La Cuarta Transformación le tiene un profundo odio a los fideicomisos pues acusan, sin pruebas, que son “fuentes de corrupción”, que son “excesivos”, “opacos” y que son “un guardadito” para pagar los privilegios de altos funcionarios.

Se ha posicionado en contra de los fideicomisos que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE) dedicados al retiro de sus trabajadores y al mantenimiento de sus módulos; y el pasado martes 17 de octubre Morena aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Cámara de Diputados.

Pese a criticar y desaparecer estos fondos, ello no le impide a la 4T utilizar estos recursos para financiar las ocurrencias del dictador de Palacio Nacional.

Usan dinero de fideicomisos extintos para programas clientelares y megaobras inservibles

Por ejemplo, en octubre de 2020, Morena en el Congreso de la Unión eliminó 109 fideicomisos que atendían diferentes necesidades de los mexicanos como salud, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura, cinematografía, atención a damnificados por desastres naturales, entre otros.

El Gobierno Federal justificó esta decisión al asegurar que necesitaban recursos para “comprar vacunas contra el Covid-19”; sin embargo, los recursos de esos fideicomisos fueron utilizados de manera discrecional y se canalizaron a las megaobras faraónicas inservibles y los programas sociales prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), creado exprofeso para responder preguntas legislativas hechas por senadores como parte de la revisión al Tercer Informe de Gobierno de López Obrador, se estableció que de los 64 mil 524 millones de pesos obtenidos de estos 109 fideicomisos 26 mil 342.4 millones de pesos se invirtieron en la construcción del Tren Maya, mil 495.7 millones se destinaron al ferrocarril del istmo de Tehuantepec y 852.6 millones se reasignaron a las obras del Tren Ligero de Guadalajara.

Sólo 6 mil 35 millones de pesos se invirtieron en la compra de vacunas contra el Covid-19, mientras que otros 25 mil 34 millones se reasignaron para dar apoyo financiero a microempresas familiares a través del programa Crédito a la Palabra, 2 mil 491 millones para el pago del fideicomiso 2058, e-México, y 2 mil 293 millones más se invirtieron en programas de vivienda social y para el pago del Fideicomiso Escuela de Excelencia Bebederos.

Este es el modus operandi de la 4T utiliza para desviar dinero de fideicomisos

La forma en que el gobierno de López Obrador ha operado para utilizar los recursos de los fideicomisos extintos funciona de la siguiente manera:

Tras la eliminación, el dinero es reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pero no se etiqueta; en su lugar, la SHCP autoriza ampliaciones presupuestales a los rubros donde pretenden utilizar los recursos, los cuales son inyectados de manera directa.

El propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados dio a conocer que el dinero de los 109 fideicomisos se usó a través de “ingresos no tributarios” de la Secretaría de Hacienda en el año 2021, pero no fue sino hasta 2022 cuando se conoció la ejecución del gasto.

Así, el uso de los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación podrá conocerse hasta la próxima administración, en el año 2025.

Morena planea usar mismo esquema para usar recursos del Poder Judicial

El martes pasado, la mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro aprobó la minuta con la que se desaparecen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con lo que se pretende dotar al gobierno federal de 15 mil 425.9 millones de pesos.

Falta que el Senado de la República discuta y aprueba la extinción de estos fondos, sin embargo, la 4T pretende replicar el mismo esquema para gastar los recursos del PJF de manera discrecional.

De último minuto, y casi al finalizar la discusión, la bancada de Morena incorporó una reserva para agregar un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la que se establece que los recursos de los fideicomisos “se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.

Con ello, se da manga ancha para el uso de los recursos a fin de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estrategia que, entre otras cosas, establece la entrega del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando vida, y Tandas para el Bienestar.

De avalarse la minuta en la Cámara Alta, el dinero que hoy pertenece a los trabajadores del Poder Judicial también podrá ser usado en el “rescate del sector energético” a través de inversiones en la refinería de Dos Bocas, en el fortalecimiento del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), así como en el Tren Maya.

La reforma, que fue turnada al Senado de la República para su análisis y discusión, establece que todas las disponibilidades que existan en 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial “se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

Propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solamente uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo éste el Fondo de Apoyo para la Administración de la Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Con información de El Universal