Roberto Jordán Aguilar Pavón, presidente municipal de Ixtapa, Chiapas, apareció con un automóvil Audi en un evento de running en la Ciudad de México. El periodista Jorge García Orozco difundió un video el 8 de octubre y aseguró que se trata de un Audi RS3 con un precio superior a 1.6 millones de pesos.

El alcalde de Ixtapa, Chiapas del petista 4t, Roberto Jordan Aguilar presumió en un evento de running en CDMX su coche Audi RS3 de más de 1 millón 600 mil pesos.

Con un sueldo de 27 mil pesos al mes, ha sido 3 veces alcalde, en Ixtapa 87% de pobreza. https://t.co/wejqfOZzkZ

— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 8, 2026

El directorio oficial del Ayuntamiento de Ixtapa confirma que Jordán Aguilar ocupa la presidencia municipal en la administración 2024-2027. Sin embargo, los demás datos del caso provienen de la publicación del periodista.

Lo que señaló García Orozco sobre Jordán Aguilar

Según García Orozco, el alcalde pertenece al Partido del Trabajo (PT) y percibe un sueldo de 27 mil pesos al mes. Además, el periodista afirmó que Jordán Aguilar ha sido alcalde de Ixtapa en tres ocasiones.

El comunicador también contrastó el vehículo con la situación del municipio. De acuerdo con su publicación, en Ixtapa hay 87% de pobreza. Por ello, el periodista cuestionó el origen de los recursos para un vehículo de ese precio.

Señalamientos previos en Chiapas

Las críticas no son nuevas. El 14 de septiembre, el columnista Silvano Bautista Ibarias publicó en El Sol del Soconusco la columna «Palabras claras», dedicada a los presuntos excesos del edil. En ese texto, recogió críticas de periodistas locales porque, días antes, el alcalde se había exhibido con un Audi modificado para carreras.

En la misma columna, Bautista Ibarias citó al periodista Vinicio Portela, de Agencia55. Según Portela, la declaración patrimonial de Aguilar Pavón reporta un ingreso mensual neto de 27 mil 881 pesos. Además, menciona una camioneta GMC Sierra 2022 con valor de un millón 379 mil 900 pesos.

Por otra parte, el columnista mencionó denuncias de habitantes de comunidades como Victórico R. Grajales y Manzanillo. Según esas quejas, el Ayuntamiento cobró obras que no se ejecutaron. Asimismo, la columna planteó la pregunta de cuándo intervendrá la Auditoría Superior del Estado.

Todos esos señalamientos corresponden a periodistas y columnistas, y tienen carácter de presuntos. Mientras tanto, el video de García Orozco volvió a colocar a Jordán Aguilar en el centro de la discusión pública en Chiapas.

El gobierno federal pagó 592.3 millones de pesos en becas a 67 mil 142 beneficiarios cuyos datos no pudieron validarse al cruzarlos con el Registro Nacional de Población.

Así lo detectó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) durante una fiscalización a los programas de Becas para el Bienestar, según información publicada por Excélsior.

La revisión señala que los apoyos fueron pagados pese al resultado negativo de la validación. El hallazgo identifica inconsistencias en los registros, sin que por sí mismo acredite que los beneficiarios sean personas inexistentes.

Los resultados forman parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, que revisó programas de becas para educación básica, media superior y superior.

Tarjetas activas que no fueron entregadas

La auditoría también encontró irregularidades en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. En 2024 quedaron sin entregar 95 mil 960 tarjetas, pero 94 mil 251 fueron reportadas como activas.

La normativa establece que deben activarse después de que las personas beneficiarias las reciban, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.

Además, mil 78 cuentas vinculadas con tarjetas no entregadas aparecían activas y recibieron depósitos por 8.6 millones de pesos.

En el Catálogo de Escuelas de Referencia se identificaron mil 842 claves de centros de trabajo que no fueron localizadas en los registros de la Secretaría de Educación Pública.

Otras 6 mil 500 escuelas no cumplían con los criterios de priorización. También se detectaron mil 376 beneficiarios de educación básica inscritos en escuelas no prioritarias, quienes recibieron 8.5 millones de pesos.

La fiscalización incluyó las becas Benito Juárez de educación básica y media superior, la Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Para atender los hallazgos, la SABG reportó la corrección de 78 expedientes bancarios, capacitación y actualizaciones al sistema de entrega de apoyos.

También estableció controles para documentar el envío y recepción de archivos de dispersión y dar seguimiento a las quejas de los beneficiarios.

Padres de niñas y niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos.

La denuncia fue presentada el 7 de octubre por el Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., según información publicada por Político MX.

Los colectivos solicitaron investigar hechos que consideran podrían constituir genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. Estos señalamientos forman parte de la denuncia y no representan delitos acreditados por una autoridad judicial.

Las organizaciones acusan sobreprecios y adquisición de medicamentos que calificaron como inservibles o apócrifos. También pidieron revisar la cadena de responsabilidades relacionada con el desabasto de tratamientos para menores.

Señalan contratos de Romedic

Israel Rivas Bastida, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, afirmó que cuentan con evidencia sobre tratamientos de baja calidad terapéutica.

Según su declaración, médicos les expresaron dudas sobre algunos medicamentos oncológicos. Rivas sostuvo que esas condiciones habrían afectado la efectividad de las quimioterapias y denunció presuntas represalias contra personal de salud que intenta reportarlas.

De acuerdo con Reforma, citado por Político MX, el documento señala a Amílcar Olán y a su empresa Romedic como beneficiarios de asignaciones millonarias del extinto Insabi, canalizadas mediante gobiernos estatales morenistas.

Los denunciantes atribuyen al presunto entramado de corrupción un desabasto sistemático que, según su acusación, habría derivado en más de 5 mil muertes de menores. La información presentada no incluye una verificación independiente de esa cifra.

Los colectivos solicitaron al Ministerio Público Federal determinar responsabilidades dentro y fuera de la administración pública.

Antes de la presentación de la denuncia, Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia del 7 de octubre que la fiscal le había informado que no existía una investigación contra López Beltrán. Sobre otras personas, señaló que corresponde a la FGR informar.