Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Gobierno de México al calificar al país vecino como el centro neurálgico del crimen organizado transnacional y exigirle acciones inmediatas para frenar la violencia.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, aseveró de manera categórica el mandatario estadounidense ante los líderes mundiales congregados en la sede del organismo internacional.

“Inaceptable compartir dos mil millas de frontera”

Durante su discurso, el jefe de Estado estadounidense arreció el tono respecto a la seguridad limítrofe, señalando que la situación actual representa un riesgo inaceptable para la soberanía y estabilidad nacional de su país.

Trump fue enfático al describir la condición operativa de las agrupaciones delictivas en suelo mexicano y la postura de la Casa Blanca frente al tema:

“Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de dos mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. México debe recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad”, sentenció.

Las declaraciones vertidas en el foro multilateral reavivan las tensiones diplomáticas en materia de seguridad fronteriza, combate al tráfico de sustancias sintéticas y cooperación bilateral

Morena presentó una denuncia contra el gobernador de Nuevo León y sus familiares por presuntos delitos relacionados con recursos públicos.

Morena denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a Samuel García y su familia por una presunta triangulación de 1,400 millones de pesos.

La acusación también incluye a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León.

Además, señala a Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario, y a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador.

La denuncia involucra a Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno, y a su primo Eric Peñalver Serna.

Los denunciantes piden investigar posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alejandro Murat, senador de Morena y delegado del partido en Nuevo León, encabezó la presentación del documento.

También participó René González Hernández, secretario general de la Comisión Estatal Electoral de Morena.

La misma acusación había sido presentada ante la Fiscalía General de la República durante mayo.

¿Cómo habría operado la presunta triangulación?

Según la denuncia, recursos públicos salieron del Gobierno estatal mediante pagos realizados a proveedores contratados por la administración.

Posteriormente, una parte del dinero habría llegado al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

El negocio pertenece a Samuel García y a su padre, de acuerdo con la información presentada por los denunciantes.

La acusación sostiene que algunos proveedores del Gobierno estatal habrían funcionado como intermediarios para trasladar los recursos.

En términos simples, la supuesta triangulación habría utilizado varias operaciones para dificultar el seguimiento del dinero público.

Morena pidió dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear las operaciones y transferencias relacionadas con el despacho.

Los denunciantes presentaron copias de una investigación periodística, pero no mostraron públicamente pruebas adicionales sobre las operaciones señaladas.

Samuel García aseguró que está dispuesto a ser investigado y afirmó que las acusaciones forman parte de un asunto anterior.

El gobernador sostuvo que una investigación previa concluyó que no existió daño al patrimonio estatal.

La Fiscalía Anticorrupción deberá revisar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.

Hasta ese momento, los delitos mencionados constituyen señalamientos y no responsabilidades comprobadas mediante una sentencia

La incapacidad del régimen de la Cuarta Transformación para frenar el financiamiento del crimen organizado queda al descubierto tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el papel de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para asfixiar la red económica de los cárteles ante la evidente omisión de las autoridades federales mexicanas.

El embajador Ronald Johnson explicó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ayudan a enfrentar a los grupos delictivos en distintos frentes que el gobierno morenista ha sido incapaz de desmantelar por cuenta propia. Los cárteles operan en múltiples frentes y las medidas implementadas desde Washington buscan actuar contra toda la red criminal para obligar a rendir cuentas a quienes ayudan a estas organizaciones a operar con total impunidad en territorio nacional, según detalló el diplomático estadounidense a través de su cuenta en la red social X.

Esta intervención extranjera pone en evidencia la falta de una estrategia fiscal y financiera sólida por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para golpear el patrimonio de los criminales. Las medidas implementadas por el organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense pretenden frenar el dinero hacia los cárteles mediante la sanción directa a los líderes de las organizaciones que dirigen y supervisan las operaciones ilícitas, los traficantes de armas, personas y drogas, quienes lavan y mueven ganancias ilícitas en el sistema financiero, los financiadores que proporcionan capital y servicios financieros, las empresas fachada y negocios que ocultan la propiedad y encubren actividades ilícitas, así como los facilitadores que proporcionan apoyo logístico o técnico.

El dinero ilícito deja un rastro que revela las conexiones dentro de la red, evidenciando los vacíos institucionales que permiten la colusión y la tolerancia oficial hacia estos grupos en México, mientras las autoridades nacionales simulan acciones efectivas.

Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una sanción, los bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense o en posesión de ciudadanos y entidades de ese país son bloqueados de manera inmediata, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar negocios o transacciones con las personas sancionadas, las entidades que sean propiedad en un cincuenta por ciento o más de personas bloqueadas también sufren el mismo castigo y todo el entramado financiero del crimen organizado sufre un debilitamiento severo.

Estas acciones demuestran que el régimen de Morena depende de la presión y la inteligencia extranjera para obstaculizar el acceso del crimen organizado al dinero, los negocios y el sistema financiero que requieren para continuar con sus operaciones delictivas a lo largo del país.

Durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, el embajador Ronald Johnson aseguró que Estados Unidos y México irán por la red financiera de los cárteles, destacando que desde el primer día para el presidente Donald Trump ha sido una prioridad desmantelar toda la infraestructura de los cárteles y las organizaciones narcoterroristas a través de la cooperación bilateral.

Atacar los recursos financieros de las organizaciones criminales representa golpear el corazón de sus operaciones para arrebatarles la capacidad de reorganización, lo que simultáneamente implica combatir la corrupción gubernamental que perjudica a los ciudadanos, genera profundos niveles de inseguridad, ahuyenta la inversión privada y facilita la impunidad de las redes criminales bajo la administración actual. El Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST funciona como un mecanismo de cooperación bilateral enfocado en rastrear, conectar y desmantelar las redes financieras y de lavado de dinero que el gobierno mexicano ha solapado históricamente bajo el discurso oficial de la simulación.