Veracruz, Ver.- Tras el altercado suscitado con el personal de seguridad de la gobernadora Rocío Nahle García, Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de niños con cáncer del Hospital Infantil, lanzó un contundente reto a la mandataria estatal: «Si ella demuestra que no soy madre de un hijo con cáncer me retiro como vocera, pero si no lo demuestra, que ella se retire de la gubernatura».

La declaración surge luego de la tensión generada cuando Rodríguez intentó abordar a la gobernadora para dialogar sobre la crisis hospitalaria en Veracruz, encuentro en el que, según la activista, fue agredida por elementos de seguridad y donde se puso en duda su condición como madre de un paciente oncológico.

¡𝐔𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞! 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐧𝐜𝐞𝐫

Le espetó la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle a Cora de Jesús, una de las madres que han reclamado la falta de materiales y de medicamentos oncológicos para niños en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
La madre, quería hablar con la gobernadora, pero una escolta de Nahle le impidió el paso. Es la misma escolta que ha agredido a reporteras en entrevistas.
En ese recorrido no dejaron pasar a periodistas, tal vez porque ya preveían lo que ocurrió.

— Marco Antonio Aguirre (@marcoaguiro) October 8, 2026

Rodríguez detalló ante medios de comunicación que su hijo Rosendo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica tipo B en 2018 y actualmente continúa bajo estricta vigilancia médica. «Me rebelé porque dije lo que está pasando», aseveró, descartando que su exigencia tenga un trasfondo político y recordando que su lucha comenzó con la demanda de una campana citotóxica y la denuncia por la falta constante de medicamentos en la Torre Pediátrica.

Cuestiona informe de abasto y anuncia denuncias

La vocera también desestimó el reporte de abasto de medicamentos presentado por Nahle tras su recorrido por el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. De acuerdo con Rodríguez, los insumos fueron enviados apenas unas horas antes de la visita oficial, y aseguró que el desabasto persiste en las instalaciones.

Aunado a esto, denunció que durante la visita se le prohibió la entrada al hospital y sufrió intimidación por parte de la escolta de la gobernadora para que abandonara el sitio. Ante estos hechos, adelantó que procederá legalmente e interpondrá quejas ante las comisiones de derechos humanos correspondientes.

Finalmente, Cora de Jesús Rodríguez criticó la actitud de la gobernadora frente a las demandas ciudadanas. «No está por su bonita cara, está porque la gente votó por ella; como gobernadora y servidora pública debió atenderme y escucharme, no tratarme como lo hizo», sentenció.

#Columna

Por Alexandro Vazquez Loyo

El periodista Luis Chaparro, del medio PiedeNota, ha lanzado una aseveración que sacude la política veracruzana: Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recientemente detenido en Jalisco, tenía en su nómina a José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Hasta el momento, estas afirmaciones derivan de versiones y señalamientos en la prensa política regional; es decir, no existe constancia pública de una investigación o expediente ministerial que haya establecido una responsabilidad legal. Sin embargo, en el ámbito político, el silencio no es una opción.

Pero, vamos por partes: ¿Quién es José Luis Peña Peña?
Ingeniero mecánico de profesión, desarrolló la mayor parte de su carrera técnica en Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante años laboró en el Complejo Químico Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde alcanzó el cargo de subjefe de mantenimiento. En este entorno corporativo, su trayectoria estuvo marcada por interpretaciones contradictorias: fuentes cercanas a la paraestatal señalan que, durante su tiempo como empleado de planta, enfrentó revisiones por parte de la Contraloría debido a presuntas solicitudes de dinero e irregularidades administrativas.

Más tarde, ya bajo el cobijo de Morena, su perfil público dio un giro. Los señalamientos en su contra apuntaron hacia presuntos negocios con la criminalidad organizada y la intermediación en jugosos contratos. A esto se suman las graves acusaciones de haber ocultado una cuantiosa fortuna mediante prestanombres familiares y de exportar, en presunta alianza con su esposa, sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales. Por si fuera poco, se le acusa de que, tras el arribo de Nahle a la gubernatura, consolidó alianzas con el llamado Grupo Sombra a través de Eric Domínguez, el hoy flamante titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

El patrimonio bajo la lupa de la FGR

La narrativa en torno a Peña Peña adquirió una dimensión legal más compleja en abril de 2024, cuando el empresario Arturo Castagné Couturier presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de él y de Rocío Nahle. Los delitos imputados incluyen:

• Corrupción
• Uso ilícito de atribuciones o facultades
• Enriquecimiento ilícito

Según la denuncia, la pareja habría adquirido -de manera desproporcionada respecto a sus ingresos oficiales- al menos cuatro propiedades en Veracruz, Nuevo León y Tabasco. El punto de mayor escrutinio ha sido la supuesta titularidad de una lujosa residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento El Dorado Residencial y Marina, en Boca del Río, además de otros inmuebles de alto valor.

Hoy, el escenario se torna aún más oscuro con la captura de «El Tanque». Identificado como cofundador y líder regional del CJNG en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, su figura ya había sido vinculada a Peña Peña en diversas columnas políticas locales (como las de la periodista Claudia Guerrero Martínez).

Frente a la brutal gravedad de este escándalo, Rocío Nahle ya no puede escudarse en el silencio ni en su investidura. Es imperativo que rinda cuentas y responda de frente, sin titubeos ni rodeos:

• ¿Cobró o no su esposo en la nómina criminal de “El Tanque”?

• ¿Conoce a este líder delincuencial?

• ¿Existió algún pacto, sociedad financiera o trato personal con él?

Veracruz ya no tolera un solo sermón más sobre la falsa pureza moral de la «transformación». La ciudadanía no está pidiendo favores; exige la verdad desnuda.

Y dado que el señalado comparte techo con la titular del Ejecutivo estatal, el mutismo de la Fiscalía General de la República resulta indefendible. La FGR está obligada a romper su letargo y transparentar, de manera inmediata, si el esposo de la gobernadora es o no sujeto de investigación por estos nexos. El encubrimiento institucional es inaceptable.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

El TEV falló a favor de la regidora Mariel López López, quien denunció el bloqueo de información sobre adjudicaciones directas en la administración del alcalde Jorge Ignacio Luna.

Coatepec, Ver.- La administración municipal de Coatepec, presidida por el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández, enfrenta un mandato legal por falta de rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó a la Tesorería Municipal entregar documentación clave sobre compras y contrataciones a la Regidora Sexta, Mariel López López, tras confirmar la vulneración a su derecho de petición.

En sesión resolutiva celebrada el pasado 30 de septiembre, el pleno del TEV emitió un fallo definitivo unánime dentro del expediente TEV-JDC-445/2026. La sentencia declara fundado el agravio de la edil e instruye formalmente al Tesorero Municipal a emitir respuestas fundadas, motivadas y congruentes a sus requerimientos, restituyendo así sus facultades de fiscalización.

El conflicto legal se originó ante el bloqueo de los oficios MCV/R6/0002/2026 y MCV/R6/0003/2026, mediante los cuales la regidora solicitó información financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Entre los documentos exigidos a la Tesorería se encuentran:

• Reglas de asignación: Topes de contratación y montos mínimos aprobados para adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a tres proveedores, incluyendo las fechas y números de gacetas oficiales de su publicación.

• Auditoría de compras: Copias certificadas de cada expediente de contratación, adjudicación de servicios y adquisición de bienes muebles e inmuebles realizados desde el 1 de enero hasta la fecha.

“Bloquear información de recursos públicos es corrupción”, declaró la edil tras conocer la sentencia firme del tribunal. López López advirtió que el ocultamiento de contratos no es un caso aislado ni exclusivo de la Tesorería, sino un patrón reiterado de la actual administración.

Este mandato judicial se suma a críticas previas dirigidas directamente al alcalde Ignacio Luna por restringir el escrutinio público. Anteriormente, la misma regidora cuestionó la falta de transparencia del gobierno municipal al negarse a rendir cuentas sobre los gastos generados durante la Feria Nacional del Café 2026.