Durante los últimos días se profundizó la crisis de seguridad y violencia que vive Tamaulipas desde hace ya tiempo. En estas últimas horas crecieron las denuncias por retenes ilegales por parte de civiles armados en la carretera que conecta las ciudades de Monterrey y Reynosa. El problema, además, es que el secretario de Seguridad local, Sergio Hernando Chávez García, no responde a los llamados del gobernador, Américo Villareal, para controlar la situación.

Según pudo saber LPO, durante los días que duraron las promociones del «buen fin» diversos grupos civiles armados tendieron retenes en diversas carreteras del estado con el objetivo de cobrar cuotas para dejar pasar a los diversos vehículos. Si éstos no accedían a pagar, eran atacados y violentados por estos mismos sectores. A pesar de las denuncias y de las diversas publicaciones que se propagaron por las redes sociales, en ningún momento se hicieron presentes agentes de seguridad para acabar con estas prácticas ilegales.

Esta vez, reconocen en el Norte del país, el problema es mayor porque comenzaron los problemas al interior del gobierno a raíz de la falta de comunicación entre las esferas encargadas de combatir la inseguridad. Estas tensiones crecieron ante el arribo a la Secretaría de Defensa nacional de Ricardo Trevilla Trejo, con quien el secretario local, Chávez García, preferiría coordinarse ante los problemas que crecen con América Villareal. El tamaulipeco es cercano al General designado por Claudia Sheinbaum, por lo que preferiría profundizar esa relación.

Esto se suma a una situación de ingobernabilidad y preocupación que data desde hace ya tiempo. Desde el comienzo la administración que encabeza Américo Villareal enfrenta serios problemas con el crimen organizado, que se ha expandido por diversas regiones del estado. Es el caso, por ejemplo, de la capital, Victoria, donde grupos armados realizan actividades ilegales, retenes, levantones y balaceras a plena luz del día sin ningún tipo de control por parte del gobierno local.

Esta crisis se profundiza en un contexto que ya relató LPO. Esta redacción detalló que el Villareal mantiene una serie de peleas con los alcaldes de la 4T, especialmente con el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, a raíz de una serie de nombramientos que hizo en su gobierno local sin el consentimiento del alcalde. Estas peleas y diferencias acrecientan la crisis de seguridad que desde hace meses azota a la población local que sufre los retenes, levantones y balaceras en uno de los estados más violentos del país.

El de Claudia Sheinbaum se perfila para supera en violencia al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el cual actualmente ostenta el título del más violento en la historia de México.

En poco más de un mes Claudia Sheinbaum ya acumula 10 masacres, contando las del pasado fin de semaba en bares de Querétaro y Estado de México.

Las 10 masacres del inicio de gobierno de Sheinbaum

Chiapas- 4 muertos

El pasado sábado 12 de octubre asesinaron a 5 jóvenes dentro de una casa de la colonia Paso Limón, en Tuxtla Gutiérrez, muriendo cuatro de ellos.

Tabasco- 3 muertos

El mismo fin de semana asesinaron a 3 peronas en la colonia ranchería Zapotal tercera sección en Comacalco, Tabasco.

Chiapas- 3 muertos

El 30 de octubre oejecutaron a otras 3 personas en Chiapas, ahora dentro de las instalaciones de la CFE en Tuxtla Gutiérrez.

Guanajuato- 3 muertos

En Guanajuato el pasado 2 de noviembre sujetos armados asesinaron a tres custodios que laboraban en el Centro de Readaptación Social en León.

Tabasco- 3 muertos

El 3 de noviembre asesinaron a 3 personas en Cunducán, Tabasco. Sus cuerpos fueron abandonados en una ranchería, todos descuartizados.

Puebla-3 muertos

En Puebla el pasado 4 de noviembre un grupo de sicarios irrumpió en el hospital Gonzalo Río Arronte en Atlixco, puebla y asesinó a dos policías y un ciudadano.

Chiapas- 3 muertos

En Chiapas, una vez más, el pasado 6 de noviembre se localizaron os cuerpos de tres personas en el camino de una ranchería del municipio de Reforma, en San Cristóbal de las Casas.

Guerrero-11 muertos

El pasado 6 de noviembre se encontraron los cuerpos de 11 personas mutiladas en El Marquéz, en Chilpancingo. Todos en la parte trasera de una camioneta. Entre las víctimas había tres menores de edad.

Querétaro- 10 muertos

La noche del pasado 9 de noviembre un comando armado asesinó a 10 personas a balazos dentro del bar “Cantaritos” en Querétaro.

Estado de México- 5 muertos

En otro ataque armado a un bar perpetrado durante el mismo fin de semana un comando armado atacó a balazos el bar conocido como Bling Bling.

El saldo del ataque al bar ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue de cinco personas muertas y siete más heridas.

Marilyn Cote, acusada de hacerse pasar por psiquiatra durante al menos cinco años, fue detenida el pasado 21 de noviembre gracias a un operativo conjunto entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala.

Según la investigación, habría recetado medicamentos controlados sin contar con la cédula profesional requerida. Operando un consultorio sin permisos oficiales y enfrentando múltiples denuncias legales.

¿De qué se le acusa y cuál podría ser su condena?

El principal delito que enfrenta Cote es usurpación de profesión, sancionado por el Artículo 258 del Código Penal de Puebla con penas de dos meses a dos años de prisión.

Además de una multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Sin embargo, su caso se complica porque también operaba un consultorio sin autorización sanitaria, lo cual está estipulado en el Artículo 258 bis.

Esta infracción podría aumentar su condena entre uno y cuatro años de prisión y una multa de cincuenta a doscientas UMAs.

En total, Marilyn Cote podría enfrentar entre un año y dos meses y hasta seis años de prisión, dependiendo de los cargos acumulados y de las pruebas presentadas.

Además, las sanciones podrían duplicarse si se demuestra que utilizó su supuesta profesión para cometer otros delitos, como el suministro indebido de medicamentos controlados.

Tras el cierre de su consultorio por carecer de permisos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), al menos siete denuncias se han sumado en su contra.

La clausura permanente del lugar y el ultimátum del gobierno para demostrar su legitimidad refuerzan los cargos.

Con su detención y las evidencias acumuladas, el caso de Marilyn Cote destaca como un ejemplo de las graves consecuencias legales y sociales de la usurpación de funciones profesionales.