La implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas en México continúa generando debate entre usuarios, abogados y especialistas en privacidad digital. La medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) busca reducir delitos como la extorsión mediante la vinculación de cada número celular con datos personales de sus propietarios.

Sin embargo, a casi dos meses de concluir el plazo oficial, millones de líneas aún no han sido registradas. Además, crece el interés por mecanismos legales como el juicio de amparo y alternativas tecnológicas como las eSIM extranjeras para evitar la vinculación de datos.

CRT reporta bajo avance en el registro de líneas telefónicas

La medida entró en vigor el 9 de enero de 2026 y estableció como fecha límite el próximo 30 de junio. No obstante, la CRT informó que únicamente se han registrado 30.2 millones de líneas, equivalente a cerca del 20 por ciento de las más de 144 millones de líneas activas en México.

Desde el anuncio oficial, usuarios en redes sociales expresaron preocupación por la obligación de asociar su número telefónico con datos personales como la CURP. Incluso, algunos ciudadanos comenzaron a buscar alternativas legales para no cumplir con el registro obligatorio.

El amparo, principal vía legal contra el registro telefónico

El abogado José Mario de la Garza explicó que inicialmente existió un plazo de 30 días hábiles para promover amparos contra los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025.

Aunque ese periodo concluyó el 21 de enero de 2026, el especialista aseguró que todavía existen mecanismos legales mediante el llamado “acto de aplicación”. Esto ocurre cuando una autoridad confirma formalmente que una persona está obligada a registrar su línea telefónica.

En ese escenario, el usuario puede iniciar un nuevo juicio de amparo argumentando posibles afectaciones a derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

Otra posibilidad consiste en esperar a que expire el plazo oficial y posteriormente impugnar la suspensión de la línea telefónica. Según explicó De la Garza, ese momento podría considerarse una aplicación directa de la norma y abrir nuevamente la puerta al amparo.

El abogado sostiene que el combate a la extorsión no justifica una intervención generalizada sobre la privacidad de millones de personas. Además, consideró que el problema de seguridad pública requiere fortalecer fiscalías y políticas criminales, más allá de la creación de bases de datos.

Temor por ciberataques y filtración de datos

Uno de los principales motivos de rechazo entre los usuarios es el riesgo de filtraciones o ataques informáticos. La preocupación aumentó debido a antecedentes de presuntos ciberataques contra instituciones mexicanas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, la empresa Sophos reveló en una encuesta de 2025 que el 45 por ciento de los ataques de ransomware en México ocurrió por vulnerabilidades en los sistemas de seguridad.

El informe también indicó que una parte importante de las organizaciones afectadas reconoció no contar con el personal o los conocimientos suficientes para detectar amenazas a tiempo, situación que incrementa la desconfianza ciudadana sobre el manejo de información sensible.

Cuánto cuesta tramitar un amparo

El abogado Everardo Maldonado Castillo explicó que una nueva ventana legal comenzará el 1 de julio de 2026, justo después del vencimiento del plazo oficial de registro.

A partir de esa fecha, los usuarios tendrán 15 días para presentar recursos legales bajo el argumento de vulneración a derechos protegidos por la Constitución mexicana, particularmente los relacionados con protección de datos personales.

El especialista detalló que un proceso de amparo puede tardar entre seis meses y un año. Además, los costos aproximados oscilan entre 15 mil y 30 mil pesos mexicanos, dependiendo del despacho o abogado que lleve el caso.

SCJN ya declaró inconstitucionales registros similares

Los especialistas recuerdan que existen antecedentes relevantes en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional tanto el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en 2009 como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2021.

En ambos casos, el máximo tribunal consideró que las medidas representaban riesgos para la privacidad y la protección de datos personales. Además, concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar una reducción efectiva de delitos como la extorsión o el secuestro.

eSIM extranjeras, la alternativa que gana popularidad

Ante el rechazo al registro obligatorio, algunos usuarios comenzaron a adquirir eSIM extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Esta tecnología permite utilizar números internacionales sin necesidad de una tarjeta SIM física.

No obstante, expertos advierten que esta opción también presenta desventajas. Entre ellas destacan costos más elevados, periodos limitados de funcionamiento y posibles incompatibilidades con aplicaciones bancarias o servicios gubernamentales mexicanos.

Además, la CRT adelantó que analiza nuevas regulaciones para controlar el uso de líneas extranjeras en territorio nacional. Las adecuaciones podrían implementarse después de la Copa Mundial de Futbol 2026.

CRT descarta almacenamiento de datos biométricos

Otra de las dudas frecuentes entre la población es si el gobierno almacenará datos biométricos de los usuarios. Sin embargo, la CRT aseguró que las empresas telefónicas únicamente recopilarán información básica como nombre, CURP y número celular.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, las compañías tienen prohibido almacenar huellas dactilares, reconocimiento facial, fotografías o copias de identificaciones oficiales. Asimismo, deberán implementar medidas técnicas y administrativas para proteger la información contra accesos no autorizados.

La presidenta de la CRT, Norma Solano, explicó que las autoridades solo podrán solicitar datos a las empresas cuando exista una investigación relacionada con la comisión de un delito.

Crece la resistencia al registro obligatorio

La CRT lanzó el 20 de abril una campaña nacional para acelerar el registro de líneas telefónicas. Según cálculos oficiales, sería necesario registrar alrededor de 1.5 millones de líneas por día para alcanzar la meta antes del 30 de junio.

No obstante, especialistas consideran poco probable cumplir con ese objetivo. Incluso, algunos abogados anticipan una posible “resistencia civil” por parte de ciudadanos inconformes con la medida y preocupados por la protección de sus datos personales.