El diputado federal Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, exigió que en el presupuesto 2025 se destinen más de 50 mil millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país.

El legislador citó que en los últimos seis años se ha olvidado al sistema carretero y por eso el deterioro actual. «El problema en las carreteras de nuestro país es un tanto trágico, tenemos casi un millón de transportistas o vehículos de carga pesada circulando por el país y no lo pueden hacer en estas carreteras sin tener problemas por el estado de las mismas a lo cual agrega el tema de la inseguridad», expresó.

Pérez dijo en rueda de prensa en la Cámara de Diputados que 11 mil millones de pesos del rubro carretero para este año fueron re dirigidos a la construcción del Tren Maya.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expuso que de cara a la discusión del presupuesto para el 2025, es apremiante destinar una partida importante al mantenimiento y rehabilitación de la superficie de rodamiento para fortalecer el flujo de mercancías en el país y garantizar que no haya pérdida de vidas humanas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados informó que la discusión del dictamen de la reforma constitucional sobre la extinción de los organismos autónomos se realizará la próxima semana.

El oficialismo desde las cámaras legislativas busca eliminar siete órganos autónomos, entre ellos el INAI, la Cofece y el IFT, por lo que este miércoles se realizará la discusión del dictamen, pero los diputados decidieron aplazarla hasta la próxima semana.

El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que los diputados oficialistas de Morena no bajaron el dictamen, sólo lo postergaron una semana más.

“Ayer se nos aclaró, por el presidente de la Mesa Directiva, que lo van a pasar al próximo miércoles, es decir, no lo bajaron para siempre, lo van a pasar para el próximo miércoles. Es un dictamen con muchos defectos”, explicó Moreira.

El primer organismo que se busca desaparecer por órdenes de Andrés Manuel López Obrador es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

También se busca desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Por último la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), quedando sus funciones a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ángel “N”, conocido como “El Tony”, es acusado de ser el líder de un grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana, Baja California.

Ángel “N”, conocido como “El Tony” y señalado como líder de una célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, fue arrestado durante un operativo de cateo realizado con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal obtuvo la autorización judicial para ejecutar una Orden Técnica de Investigación en una propiedad ubicada en la colonia El Pípila, en la delegación Presa Rural de Tijuana.

Con el respaldo del personal de la Defensa, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brindaron seguridad periférica durante el cateo realizado el 12 de noviembre, para resguardar al personal ministerial.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Ángel “N”, quien según las investigaciones, es miembro de una célula del Cártel de Sinaloa y uno de los principales responsables de la violencia en la región.

Junto con “El Tony”, fueron arrestadas tres personas más. Durante el operativo, se les aseguraron dos armas de fuego, tres vehículos, dos cargadores, 75 cartuchos y un inmueble.

Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se determine su situación jurídica y se continúe con la investigación.