Nacionales
Se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Este jueves 26 septiembre se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la madrugada del 26 de septeimbre de 2014.
Se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Desde entonces sus familias y la sociedad, así como organismos nacionals e internacionales no han dejado de exigir justicia mientras que autoridades mantienen la investigación sin que hasta el momento se conozca el paradero de los normalistas y la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos.
Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el grupo criminal Guerreros Unidos habría secuestrado a los estudiantes y quemarlos en el basurero de Cocula, ubicado en el municipio de Iguala, Guerrero.
“La Verdad Histórica”
Cabe recordar que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, viajaban en al menos cuatro autobuses que secuestraron en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre –matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968–.
Sin embargo, la noche del 25 de septiembre y madrugada del 26 de septiembre de 2014, los Guerrero Unidos atacaron a balazos a los normalistas, asesinaron, persiguieron, secuestraron y desaparecieron.
De acuerdo con la información, elementos del Ejército y de la Policía Municpal de Iguala, estuvieron involucrados.
No obstante, dicha versión la refutó el el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Misma que reveló que se tratp de un “crimen de Estado” y que hubo encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías federales, estatales y locales.
Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón
Así como a funcionarios de alto nivel del entonces gobierno de Peña Nieto y que algunos de ellos tienen un puesto dentro del gobierno de López Obrador.
Hasta el momento el funcionario de más alto rango que enfrenta un proceso por el caso es el exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, detenido el 19 de agosto de 2022, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, pues es señalado de obstruir las investigaciones para esclarecer los hechos.
En tanto, otro de los personajes clave es Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tiene dos órdenes de aprehensión por tortura a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos apodado “El Cepillo”.
El exjefe de AIC se encuentra prófugo de la justicia mexicana y está refugiado en Israel, pero al no existir un trato de extradición entre México y aquel país, no puede ser deportado a territorio mexicano.
Además, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, es uno de los detenidos más relevantes del caso, es señalado como líder de Guerreros Unidos, capturado en septiembre de 2015.
Pero quedó en libertad en 2019 y posteriormente se volvió testigo protegido de la Fiscalía, presuntamente bajo el seudónimo de “Juan”. El pasado 5 de septiembre lo recapturaron sin que las autoridades precisarán bajo qué cargos.
Militares señalados de la desaparición de los 43 normalistas
También, el Ejército está señalado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en enero de 2015 para colaborar en las indagatorias en paralelo con autoridades, apuntó en su último informe del caso, en julio de 2023, a la colusión de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico como responsables directos del caso.
Además, el GIEI acusó a los militares de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes y la falta de cooperación para esclarecer los hechos.
El GIEI recopiló documentos provenientes de la Sedena que demuestran la existencia de un centro de inteligencia del Ejército en el municipio de Iguala que interceptaba comunicaciones de Guerreros Unidos en la zona.
De acuerdo con el Centro ProDH, sólo tres elementos de la Sedena están en prisión, de los 14 detenidos presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.
Se trata del capitán José Martínez Crespo y los sargentos Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
El general José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, era el militar de mayor rango detenido por su presunto vínculo con Guerreros Unidos y por haber ordenado el asesinato de 6 de los 43 desaparecidos.
Sin embargo, en julio de este año salió de prisión luego de obtener el beneficio de libertad condicional y tras pagar una fianza de 50 mil pesos para seguir su proceso en libertad.
¿AMLO protege al Ejército?
El presidente López Obrador entregó el pasado 8 de julio un reporte personal a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Donde reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición por la omisión y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ por parte de funcionarios.
Al tiempo que indicó que los señalamientos que apuntan al Ejército mexicano sólo buscan debilitar a esa institución.
Los padres de los normalistas, diversos activistas y expertos han señalado que los militares tienen respaldo del Gobierno y de la Sedena a pesar de los cargos que hay sobre ellos.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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