Xalapa, Ver. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado un presunto daño patrimonial que supera los mil millones de pesos al interior de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Las irregularidades, marcadas por una severa opacidad en el manejo de recursos públicos, corresponden a 2024, año que marcó el cierre de gestión del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con los dictámenes de fiscalización recientes, la red hospitalaria del estado fue escenario de una masiva fuga de capitales concentrada, irónicamente, no en la atención médica, sino en la subcontratación de servicios operativos no comprobados.

Limpieza y seguridad «fantasma»

El desglose de las irregularidades financieras muestra un patrón de gasto millonario en servicios que carecen de cualquier tipo de respaldo documental o físico:

• Servicios de limpieza (+$400 millones): Se destinaron cerca de 400 millones de pesos a supuestas tareas de aseo y desinfección hospitalaria. Sin embargo, no existen bitácoras de insumos ni evidencia de que el personal de limpieza haya realizado sus labores.

• Seguridad y vigilancia ($262 millones): Se erogaron más de un cuarto de billón de pesos en contratos de custodia privada. La ASF determinó que no hay listas de asistencia ni registros que demuestren la presencia física de los guardias en las unidades médicas.

El gran contraste: Mientras las anomalías en limpieza y seguridad superan los 660 millones de pesos esfumados en la opacidad, la administración estatal solo pudo comprobar una inversión de 25 millones de pesos para la compra de medicamentos.

Fondos vulnerados y acciones penales

La indignación en torno al caso se agrava debido al origen de los recursos. La entidad fiscalizadora detectó que la mayoría de los fondos desviados y operados sin comprobantes formaban parte del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, un rubro diseñado estrictamente para garantizar el bienestar de la población más vulnerable de Veracruz.

Frente a la contundencia de las pruebas y la falta de comprobantes, la ASF ha comenzado a tomar acciones institucionales. Se ha abierto oficialmente la puerta para iniciar promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como investigaciones penales directas contra los exfuncionarios involucrados en el manejo de estos fondos.

Cecilia Tzitzihua continúa esperando los 5 mil pesos que fueron establecidos como premio para la ganadora de un concurso estatal de fotografía.

La joven cumplió con los requisitos de la convocatoria, recibió la notificación de que había ganado. Por lo que viajó por sus propios medios a Xalapa para participar en la ceremonia de reconocimiento. Sin embargo aún no le dan el dinero.

Cecilia Tzitzihua reclama premio de fotografía

Después de varios meses de espera, Cecilia utilizó sus redes sociales para hacer público el incumplimiento. Y recordó que el organismo estatal todavía no le ha depositado el premio correspondiente al certamen Miradas Jóvenes de México.

“Ya casi va a cumplirse un año y, hasta la fecha, mi premio sigue sin llegar”, señaló la joven.

Cecilia explicó que se trasladó a la capital veracruzana con la expectativa de recibir tanto el reconocimiento como los 5 mil pesos anunciados para el primer lugar, pero regresó sin el estímulo económico.

Hasta ahora, el Instituto Veracruzano de la Juventud no ha informado públicamente cuándo realizará el pago ni ha explicado por qué el recurso continúa pendiente.

Pese a la situación, la joven aseguró que conserva una experiencia positiva de aquel viaje a Xalapa.

“Fue la primera vez que viajé sola a Xalapa, aprendí a moverme, a preguntar, a ubicarme y a descubrir que sí podía llegar por mis propios medios a un lugar que no conocía”, expresó.

¿Por qué el Injuve de Veracruz no tiene titular?

El reclamo ocurre mientras el Instituto Veracruzano de la Juventud permanece sin una persona titular desde marzo, cuando Deisy Mariana Núñez dejó la dirección.

Su salida ocurrió después de que su madre fuera denunciada ante la Fiscalía del Estado por su presunta participación en una privación de la libertad.

La gobernadora Rocío Nahle García reconoció que actualmente el organismo no cuenta con una dirección formal. Además señaló que una persona se encuentra encargada de atender sus actividades.

La mandataria también indicó que próximamente se anunciará a quien asumirá la titularidad del Injuve.

La medida aplicaría tanto a alumnos como a docentes hasta el nivel secundaria, con el objetivo de reducir distracciones y atender problemas de salud y rendimiento académico.

Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, planteó establecer una regulación para restringir el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos de la entidad.

La iniciativa contempla evitar el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar, una disposición que alcanzaría tanto a estudiantes como al personal docente, aplicándose de manera inicial desde la educación básica hasta el nivel secundaria.

La mandataria estatal argumentó que el uso excesivo de los teléfonos inteligentes se ha convertido en un factor constante de distracción en las aulas.

Asimismo, señaló que esta práctica está asociada a problemáticas como el incremento en los niveles de ansiedad y afectaciones en el desarrollo de la coordinación en las infancias y juventudes, aspectos que justifican una revisión urgente sobre la presencia de la tecnología en las escuelas.

No obstante, Nahle puntualizó que la propuesta no busca desacreditar la tecnología en el ámbito escolar, reconociendo que no todos los dispositivos cumplen la misma función. En ese sentido, destacó que las tabletas y computadoras que sirvan como herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje deben tener consideraciones distintas.

Alcances y criterios de la propuesta

La estrategia plantea lineamientos específicos según el nivel educativo y la función del dispositivo:

• Hasta nivel secundaria: Restricción en el uso de teléfonos celulares para alumnos y profesores durante el horario de clases.
• Nivel preparatoria: Permiso para el uso de tabletas o equipos portátiles, siempre y cuando su uso esté directamente vinculado a actividades pedagógicas programadas.

Para evitar afectaciones operativas, la gobernadora instó a realizar un análisis previo sobre las condiciones particulares de cada centro escolar antes de fijar normas definitivas.

La propuesta continuará bajo evaluación por parte de las autoridades educativas del estado para determinar los lineamientos exactos bajo los cuales se regulará el acceso a estos aparatos en las aulas veracruzanas.