Se armó la pelea por una camioneta y para variar un diputado de Morena esta implicado. Sin embargo, los argumentos apuntan a su favor. Aunque con ciertos matices. Ernesto Prieto Gallardo niega ser deudor alimentario y asegura que la camioneta que presuntamente regaló tuvo un costo 400 mil pesos menos.

Ahora bien. ¿Qué tiene que ver una camioneta, su precio, el regalo con una pensión alimenticia? Es un poco revuelto el tema pero con gusto lo vamos a desmenuzar para entederlo paso a paso.

El origen de la polémica: la pelea de los Ernestos

Todo comenzó hace algunos días, cuando el diputado de Morena Ernesto Prieto dijo no ser capaz de pronunciar el nombre de Ernesto Ruffo Appel bajo la excusa de que no es una persona honorable. Ya sabes, políticos dando golpes de pecho.

De hecho queda como algo para recordar su frase contra el exfuncionario: “a este personaje de nombre Ruffo Appel, y no digo Ernesto porque aquí habemos varios Ernestos honorables”.

Pero como todos los políticos tienen cola, no tardo algun rival en sacarle o inventarle pruebas. Acá fue el turno de Marco Antonio Baños quien respondió acusándolo de no reconocer la paternidad de una hija así como de no pagar la manutención de la misma.

“No sé si ya haya pagado la pensión de alimentos y haya concluido un procedimiento que tenía instaurado… Es un deudor alimentario, hay que decirlo con toda claridad”, sentenció.

Todo se junta para el diputado de Morena

Con todo este cóctel, decidieron hacer una comparativa para criticar su poca coherencia política. Por un lado, el espléndido diputado de morena que da una camioneta de un valor de un millón 300 mil pesos. Por otro lado, un deudor alimentario que niega la paternidad.

Como respuesta, Ernesto Gallardo respondió por ambos frentes. Primero, negando que la camioneta costará esa cifra, sino «solamente» 900 mil pesos. Y segundo, retando a quienes lo acusaron de deudor alimenticio de probar tal argumento.

La información sigue su curso. Entre señalados y acusaciones, ya veremos de qué cuero salen más escándalos.

Autoridades federales detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la captura ocurrió después de meses de investigación.

En el operativo participaron la SSPC, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Colaboraron la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido es identificado como principal líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades señalan que el grupo mantiene operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de contar con presencia en Jalisco. La organización estaría relacionada con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

La SSPC indicó que esas actividades han afectado a productores, comerciantes, empresarios y familias de regiones de Michoacán.

Con la captura de “R1” suman 31 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo

El alcalde fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en el Festival de las Velas, realizado en la plaza principal de Uruapan.

Las investigaciones anteriores permitieron identificar una estructura encargada de planear el ataque, vigilar al funcionario y coordinar a sus autores materiales. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como intermediario dentro de la organización.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado dónde fue capturado “R1”. Tampoco informaron las imputaciones específicas que enfrentará ni los siguientes pasos de su proceso judicial.

García Harfuch afirmó que la detención representa un avance en la estrategia federal para combatir la extorsión y debilitar estructuras criminales.

La operación forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, basado en tareas de inteligencia, investigación y coordinación institucional.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, abstenerse de utilizar diversas expresiones para referirse a Morena y retirar publicaciones en redes sociales que, de manera preliminar, podrían constituir actos de calumnia.

La resolución deriva de una queja presentada por Morena, que denunció varias publicaciones del líder priista y del propio partido en las que se empleaban términos como «narcogobierno», «narcopropagandista», «narcopolíticos», «narcodictadura», «cártel de Morena» y «narcopartido».

Durante una sesión extraordinaria, la Comisión analizó la solicitud de medidas cautelares promovida por Morena, al considerar que dichas expresiones le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El INE ordenó retirar por lo menos cinco publicaciones

Tras revisar el caso, los consejeros determinaron procedente dictar medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales de Alejandro Moreno y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del PRI.

De acuerdo con la Comisión, las publicaciones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociar al partido con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico suficiente, por lo que ordenó su retiro mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

Las medidas cautelares tienen carácter provisional y buscan evitar posibles afectaciones durante el desarrollo del procedimiento especial sancionador. Será posteriormente la autoridad electoral competente la que determine si las publicaciones constituyen o no una infracción a la legislación electoral.

El caso se suma a una serie de controversias entre los principales partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, en el que el uso de redes sociales y la propaganda política se mantiene bajo vigilancia de las autoridades electorales.