La transmisión de sarampión en México registra una marcada tendencia a la baja, consolidando el éxito de las acciones sanitarias implementadas a nivel nacional. Gracias a la Estrategia Nacional contra el Sarampión y a las jornadas intensivas desplegadas en las 32 entidades federativas, el país ha logrado reducir los contagios activos a solo 34 casos, en un esfuerzo coordinado entre el sector salud y las autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), desde febrero de 2025 hasta el corte del 17 de septiembre de 2026, se han confirmado 19,559 casos acumulados de sarampión en todo el territorio nacional. No obstante, la curva epidemiológica muestra un descenso sostenido gracias a la cobertura alcanzada por la campaña de inmunización, la cual ya supera los 36 millones de dosis aplicadas.

La importancia de la inmunización frente a un virus altamente contagioso

El sarampión se mantiene como una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo: una sola persona infectada tiene la capacidad de transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles.

La evidencia epidemiológica recopilada durante este periodo demuestra que la gran mayoría de los contagios se han concentrado en personas que no contaban con antecedentes de vacunación. Ante este escenario, las autoridades sanitarias recalcan que la aplicación del biológico es la herramienta más eficaz y segura para cortar las cadenas de transmisión y proteger a la comunidad:

• Eficacia comprobada: Completar el esquema de dos dosis proporciona hasta un 97% de protección contra la enfermedad.
• Carácter universal: La vacuna es segura, gratuita y universal para toda la población que lo requiera.
• Acción comunitaria: Vacunarse no solo protege al individuo, sino que blinda a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Continúa la campaña nacional: Revisa tu centro de salud

A pesar de los resultados favorables, la campaña de vacunación sigue activa en todo el país. La Secretaría de Salud hace un llamado urgente a las personas que no cuentan con su esquema completo para que acudan a recibir las dosis faltantes.

Si deseas conocer el módulo o centro de salud más cercano, puedes consultar la plataforma oficial habilitada por las autoridades: dondemevacuno.salud.gob.mx. Las acciones de detección, seguimiento y vacunación se mantendrán vigentes de forma permanente.

 A partir de octubre, las escuelas de educación básica enfrentarán un cambio importante en la dinámica cotidiana de las aulas: el uso de teléfonos celulares quedará totalmente restringido durante la jornada escolar en primarias y secundarias, de acuerdo con el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del organismo y difundida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. A diferencia de primaria y secundaria, en educación media superior y superior no habrá una prohibición nacional uniforme; serán las propias comunidades educativas las que establezcan sus reglas mediante acuerdos internos.

El argumento detrás de la medida es atender los problemas asociados con el uso excesivo de pantallas durante el horario escolar, particularmente las distracciones y la reducción de la convivencia entre estudiantes. Sin embargo, convertir el acuerdo nacional en una regla efectiva dentro de miles de planteles representa un desafío considerable: las autoridades deberán definir cómo se resguardarán los dispositivos, quién supervisará su cumplimiento y qué ocurrirá ante incumplimientos o conflictos con alumnos y padres de familia.

La restricción también abre interrogantes sobre situaciones en las que el teléfono puede cumplir una función práctica. Emergencias, comunicación con familiares, actividades educativas o necesidades particulares de los estudiantes deberán contemplarse en los protocolos para evitar que una prohibición general termine generando problemas adicionales. La eficacia de la medida dependerá, en buena parte, de que existan criterios claros y uniformes para docentes y directivos.

Para acompañar el cambio, las autoridades anunciaron campañas de difusión, asambleas escolares y actividades en los planteles, además de la distribución de más de 16 millones de guías dirigidas a estudiantes, familias y maestros. El objetivo es que la regulación no recaiga exclusivamente en los profesores y que los padres participen en la construcción de hábitos digitales fuera de la escuela.

Paralelamente, el gobierno federal pondrá en marcha la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, como parte de las acciones de atención a la salud mental y promoción de la convivencia. El planteamiento oficial es que reducir el tiempo frente a las pantallas durante la jornada escolar contribuya al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El verdadero desafío, sin embargo, comenzará cuando la regla llegue a los salones. Prohibir el celular durante toda la jornada es una decisión sencilla de anunciar, pero mucho más compleja de aplicar cuando cada escuela enfrenta condiciones distintas. El resultado dependerá de la capacidad de las autoridades para establecer protocolos, capacitar al personal y lograr que las familias participen; de lo contrario, la medida podría terminar convirtiéndose más en un problema disciplinario que en una solución al uso excesivo de la tecnología.

 El caso de los 59 millones de litros de presunto combustible ilegal asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, pasó en pocos días de ser presentado públicamente como un importante golpe contra el huachicol fiscal a una investigación cuyo resultado todavía está por determinarse.

La propia Fiscalía General de la República (FGR) reconoció en su comunicado del 19 de septiembre que el cateo se realizó a partir de “indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades” y que aún se encuentra reuniendo información para establecer la legalidad del hidrocarburo. La precisión resulta relevante porque el primer comunicado de la FGR, difundido el 17 de septiembre, informó del hallazgo de más de 59 millones de litros y señaló que no se había acreditado su origen.

En aquel momento la comunicación oficial colocó el operativo dentro de una investigación contra redes vinculadas con el contrabando de combustible, mientras que el nuevo comunicado deja claro que todavía deben realizarse diligencias para determinar la propiedad, procedencia, manejo y destino de la totalidad del producto.

La propia Fiscalía admite ahora que está recabando documentos, analizando información y entrevistando a directivos de empresas relacionadas para verificar la trazabilidad financiera y fiscal del combustible. Es decir, hasta este momento no existe una determinación pública de la FGR que establezca que los 59 millones de litros sean ilícitos. Lo que existe es una investigación para determinar si se configuraron delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos o en el Código Fiscal de la Federación.

A esto se suma otro elemento que modifica la lectura inicial del operativo. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, rechazó que la terminal opere fuera de la ley y sostuvo que cuenta con un permiso federal de almacenamiento de petrolíferos con vigencia de 30 años, además de autorizaciones ambientales y de seguridad. La empresa afirma que el combustible almacenado pertenece a sus clientes, no a la propia terminal, y que éstos deben acreditar la propiedad y procedencia de sus productos.

También resulta significativo que la autoridad haya recurrido a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar el expediente debido a la complejidad del caso. La FGR sostiene que busca esclarecer posibles delitos y verificar la trazabilidad de los hidrocarburos; la empresa, por su parte, sostiene que su operación es “completamente lícita y verificable” y espera que la revisión de sus documentos confirme esa posición.

Así, el dato que permanece firme es el aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros, pero no la conclusión de que todo ese volumen constituya huachicol fiscal como lo adelantó la propia autoridad en su versión inicial del 17 de septiembre.

La principal inconsistencia en la comunicación pública está precisamente en la distancia entre presentar inicialmente el caso como un gran golpe al contrabando de combustible y reconocer posteriormente que todavía se debe comprobar el origen, propiedad y destino legal del hidrocarburo. Esa diferencia será determinante para establecer qué ocurrió realmente en la terminal de San José Iturbide.