#Columna

El pasado sábado 25 de julio se cumplieron dos años de que se instaló el terror extremo en el estado de Sinaloa.

Sí, 24 meses de vivir día a día en medio de una de las mayores olas de violencia que se recuerde en todo el país.

Años en los que en todo el estado no existieron los gobiernos municipales, tampoco el gobierno estatal y menos el federal.

Una intolerable ingobernabilidad que ha costado casi cuatro mil vidas y un número similar de desaparecidos, sólo en Sinaloa y sus principales municipios en donde hoy, la única ley es “la ley de la selva”.

Años y meses en los que la vida cotidiana se desarrolló en medio de impensables atrocidades; de la brutalidad del crimen organizado y que obligó a muchos sinaloenses a vivir en el resguardo de sus viviendas, si no contaban con la alternativa de abandonar “el terruño”.

Pero, además, 24 meses que llevaron a la quiebra a la economía estatal, en medio de la indiferencia federal que, también por años, prefirió solapar a los políticos locales que –por pura casualidad–, hoy son señalados por el gobierno norteamericano como parte de una mafia que amalgama a los cárteles criminales con la política y que todos conocen como Partido Morena.

Una historia que comenzó el 25 de julio del 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos, en complicidad con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo que desató “una guerra a muerte” entre los antiguos socio.

Historia que también cobró la vida del diputado Héctor Melesio Cuén, cuyo crimen pretendió ser ocultado por el gobierno estatal, que intentó hacerlo pasar como un asalto fallido, cuando en realidad fue parte del terror desatado desde entonces.

Sí, una guerra declarada entre las dos facciones que fracturaron al llamado “Cártel de Sinaloa” y que ha producido incontables atentados, algunas de las peores masacres, secuestros, incendios deliberados y “el horror de un infierno” que parece no tener fin.

Un horror no sólo impensable, sino intolerable e imparable que sólo se entiende por la complicidad de los gobiernos de Morena –en sus tres órdenes de gobierno–, y por una deuda histórica de los dueños del partido oficial mexicano, con quienes no sólo financiaron su nacimiento, sino las elecciones que hicieron posible su llegada al poder.

Pero la escandalosa complicidad entre el partido oficial y los más poderosos cárteles criminales, además de la aterradora violencia desatada en Sinaloa a causa de la disputa entre las facciones dominantes –“Chapitos” y “Mayiza”–, rebasó rápidamente las fronteras y alarmó al vecino del Norte.

Por eso, en los últimos días de abril del 2026, el mundo se enteró que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump, reveló una lista de políticos sinaloenses presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa.

El primero en la lista era nada menos que el gobernador Rubén Rocha Moya, además del alcalde Juan de Dios Gámez, el Senador Enrique Inzunza y el ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, entre otros.

El escándalo fue tal que el gobierno federal ordenó el retiro del cargo de los señalados, a quienes de manera increíble también se les brindó protección militar. Hasta hoy muchos de ellos son “Los Intocables”.

Lo simpático del asunto es que nada de lo ocurrido en Sinaloa es novedad para los lectores del Itinerario Político. ¿Por qué? Porque en la entrega del 13 de octubre del 2020, titulada: “El crimen organizado hará el fraude en 2021”, exhibí las pautas de la “narco-elección” por venir.

Así lo dije: “La contienda electoral del 2021 –a ocho meses de distancia–, podría ser la elección en la que participen, con mayor intensidad, los tentáculos del crimen organizado.

“Y es que hoy las bandas criminales son parte pública de la vida nacional; son dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en congresos locales, en el Congreso de la Unión, y hasta son amigos del presidente y de no pocos de sus secretarios de despacho, quienes no solo “los dejan trabajar a sus anchas” sino que los liberan cuando son capturados, como el caso emblema de Ovidio Guzmán, motejado como “El Chapito”, liberado por orden presidencial.

“Por eso, hoy la pregunta no es si los “barones del crimen” participarán en las elecciones del 2021. No, la interrogante es otra: ¿A favor de qué partido político jugarán sus cartas las bandas criminales?

¿Pero que creen? Que también es cierto que la respuesta anterior todos la conocen. Sí, resulta que las principales bandas criminales jugarán a favor de no pocos de los candidatos del partido oficial, de Morena, aliados con gobiernos estatales y municipales, pero, sobre todo, aliados del gobierno federal… Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)

La mayor tragedia es que en las elecciones federales, estatales y municipales del 2027 se repetirá la historia de las “narco-elecciones”.

Por eso las preguntas: ¿Hasta cuándo el Estado mexicano asumirá su verdadera responsabilidad? ¿Hasta cuándo Sinaloa y los sinaloenses vivirán en paz? Al tiempo.

ITINERARIO/ RICARDO ALEMÁN 

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, inició un recorrido casa por casa para visitar las 170 secciones electorales que integran el Distrito Federal 6 en el estado de Tabasco, buscando consolidar sus aspiraciones rumbo a una diputación federal para los comicios de 2027.

Durante sus primeras actividades públicas de carácter territorial realizadas el pasado fin de semana, el exsecretario de Organización de Morena visitó comunidades de los municipios de Tacotalpa, Teapa, Centro y Jalapa, reiterando que su estrategia política se mantendrá cercana a la ciudadanía bajo los principios de humildad y contacto directo con la población.

Estrategia territorial y aspiraciones partidistas

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, confirmó que el hijo de AMLO se perfila hasta el momento como el único militante registrado con interés formal para competir por la coordinación distrital en esa demarcación. No obstante, las dirigencias partidistas aclararon que los procesos internos se ajustarán estrictamente a los tiempos establecidos en la convocatoria oficial, cuyo periodo de registro inicial para coordinaciones federales arrancó formalmente este mes de agosto.

Ante las críticas emitidas por partidos de oposición respecto a la presencia anticipada de figuras políticas en el territorio tabasqueño, los aspirantes firmaron cartas de deslinde preventivo para asumir la responsabilidad individual ante cualquier posible infracción a la normatividad electoral vigente. Las autoridades del partido guinda subrayaron que las actividades proselitistas deben conducirse dentro del marco legal establecido por las instituciones electorales mexicanas.

Proyección política y continuidad del movimiento

La incursión formal de Andrés Manuel López Beltrán en los procesos de representación popular marca un nuevo capítulo en la presencia pública de la familia del exmandatario AMLO dentro de la estructura legislativa nacional. Analistas políticos señalan que la elección del Distrito 6 en Tabasco representa una plaza estratégica para medir la fuerza territorial del partido oficialista en el sureste del país de cara a las próximas elecciones federales intermedias.

Mientras avanzan los recorridos comunitarios y se publican las convocatorias definitivas para los cargos de elección popular, la militancia local mantiene la expectativa sobre la consolidación de las candidaturas que conformarán la plataforma electoral del movimiento en la entidad.

Esta semana la consejera jurídica Luisa María Alcalde se echó a la prensa y los políticos de oposición, como pocas veces, en su contra. De acuerdo con el Gobierno Federal, se pondrá a consulta los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias y sanciones a quienes violen lo establecido en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Entre las audiencias se contemplan a concesionarios de radio y televisión, e incluso la autollamada Cuarta Transformación revisarán si tal regulación debe extenderse a plataformas digitales y a la prensa escrita. Para nadie es una sorpresa que las redes sociales, columnas de opinión y todo tipo de conductores bautizaron a la propuesta legislativa como Ley Censura.

Lo anterior no le gustó a la Presidencia de la República, por lo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó que se hará una consulta pública que se llevará a cabo del 27 de julio al 21 de agosto. «Para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general», indicó Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, en medio de todo este asunto, con versiones sólidas en dos bandos perfectamente definidos, en la oposición recuerdan un nombre vinculado a la defensoría de las audiencias: Lenin Martell Gámez. Se trata de un funcionario federal titular de ese cargo dentro del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano.

Para quienes lo conocen, Martell no es más que un alfil de Jenaro Villamil, el amo y señor de SPR, el cual fue tristemente célebre en enero de este año cuando dio la cara como responsable de la no emisión de una entrevista al político conservador Eduardo Verástegui que realizó la periodista Sabina Berman para Canal 14 (cuya programación forma parte de SPR).

Los argumentos que en ese momento dieron las autoridades federales a través de Martell fueron tan confusas que no hubo un acuerdo sobre si se hizo lo correcto simplemente se amplificó el mensaje xenófobo, sexista y religioso de Verástegui Córdoba. En lo que sí estuvieron de acuerdo los especialistas en comunicación fue en la censura previa.

Y es precisamente a este concepto al que acuden los integrantes de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República cuando esta redacción los consultó a cambio de reservar sus identidades. Censura previa: la legislación que prepara el Ejecutivo Federal y que va a poner a consulta promueve la censura previa.

De acuerdo con los legisladores federales, el antecedente de Verástegui sin una defensoría fuerte y punitiva como la que se promueve desde la Presidencia de la República prende las alertas para quienes ejercen su libertad de expresión y para quienes ejercen la libertad de prensa. Con un abogado a discreción, los Villamil de los medios privados tendrían un margen de acción muy grande.

Lo paradójico de la situación, cuya emergencia es vital para la existencia actual de los medios de comunicación en México, es que con un deseo enorme de protagonismo es Alcalde Luján quien se dedica a definir lo que es verdad y lo que es mentira en su programa Derecho de Réplica. De aprobarse la nueva legislación para los medios, ¿la Consejería Jurídica influiría en la percepción del buen o mal trabajo de los colegas como para decidir que una entrevista a un rival del régimen no debe transmitirse en los medios públicos?