindaje sanitario anunciado por el régimen.

La dependencia federal señala que aproximadamente 1.5 millones de biológicos fueron destinados a esa entidad, pero la presencia de 16 contagios confirmados y dos muertes demuestra que la distribución y la cobertura real han fallado estrepitosamente en los centros de atención prioritaria.

Las autoridades sanitarias se limitan a realizar una búsqueda activa de casos, seguimiento de contactos y vigilancia permanente en la unidad médica, intentando contener mediante llamados a la población un problema que debió prevenirse con una efectiva cobertura de inmunización previa.

El discurso oficial de transparencia contrasta con la vulnerabilidad operativa de las instituciones públicas de salud, las cuales continúan heredando crisis recurrentes que ponen en riesgo la vida de los mexicanos ante la indolencia de la gestión gubernamental actual.

#Columna

Por Alexandro Vázquez Loyo

Echando mano del clásico y desgastado «ni los veo, ni los oigo», la gobernadora Rocío Nahle hace oídos sordos al clamor ciudadano y médico que exige la destitución inmediata de Roberto Ramos Alor como coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz. Frente al deterioro de los servicios de salud en el estado, la postura oficial no ha sido la autocrítica ni la corrección, sino el blindaje político.

El origen de la alianza

La complicidad política entre ambos no es casual ni reciente. Roberto Ramos Alor -médico, exsecretario de Salud en el sexenio de Cuitláhuac García, diputado federal por Coatzacoalcos en 2024 y actual titular del IMSS-Bienestar en la entidad- ha sido señalado consistentemente como uno de los perfiles más cercanos a la mandataria. Ambos comparten trinchera desde los tiempos del PRD y la consolidación inicial de Morena en el sur del estado.

La historia de lealtad mutua está bien documentada:

• El hito fundador (2017): Ramos Alor fue cesado como director del Hospital Regional de Coatzacoalcos «Dr. Valentín Gómez Farías» tras acompañar a Nahle —entonces diputada federal— en un pronunciamiento público contra Emilio Lozoya. Aquel cese, calificado por él como un «linchamiento político» contra la izquierda, selló un compromiso de acompañamiento incondicional.
• El respaldo en el bastión (2024): Rocío Nahle lo reconoció públicamente como un cuadro histórico imprescindible del movimiento en Coatzacoalcos (su principal bastión político) e impulsó de forma decidida su candidatura a la diputación federal.
• El premio institucional (2025): Ya en el Palacio de Gobierno, la mandataria ratificó su influencia al respaldar su llegada a la coordinación del IMSS-Bienestar estatal en mayo de 2025.

¿Por qué el blindaje incondicional?

Tras la reciente indignación generada por el video en el que Ramos Alor espetó a médicos residentes que exigían insumos básicos un soberbio «si no quieren operar, no operen», las exigencias de renuncia no se hicieron esperar. Sin embargo, la respuesta de Nahle fue el respaldo explícito.

Si bien la gobernadora catalogó las declaraciones de su funcionario como «desafortunadas», rechazó categóricamente solicitar su dimisión. En su lugar, optó por la defensa de su idoneidad operativa.

Este amparo político choca de frente con el expediente del funcionario, marcado por señalamientos de desabasto, medicamentos caducados y severas deficiencias desde su gestión en la pandemia. La explicación a este respaldo inamovible no radica en la eficiencia administrativa, sino en la lealtad partidista y en su papel operativo dentro de la estructura territorial del gobierno estatal.

El costo político de la lealtad

El caso Ramos Alor expone un estilo de gobernar donde la lealtad personal y de facción se antepone a la capacidad técnica y al bien común -un rasgo recurrente en la narrativa de la Cuarta Transformación-. Sin embargo, este cálculo tiene un costo real y directo sobre la credibilidad del sector salud y de la propia administración estatal.

Si el desabasto y la precariedad hospitalaria no se resuelven a la brevedad, el descontento no se diluirá. Por el contrario, cada manifestación y cada nueva polémica de Ramos Alor se convertirá en un lastre acumulativo para el gobierno de Nahle, con una factura política muy alta de cara a los próximos procesos electorales. La obstinación en mantenerlo pone en evidencia la tensión permanente entre el control político interno y la legitimidad frente a la ciudadanía.

El llamado ciudadano: ¡Renuncia, Ramos Alor!

El diagnóstico de la sociedad veracruzana es contundente: el sistema de salud en la entidad ha tocado fondo y la pérdida de confianza en el titular del IMSS-Bienestar es irreversible. Mantener en el cargo a un funcionario cuya gestión ha quedado marcada por la incompetencia no solo colapsa los hospitales de Veracruz; constituye, en sí misma, una forma de corrupción que atenta contra el derecho fundamental a la salud de las y los veracruzanos.

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